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Época II - Año XIV
Edición Nº 4189
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  Contraportada 16/10/2010
La conexión ‘Caracas’
Laura Martí (Elsemanaldigital.com)
 
P OCOS ciudadanos dudan ya de la connivencia entre el régimen de Hugo Chávez y la banda terrorista ETA.

El magistrado de la Audiencia Nacional Eloy Velasco tuvo en el mes de marzo indicios manifiestos de la cooperación del Gobierno de Venezuela en la alianza de los grupos terroristas ETA y FARC y, en especial, del activista vasco Arturo Cubillas Fontán, actual director adscrito a la Oficina de Administración y Servicios del Ministerio de Agricultura y Tierras de Venezuela, al que la Policía española acusa de tres asesinatos durante su pertenencia al comando "Oker" de ETA: los del ciudadano francés Joseph Couchot, cometido el 16 de noviembre de 1984 en Irún; el de Ángel Facal Soto, perpetrado el 26 de febrero de 1985 en Pasajes (Guipúzcoa); y el del policía nacional Máximo García Kleinte, ocurrido en San Sebastián el 15 de mayo de 1985, tras lo cual huiría a Francia, siendo detenido y deportado a Argelia, pasando en 1989 a Venezuela. Allí reside cómodamente desde entonces, junto a su mujer, Goizeder Odriozola, actual directora General de la Dirección del Despacho de la Presidencia de la República, cargo de confianza del Ejecutivo de Chávez.

Es manifiesto que ETA y las FARC mantienen vínculos desde principios de los noventa, formalizándose su relación en 1999 gracias al apoyo del Gobierno venezolano. En 1993, un documento intervenido a ETA calificaba de "muy interesante" el encuentro mantenido por el que fuera tesorero de la Mesa Nacional de HB Jokin Gorostidi "Haritza", con un comandante de las FARC. Pero no fue hasta noviembre de 1999 cuando la dirección de la banda vasca decidió el establecimiento de relaciones oficiales con la organización terrorista colombiana. El objetivo de ETA era "exportar al extranjero sus tácticas y técnicas en la causación de terror y aprender experiencias ajenas igualmente en ese ilícito campo", según el auto de procesamiento del juez Velasco, que señalaba además a José Ángel Urtiaga Martínez como el primer interlocutor con las FARC, siendo sustituido poco después por José Miguel Arrugaeta San Emeterio, de quien se sospecha que ahora reside en Cuba.

Un miembro de las FARC detenido en 2002 aseguró que había asistido a un curso de adiestramiento en electrónica y explosivos impartido por una persona que a su vez lo habría recibido fuera de Colombia por miembros de la organización terrorista ETA, algunos de cuyos dirigentes prosiguieron en 2003 con los cursillos en campamentos de la guerrilla colombiana. El propio Cubillas, al que Velasco señala como responsable del colectivo de ETA en esa zona de América, propició que en los campamentos de las FARC comenzaran a fabricarse granadas que serían posteriormente empleadas por ETA en su atentado contra el cuartel del Ejército en Aizoain (Navarra) el 18 de octubre de 2003. A cambio de su colaboración, las FARC pidieron ayuda a ETA para localizar en España a potenciales objetivos, como los ex presidentes colombianos Andrés Pastrana y Álvaro Uribe o la embajadora Noemí Sanín.

El hecho de que Chávez concediera la nacionalidad a cuatro etarras a finales de 2006 para evitar su extradición a España provocó un conflicto entre los dos países. Los terroristas -Lorenzo Ayestarán, Ángel Aldana, Jesús Urteaga y Eugenio Barrutiabengoa- estaban acusados de delitos de sangre, por lo que el Gobierno español se quejó formalmente, consiguiendo evitar esta medida junto con la pretensión de las autoridades venezolanas de indemnizar con más de 300.000 euros a dos etarras que habían sido extraditados años antes.

Otra manifestación de la implicación del régimen de Chávez tendría lugar en 2007, cuando ETA impartió cursos en la selva venezolana sobre el uso de explosivos a miembros de las FARC a los que los participantes fueron "con el conocimiento y la compañía de una persona que vestía chaleco con escudo de la DIM (Dirección de Inteligencia Militar de Venezuela) y de un vehículo escolta con militares venezolanos", según el auto del juez Velasco. Cubillas aparece de nuevo como organizador de los cursos, que fueron continuados por otros igualmente impartidos por miembros de ETA.

No es extrañar, pues, la confesión de los presuntos etarras Juan Carlos Besance y Xavier Atristain, detenidos el pasado 29 de Septiembre en Guipúzcoa, que reconocen haber viajado en 2008 a Venezuela para realizar un curso de armas, donde fueron recibidos por Cubillas.

A pesar de los tibios desmentidos del embajador de Venezuela en España, Isaías Rodríguez -que llegó a insinuar nada menos que los detenidos habían sido torturados por la Policía española antes de confesar- y de las acostumbradas bravatas de Hugo Chávez en la cadena estatal de televisión negando cualquier vinculación con ETA, los hechos hablan por sí mismos. Amén de la cada vez más abundante documentación intervenida en Francia y Colombia que así lo avala, es innegable que Venezuela se ha convertido en un santuario para el descanso, el entrenamiento y el asesoramiento de organizaciones armadas amigas como las FARC y ETA, concentrándose en su territorio la mayor parte de refugiados y huidos etarras de Sudamérica. Y en los últimos años los servicios de inteligencia españoles han detectado un trasvase constante de miembros de ETA desde México y Francia -países donde la presión policial es cada vez más intensa- a la condescendiente Venezuela.

Lo lamentable de todo esto, como siempre, viene a ser la equívoca actuación del Gobierno español que, lejos de desautorizar a Chávez y exigir el definitivo final del mecenazgo que su ejecutivo ejerce sobre el terrorismo internacional, sigue confiando en la desacreditada palabra del dirigente revolucionario y prestando un flaco favor a la Justicia española, única que cumple sus deberes institucionales denunciando los evidentes vínculos de colaboración entre Caracas y dos grupos terroristas, ETA y las FARC, que tanto daño están haciendo a la población y a la democracia española y colombiana.

No basta con las insustanciales declaraciones de la vicepresidenta del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, ni del ministro de Asuntos Exteriores, Miguel Ángel Moratinos, y tampoco con las investigaciones prometidas por Chávez. Es incomprensible que el gabinete de Zapatero no haya decidido aún adoptar medidas serias y contundentes contra Venezuela, permitiendo con su interesada timidez diplomática que un terrorista confeso como Cubillas pasee libremente por Caracas sin temor a una extradición y que decenas de terroristas de ambos lados del charco puedan mofarse del dolor de sus víctimas recostados en las cálidas playas del Caribe. ¿ Justicia universal?
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