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| Contraportada 24/02/2006 | |
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| Rumasa, 23 años después | ||
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A
YER se cumplieron 23 años del mayor expolio contra la propiedad privada de la historia de la democracia en nuestro país. La expropiación del mayor holding privado español: Rumasa. Aquella mañana del 24 de Febrero de 1983 España entera desayunaba con una de las noticias más escalofriantes de la entonces incipiente democracia española: Rumasa, el mayor holding privado español, había sido expropiado por el Gobierno socialista de Felipe González, que hacía quince días había ganado democráticamente las últimas elecciones generales.
Veintitrés años después los españoles sí que guardan memoria, y mucha, de aquel triste episodio tan trágico y poco ejemplar que se cometió a la persona del empresario jerezano José María Ruiz – Mateos. Durante todos estos años los dos gobiernos que han llevado las riendas en nuestro país, el socialista de Felipe González y el popular de José María Aznar, no han mostrado voluntad alguna de querer sentarse con los Ruiz – Mateos, para proponerles una solución viable y legítima para compensarles por semejante atropello y esto la opinión pública lo tiene que saber. ¿Pero cómo va a ser posible? Se preguntarán Vds. ¿Si con el asunto del Estatut, el de la paz en el País Vasco o lo de la Opa de Endesa ya tenemos suficiente? Por favor Sr. Presidente del gobierno, ¿Cómo puede ser capaz de creer que puede resolver los problemas del día a día, si los de hace 23 años aún están sin darles solución? Aquí, en el caso Rumasa, se trata que el Gobierno socialista que preside Rodríguez Zapatero de el primer paso y proponga a los Ruiz – Mateos un acuerdo de indemnización o de devolución de las empresas a valor de hoy. Y punto. Muy a pesar de que el gobierno, los medios y las instituciones públicas dan por cerrado el caso Rumasa, lo que si está claro es que España y los españoles siguen clamando justicia. Y este clamor no es que lo diga el que suscribe este artículo sino que lo dice una mayoría absoluta (53%) que considera injusta la expropiación por parte del gobierno socialista de Felipe González. Sólo uno de cada diez la considera justa. Supongo que Vds. estarán de acuerdo conmigo pero que este dato se diga 23 años después del expolio tiene su importancia. Y es que IPSOS CONSULTING, prestigiosa multinacional especializada en sondeos de opinión, realizó un estudio sobre si los españoles recuerdan la expropiación. La muestra se realizó a un universo de individuos de 15 a 79 años, residentes en España, península e Islas. Contempló 1045 entrevistas telefónicas, y su recogida de datos se realizó del 20 al 30 del pasado mes de Enero. Hoy, 24 de Febrero de 2006, 9 de cada 10 españoles siguen reconociendo la figura del empresario Ruiz – Mateos e identificándole como víctima del mayor expolio de la historia de España. Así mismo 9 de cada 10 españoles creen que Ruiz – Mateos es un buen empresario. También es interesante el dato que el 48% de los encuestados creen que el Estado debería de indemnizar o devolver las empresas expropiadas a su legítimo propietario, los Ruiz – Mateos, a valor de hoy. Sólo dos de cada diez españoles creen que no debería de hacerlo. La noche del expolio un puñado de funcionarios amparados y protegidos por la policía hicieron acto de presencia en las oficinas centrales de Rumasa y se apropiaron sin orden judicial alguna, ni nada que se le pareciese, toda la documentación contable e información general de todas las empresas de este holding privado nacional. También se apropiaron de las viviendas privadas y enseres personales de los legítimos dueños de Rumasa, la familia Ruiz – Mateos. Sin luz ni taquígrafos para que nadie supiera de ello. Y es que al cabo de un tiempo los españoles supimos que la expropiación se llevó a cabo a través de un Decreto Ley que el gobierno socialista había aprobado para un único caso (“Ley de caso único”) y que aplicó con efectos retroactivos vulnerando la legislación vigente en materia de expropiación. En el año 1961 partió de una pequeña bodega en Jerez con siete trabajadores y un mínimo de capital 300.000 pesetas de las de entonces. Veintitrés años (1983) después RUMASA era ya propietaria de más de setecientas empresas y sociedades que operaban en más de 30 sectores diferentes, generando más de 65.000 empleos. En esa fecha de 1983 el volumen de negocios era de 350.000 millones de pesetas equivalente al 2% del PIB (producto interior bruto). Su patrimonio neto alcanzaba en 1983, año de la expropiación, 630.000 millones de pesetas. Hoy, 23 años después del mayor crimen contra la propiedad privada en España, el caso RUMASA no está concluso. Si tan fácil les resultó en una noche acometer la mayor expropiación privada, ¿Cómo es posible que les resulte tan complicada aplicar la justicia 23 años después? El gobierno socialista adujó como causa principal “un fin social”. Esta argumentación carecía y carece de valor al propiciarse el enriquecimiento instantáneo de muchos a través de la reprivatización de las empresas de RUMASA. Véase el caso de Galerías Preciados, que fue vendido por 500 millones de pesetas de entonces, y revendida después por más de 30.000 millones de pesetas al cabo de un año de esta adjudicación. En la actualidad existen todavía pendientes multitud de pleitos judiciales en todas las vías e instancia. El Tribunal Constitucional, desde entonces, está desprestigiado y del que se duda ampliamente sobre su independencia del poder ejecutivo vigente. La justicia sentenció con posterioridad a favor del derecho de la familia Ruiz – Mateos a recuperar sus propiedades al privatizar y siendo ejecutivas dichas sentencias no se han obedecido por parte del Gobierno. También el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, con sede en Estrasburgo, sentenció el 23 de Junio de 1993 a favor de esta familia de empresarios jerezanos, condenando al Estado español por una doble violación de los Derechos Humanos. La primera porque la causa no fue vista en plazo razonable y la segunda, por no ser oído ni concederle audiencia a Ruiz – Mateos en la causa de inconstitucionalidad sobre la expropiación, aparte de darle un varapalo al gobierno y Justicia española al reconocer la desproporcionada duración del proceso judicial. ¿A dónde habrán ido a parar, se preguntarán Vds., todos esos bienes? Esta misma pregunta se la debe de hacer todos los días los Ruiz – Mateos aunque, gracias a Dios, uno es joven cuando esta lleno de proyectos. Y el Sr. Ruiz – Mateos los tiene y muchos. Desde aquí le digo D. José María que le admiro por su tesón y valentía, por su ejemplo en todo. Esperemos y confiemos que no tengan que pasar otros 23 años más para que de verdad se haga justicia y esos bienes retornen a su legítimo propietario. Esta saga de empresarios se lo merece.
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