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¿Va Rajoy por el buen camino? |  |
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| Contraportada 02/02/2012 | |
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| La economía ¿es de derechas o de izquierdas? | ||
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L
LEVAMOS un mes de gobierno del PP con Mariano Rajoy de presidente y las decisiones iniciales del nuevo ejecutivo han suscitado algunas perplejidades. Que un gobierno de centroderecha lo primero que haga sea subir el impuesto sobre la renta ha descolocado a la izquierda y provocado la indignación de los liberales. Pero también, por muy distintos motivos, ha sorprendido que el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, al que la mayoría de los medios de comunicación siempre habían presentado como un "verso suelto" –suelto hacia la izquierda, se entiende- haya anunciado que el PP va a cumplir su programa electoral en cuestiones como la reforma del gobierno judicial o de la legislación abortista... Sin embargo, dejaré para otro día a Ruiz-Gallardón y hoy me centraré en el tema económico.
El dinero se ha acabado En una de sus grandes frases históricas, José Luis Rodríguez Zapatero afirmó en su día que bajar los impuestos es de izquierdas; ahora Mariano Rajoy ha llegado para enseñarnos que, al parecer, subirlos es de derechas. En realidad, todo esto lo que demuestra es que viejas etiquetas como "socialdemócrata" o "neoliberal" han perdido buena parte de su sentido original. Los gobiernos socialistas de Rodríguez Zapatero no aplicaron una política económica socialdemócrata, como tampoco lo habían hecho los de Felipe González. Es sencillamente imposible aplicar tales políticas en el mundo de nuestros días y menos todavía en la Europa del proceso de integración articulado a través de la Unión Europea. Incapaces de cuestionar el paradigma económico vigente (como no fuera de boquilla), pero también de aplicarlo con coherencia debido a sus prejuicios ideológicos, los gobiernos de Rodríguez Zapatero dejaron ir las cosas, esperando que la economía se recuperase por sí sola, y cuando se vieron obligados a adoptar medidas, lo hicieron de forma errática y muchas veces contradictoria. Así hemos llegado al punto en el que nos hallamos. Tampoco es fácil remediar la situación aplicando recetas liberales como bajar los impuestos para que el aumento de la renta disponible en manos de los consumidores ayude a que se recupere la actividad económica. La clave de nuestras actuales dificultades se halla en un hecho inaudito, al que no estábamos en absoluto acostumbrados, y que consiste en que la financiación se ha acabado, tanto para el sector público como para el privado. En lo que se refiere al sector público, la reducción de la actividad económica provocada por la crisis ha bajado la recaudación fiscal. Tampoco cabe recurrir al déficit y al endeudamiento, porque ya no tenemos soberanía monetaria. Se la hemos cedido a un Banco Central Europeo con sede en Frankfurt del Meno cuyo principal cometido es mantener la estabilidad de precios al servicio de la economía alemana. El euro es el nuevo supermarco alemán, una moneda fuerte incompatible con los déficits públicos excesivos. Por qué el impuesto sobre la renta Sí, tenemos un sector público enorme, pero no, como se empeñan en repetir algunos, por contar con muchas Administraciones públicas y muchos funcionarios, sino porque vivimos en un Estado del Bienestar que presta a toda la población servicios como la educación, la sanidad o la asistencia social sin cobrar por ello o por debajo de su coste. Si no queremos renunciar a él, habrá que renunciar a otras cosas y, alternativa o simultáneamente, contribuir en mayor medida a su financiación con los impuestos. Podría haberse subido el impuesto sobre el valor añadido, que paga todo el mundo sin distinción cuando consume. Pero subiendo el impuesto sobre la renta se ha obligado a las personas que cobran nóminas controlables por Hacienda, es decir, a los asalariados públicos y privados que todavía tienen trabajo, a cargar con el peso de esa mayor aportación de financiación al sector público. Se deja al margen, en una decisión indudablemente social, a quienes no tienen empleo o ganan muy poco, y también en parte a los autónomos y a los ricos (que, como es bien sabido, tienen una mayor facilidad que los asalariados para eludir el impuesto sobre la renta), en este caso quizá atendiendo a que son los llamados a crear empleo con sus iniciativas empresariales. Esto, o se hacía nada más empezar el mandato del gobierno, o ya no se podría hacer nunca. Primero, porque una aplicación retroactiva del incremento impositivo, a mitad del ejercicio económico, sería inconstitucional. Y segundo, por evidentes motivos políticos: las medidas impopulares hay que adoptarlas lo antes posible, cuando la oposición no está repuesta de la derrota electoral y la ilusión que genera el nuevo gobierno aún no se ha enfriado del todo. La contrapartida ineludible: gastar menos y mejor en el sector público Ahora bien, nadie puede pensar que con la subida del impuesto sobre la renta baste para solucionar el gravísimo problema de financiación que sufre el sector público. Es sólo un remedio de urgencia y tiene una contrapartida ineludible, que es la de volver a los hábitos de austeridad en el manejo de los fondos públicos que históricamente habían caracterizado a la Administración española y que se han perdido en la actual etapa democrática por obra de una clase política que en este punto ha actuado de una manera bastante irresponsable. El caso Urdangarín, más allá de la anécdota del personaje, es muy ilustrativo de la forma en que hasta hace poco se disponía de los fondos públicos en todas las Administraciones públicas, desde el Ayuntamiento más humilde a la Comunidad autónoma más poderosa, pasando por la enorme caterva de entes administrativos del más variado pelaje. ¿Cuánto vale una consultoría o una asistencia técnica para la Administración? Vale lo que los responsables políticos de esa Administración estén dispuestos a pagar por ella, pues en esta materia no hay criterios objetivos de mercado que permitan comparar precios. Por eso, a Urdangarín difícilmente se le va a condenar, como no sea por evasión fiscal, que es por donde al final pillaron también a Al Capone. Si al ciudadano se le piden sacrificios para mantener el Estado del Bienestar, la propia Administración pública tendrá que ser la primera en dar ejemplo. Para ello, los políticos han de asumir que no es verdad que el dinero público no sea de nadie, como dijo, en otra frase histórica, una insensata ministra del insensato presidente Rodríguez Zapatero, sino que es de todos y ha de administrarse todavía con más cuidado que si se tratase de fondos privados. En definitiva, nada que no supieran –y aplicasen rigurosamente- nuestros abuelos. fast cash advance approval payday loan |