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Época II - Año XIV
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  Firmas Invitadas - Edición Nº 109
Semana del 02/04/2004
Atocha, 55, segundo piso. 24 de enero de 1.977
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Matías J. Ros
E L 24 de enero de 1977 nueve personas eran acribilladas a balazos en el segundo piso del número 55 de la madrileña calle de Atocha. El local era un despacho de abogados laboralistas de Comisiones Obreras (CC.OO) y, además, vinculados al Partido Comunista de España (PCE). Cinco de ellas fallecieron.
Dos hombres armados de metralletas Ingram M-10, penetraron en el despacho tras de llamar al timbre. También iba un tercero que no llegó a disparar pues se ocupó de cortar los cables telefónicos y registrar los cajones de las mesas y muebles de archivo. Preguntaron por el dirigente comunista Joaquín Navarro que lideraba el Sindicato de Transportes de CC.OO. pero había abandonado el despacho.
Eran las 22,30. Había terminado una reunión acerca de una huelga de transportes. Una de las últimas personas en abandonar esa reunión fue Navarro, que esperaba la llegada de unos compañeros que al final no aparecieron. El primero en ser tiroteado fue Rodríguez Leal, que por casualidad se encontraba en el despacho, pues había subido a buscar unos papeles olvidados, al acordarse de ellos mientras tomaba un café en un bar cercano.
Tras disparar contra Rodríguez Leal, los asesinos, buscaron en el piso a Navarro. Fue cuando vieron en uno de los despachos a ocho abogados laboralistas. Los pusieron uno al lado de otro en el recibidor para que les fuera más cómodo disparar la balacera. Murieron en el acto Rodríguez Leal, Luís Javier Benavides y Enrique Valdevira. Dolores González Ruiz (viuda de Sauquillo y que perdió el hijo que llevaba en el vientre), Miguel Sarabia, Alejandro Ruiz Huertas, Luis Ramos Pardo, resultaron heridos graves junto con Serafín Holgado y Francisco Javier Sauquillo que fallecían horas después de su ingreso hospitalario.
Considero conveniente aclarar que este tipo de armas, me refiero a las citadas metralletas Ingram, se fabricaban en USA en tres calibres: 9 mm corto (380 ACP), 45 ACP y 9 mm Parabellum. Se les podía adaptar un supresor sónico (que iba con cada una de ellas en su caja) y eran de una enorme rapidez de disparo, más de 1200 por minuto. Sin embargo, los cargadores eran de 32 disparos y se vaciaban en menos de un instante, por lo que el tirador necesitaba un entrenamiento especial para manejarla con efectividad. Es considerada un arma insegura y poco precisa, así como propia de un terrorista más que de un agente del orden. Fue adquirida una partida de ellas por el antiguo SECED. Eran armas de este tipo las que llevaban los 8 agentes del ahora llamado CNI en Irak el día que los tirotearon en la carretera. Hubiera sido mejor que hubieran empleado para su defensa AK-47 que abundan por la zona en conflicto y que no tienen los problemas de las Ingram.
Al entierro acudieron unas 100.000 personas. Partió del Palacio de Justicia, en donde estaba el Colegio de Abogados, donde había sido instalada la capilla ardiente. Las consecuencias de la matanza fueron un paro nacional, y, con motivo del entierro, la primera manifestación masiva de la izquierda española tras la muerte de Franco. Estos asesinatos fueron decisivos para que el PCE fuera legalizado. El gobierno de Suárez dio vía libre a la legalización de los comunistas el sábado Santo de 1977, llamado popularmente “Sábado Santo Rojo”.
El Ministro de la Gobernación, Rodolfo Martín Villa, encargó la investigación en exclusiva y con orden de hermeticidad a un grupo de la Brigada de Información del Cuerpo Superior de Policía. especialmente elegido. El 12 de marzo de 1977 se practicó la detención de los autores del ametrallamiento, Carlos García Juliá, José Fernández Cerrá y Fernando Lerdo de Tejada, así como el entonces secretario provincial del sindicato de transportes, Francisco Albaladejo. Fernando Lerdo de Tejada fue detenido por inspectores de policía de la Comisaría de Murcia en La Manga del Mar Menor (Murcia) escondido en el apartamento de un hermano suyo. Días antes fue visualizado en Murcia en el séquito de Blas Piñar, que visitó la ciudad para dar uno de sus mítines.
Como hemos dicho, a Fernando Lerdo de Tejada, que era hijo de una secretaria de Blas Piñar (fundador de Fuerza Nueva) estando a la espera de juicio, le concedió el juez un permiso de fin de semana. El acusado resultó ser menos idiota que lo que significa su apellido y no volvió a la cárcel. Y hasta hoy. Presuntamente, permanece huido en un país sudamericano y se escondió otra vezl huir en La Manga del Mar Menor en donde su hermano Luís tenía un apartamento y negocio. Más tarde escapó a Francia. Presuntamente, en Perpignan alguien le dio dinero, documentación falsa y un pasaje hacia Sudamérica. Al parecer, pasó varios años residiendo en Chile aunque se le ha situado también en Brasil.

García Juliá, fue quien dio el tiro en la cabeza (el llamado tiro de gracia) a Sauquillo y Holgado. En agosto de 1994, solicitó permiso a la Audiencia Nacional para viajar a Paraguay atendiendo a una oferta de trabajo de la empresa Traflumar, que le fue concedido por el juez, aunque lo revocó días después a petición de la Fiscalía. En diciembre de 1994, se solicitó su regreso a España pero no compareció.
El 11 de mayo de 1996 lo detuvo la policía boliviana por tráfico de drogas. Lo delataron correos de los narcotraficantes sorprendidos con 15 kilos de cocaína un día antes, en un avión con destino a Suiza. Está recluido en una espantosa prisión de alta seguridad sita en Palmasola (La Paz). El Gobierno español solicitó su extradición. Tiene pendiente en España el cumplimiento de cerca de 4.000 días de prisión.
Fernández Cerrá cumplió 15 años de prisión y salió en libertad condicional en 1992. En la actualidad permanece desaparecido del mapa.
Los letrados de la acusación particular, consideraron que el crimen no fue aclarado del todo durante el proceso. Faltaban los inductores y había bastantes incógnitas. No les dejaron investigar pues se apuntaba como instigadores a los servicios secretos. Las pistolas supuestamente empleadas eran del mismo calibre que las metralletas Ingram M-10 usadas en el ametrallamiento. Las pruebas balísticas no fueron facilitadas por el instructor, lo que unido a saber cómo consiguieron las armas, hubiera dado lugar a demostrar responsabilidades de quién o de quienes estaban verdaderamente detrás de la matanza de los abogados del despacho de la calle Atocha, 55, 2º piso.
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