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| Firmas Invitadas - Edición Nº 84 Semana del 10/10/2003 |
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| Policía, Política, Justicia y Pueblo | |||
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I los policías piensan que la sociedad argentina es inocente se seguirán equivocando en cada uno de los pasos que sigan dando en el camino de la ilegalidad y la arbitrariedad. Ejemplos ya tenemos demasiados -que ni merecen ser recordados por su triste paso en su función- con nombres y apellidos, funciones, ámbitos de actuación, delitos cometidos y sabemos a quienes respondieron en cada oportunidad.
La corrupción dentro de las diferentes policías de todo nuestro país es un tema tan viejo y harto conocido como son las historias de las instituciones encargadas de la seguridad pública, las que deberían cumplir con su función de estar “al servicio de la comunidad” y no solamente utilizar esta frase como eslogan en sus comisarías y móviles. Es imposible de creer para los ciudadanos comunes que los ilícitos, enriquecimientos, contubernios con las diferentes mafias de la peor calaña, los abusos cometidos y demás irregularidades deban ser conocidas y sacadas a la luz a partir de las investigaciones periodísticas. Debo señalar que cada policía tiene su división de “Asuntos Internos”, las que deberían realizar todos los procedimientos e investigaciones necesarias para detectar estas cuestiones y realizar las denuncias pertinentes al momento de su conocimiento. Esto pocas veces sucede en ésta “gran familia”. POLÍTICA Y POLICÍA QUEDA demostrado que los máximos estamentos de los poderes ejecutivos, nacionales o provinciales, cuando toman medidas sobre los jefes policiales, llamadas “cúpulas” , es porque han existido connivencias con ellos al momento de su nombramiento y durante el desempeño de sus funciones que hace insostenible mantenerlos en funciones para no seguir pagando “costos políticos”. El problema es endémico dentro de las estructuras de estas fuerzas de seguridad, toda vez que a pesar de las diferentes y reiteradas “purgas” realizadas son ocupadas las conducciones nuevamente por personajes impresentables y siniestros. Al mismo ritmo que van cometiendo sus tropelías se va incrementando el desprestigio de esas instituciones y quedando sus miembros bajo una genuina sospecha. Estoy convencido que cada vez que se hacen públicas -mejor dicho toman estado público- las arbitrariedades cometidas, siempre premeditadamente dolosas y criminales, por el “aparato policial” existe detrás un “aparato político” que le brindó la cobertura necesaria y la luz verde para cometer los hechos ilícitos. A partir de esa asociación “política-policial” es de donde se van nutriendo de fondos las estructuras políticas: punteros, dirigentes, intendentes, concejales, diputados, senadores, gobernadores, presidentes, etc., es decir, el “aparataje”. Se debe exigir a nuestros representantes en los poderes legislativos que mediante comisiones realicen el seguimiento de los planes de estudio e instrucción en las escuelas de policías, como también que lleven adelante las investigaciones sobre denuncias y hechos que van tomando estado público, de los antecedentes de los que aspiran a cubrir las máximas responsabilidades, sus comportamientos y patrimonios personales y familiares. Hasta que la legislación no admita el control civil sobre las policías será imposible que ellas puedan actuar bajo el estricto cumplimiento de sus reglamentos y que los ciudadanos puedan encontrar en ellas a las instituciones que digna y transparentemente se hagan cargo de la seguridad, la prevención de los delitos, la investigación y el descubrimiento de los hechos que atentan contra la integridad, tranquilidad y seguridad de las diferentes comunidades. PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y POLICÍA DESDE que se instaló la democracia en 1983 han pasado veinte años, en todo este tiempo muchas conducciones policiales han cambiado en todo el país. Nos preguntamos a qué se debe la incapacidad de los gobiernos que nos representan de no poder establecer conducciones policiales honestas. Si bien habitualmente denunciamos hasta el hartazgo las aberraciones cometidas durante la última genocida dictadura militar, no podemos explicarnos los motivos por los cuales las diferentes policías que fueron funcionales a los días de torturas, asesinatos y desapariciones siguen generando cuadros de oficiales y suboficiales que atentan de forma constante contra los ciudadanos, la integridad física de éstos tanto cuando se encuentran solos como cuando participan de movilizaciones populares, la administración fraudulenta de los bienes del Estado; y muchos son miembros de las “aceitadas” mafias de corrupción, secuestros, desarmaderos, narcotráfico, prostitución, juego clandestino y demás actividades ilícitas como por ejemplo las empresas de seguridad privada que no cuentan con la correspondiente autorización. El tema de la “seguridad privada” es por demás de preocupante, ya que encuentra detrás de las empresas, como empresarios, a policías y ex policías cuando no a militares retirados o en actividad. Las máximas autoridades policiales provinciales y federales deben ser ejercidas por personas que provengan de la sociedad civil, toda vez que el interés máximo del accionar profesional de estas fuerzas está justamente en brindar seguridad a los ciudadanos. La explicación, hasta tanto no la den nuestros representantes, la seguiremos encontrando en la mismísima “clase política”. Es imposible comprender o intentar encontrar justificación en otros sitos. JUSTICIA Y POLICÍA SE debe exigir a la justicia y fundamentalmente al Ministerio Público que lleve adelante todas las investigaciones, denuncias y procesos sobre cada una de las irregularidades y con la vista puesta en la responsabilidad que le cabe a las autoridades ejecutivas que tienen a su cargo a las policías y de cuya órbita dependen orgánica e institucionalmente. En cada barrio, pueblo, comuna y ciudad son los vecinos los que mejor conocen de las necesidades de seguridad y del comportamiento de “su” policía, de ahí lo importante de encontrar a través de la participación ciudadana el control civil sobre el accionar policial, los nombramientos de los responsables de las comisarías, los problemas reales de la comunidad, etc. Son ellos, los ciudadanos, los que deben tener la posibilidad de realizar las denuncias sobre las arbitrariedades que se conozcan y deben tener el derecho de exigir al poder político más inmediato una rápida y efectiva solución. Sería imprescindible dotar a las Intendencias y a los Concejos Deliberantes de las estructuras y organismos necesarios para que los ciudadanos realicen los aportes que ayuden al mejoramiento de la seguridad y que en ellos puedan realizar las denuncias correspondientes ante el incumplimiento de las obligaciones funcionales públicas y que las mismas tengan un urgente tratamiento. La justicia debe aplicar siempre el máximo rigor en sus condenas sobre quienes en ejercicio de sus funciones policiales, o bien de las realizadas aprovechándose de ellas, cometan actos que no podrían realizarse de no pertenecer a las instituciones. Los jueces deben abandonar sus prácticas dilatorias que terminan en procesos totalmente extemporáneos, sin llegar a una correcta administración de justicia y que en muchos casos hacen que las causas terminen con prescripciones y falta de mérito hacia los que cometieron actos indefectiblemente repudiables. Éstos siempre terminan siendo condenados por la opinión de los ciudadanos y absueltos por la “injusticia argentina”. PUEBLO Y POLICÍA UNO no quiere ni desea sentirse alejado de las autoridades y efectivos policiales, lo que pretendemos es que estos sean personas honorables, que sean correctamente educadas y entrenadas, que sus comportamientos sean los más transparentes y ajustados a la legislación y que cumplan fielmente la función delegada y encomendada. Por sobre todo que realicen sus actividades y procedimientos con el irrestricto cumplimiento de la Ley y los Derechos Humanos. Los policías “son trabajadores” como todos nosotros y forman parte |
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