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AS ocurrentes ideas del funcionariado argentino pueden llegar a extremos sorprendentes y desorbitantes, siempre indecentes a la hora de adoptar medidas a favor de quienes no dejan de sufrir diariamente y que padecen del hambre, ese que los funcionarios desconocen y del cual son los únicos responsables. Los únicos. El nacimiento de los movimientos de desocupados lo podemos encontrar desde mediados de la década del ´90 y en constante crecimiento, época ésta que los dirigentes políticos disfrutaban de las bondades que el “menemismo” les ofrecía a ellos y de la que hoy se hacen los distraídos. Me refiero fundamentalmente a quienes eran por entonces gobernadores e intendentes, diputados y senadores, concejales y comisionados municipales, que en sus funciones imitaban a esa rata en todas sus acciones aberrantes -reelecciones, hegemonía, discurso único, neoliberalismo aplicado a ultranza, privatizaciones y concesiones por doquier, corrupción, mafias, etc, etc, etc.-
Que la política en Argentina es prebendaria no es ninguna novedad, sería una perogrullada hacer mención sobre la misma y hasta insalubre, pero no por ello la dejamos de condenar.
“Olor a goma quemada, viene,
de los barrios de la hambruna.
Llama el bombo y el piquete,
corta la ruta”.
Desde hace unos meses advertimos, casi imposible no hacerlo, como desde los sectores más concentrados y retrógrados del poder político, periodístico, empresarial y religioso existe una animosidad, convertida por momentos en agresión salvaje hacia los que reclaman pan y trabajo, desde los cortes de calles, avenidas y rutas como en las movilizaciones populares. En función de conseguirlos se confunden en la forma de resistir y exigir ser escuchados y atendidos, ellos son los piqueteros y todas las organizaciones y movimientos de base.
Los gobiernos nacionales, provinciales y municipales tenían y tienen la obligación de actuar rápidamente para paliar la enfermedad endémica de la desocupación y la subocupación. No es posible que hace treinta años no existían las desigualdades que hoy sufrimos todos y que nadie se haga responsable, mirando cobarde y delictuosamente hacia otro lado. Ya que han sido ellos los responsables y ejecutores como parte de una clase política que ha cooptado y secuestrado la totalidad del centro de la escena democrática y han hecho de ella su fiesta de mentiras y corrupciones.
“Llamarada y humo negro, crecen, y entre chispa y reverbero, con perfiles de ceniza,
los piqueteros”.
El hambre y la desesperación de la exclusión no pueden esperar más, hay que decirle basta a este modelo económico y sistema político que desde hace años está al servicio del capital y las finanzas, desde el cual no tienen ningún empacho, menos vergüenza, en desplazar a millones a la pobreza y la indigencia. Estamos hablando para que quede bien claro de más de veinte millones de seres humanos, o sea seis de cada diez habitantes de la Argentina.
Los políticos desde sus cargos conseguidos con una democracia solamente representativa y bipartidista no han realizado nada para solucionar estos temas, los han profundizado y lo han permitido con sus votos o sus silencios. Son los verdaderos traidores a la Patria. No lo son porque no apoyen a tal o cual, como mandó a decir el último usurpador de la presidencia, ése que el voto popular le había negado serlo y desde el cual realizó un inmoral e inhumano ajuste económico. Debemos denunciarlo y decir que no permitimos ese perverso mensaje desde el cual se quiere poner a un partido político y a sus empleados, con sueldos de miles de pesos, en el lugar reservado ha ser castigados por nuestra Constitución Nacional.
“La dignidad de los libres del sur que tantos han traicionado. Yo en patas y hambre adoso y la violencia y ellos armados hablan de paz...”
Días atrás en Neuquén la anunciada represión de la policía provincial y la federal llegó de la mano de una imposición que el Gobierno Provincial quiere hacer de entregar tarjetas electrónicas para el pago de los miserables planes de asistencia para los desocupados. Ésta idea no es propiedad intelectual de ese gobierno sino del mismísimo poder central nacional. Seguramente una decisión que tiene detrás a los banqueros, que encontrarían en ello un negocio adicional a los muchos que siguen teniendo e imponiendo, como lo hizo el gobierno que salió disparado por las alturas del antro de las decisiones políticas, con la bancarización -prolegómeno de uno de los primeros robos del siglo recién inaugurado-. Otra tarjeta famosa puso de relieve las miserias de los senadores coimeros tres años atrás.
Debemos señalar que lo acontecido en La Quiaca (Jujuy) y en Tartagal (Salta), por cierto provincias muy peronistas ellas, no ha sido una casualidad, sino más bien una advertencia a la que debemos sumar las realizadas por algunos seudos dirigentes de la tierra y la vivienda que se quieren convertir en la “guardia blanca” del Gobierno Nacional, las amenazas de miembros del Ejecutivo Nacional, de la dama manzanera dueña de un cementerio privado y unos cuantos otros filibusteros políticos que gozan de fortunas, casonas, campos, vehículos de todo tipo, cuentas y propiedades en el exterior conseguidas a través del ejercicio de la política. Que debería ser considerada como ilegal cuando de ella se hace una profesión habitual y de por vida, como en muchos casos también familiar y hereditaria.
Ellos saben que el movimiento de los excluidos va creciendo y afortunadamente lo hace desde la izquierda de las convicciones e ideales políticos y sociales. Es justamente desde el miedo que a ellos le produce que hablan de control, tarjetas magnéticas, criminalización, judicialización y brigadas antipiqueteras. Disimulan su impronta e incapacidad con falsas promesas y presupuestos nacionales ajustados a las necesidades de seguir pagando la odiosa deuda externa y continuar bancando a los bancos que han sido la válvula de escape de la fuga de divisas, por cierto especulativas ellas. Tampoco dudan en seguir entregando las concesiones a los mismos que de ellas han hecho una actividad delictiva durante muchos años. El tema de los peajes, mejor dicho pillajes, es un claro ejemplo de ello.
El Programa Jefas y Jefes de Hogar Desocupados es de carácter universal, y según la reglamentación es un “Derecho Familiar de Inclusión Social” para asegurar la protección integral de la familia, asegurar la concurrencia escolar y la salud de los hijos de los desocupados. Debe quedar claro que universal comprende a todos y no solamente a los que desde un despacho deciden quienes entran y salen, además de ser un “DERECHO”. De ahí que la manipulación y la diatriba oficial nos ofende a todos, como ofende que su cuantía en los doscientos pesos que autoriza la reglamentación como absurdo tope no es la pagada y que teniendo en cuenta el incremento del costo de vida producido desde enero del 2001 debería ser de por lo menos trescientos cincuenta pesos mensuales. El Gobierno paga actualmente ciento cincuenta pesos.
Entonces no comprendemos el motivo y la negación a que participen todas las organizaciones sociales para garantizar la transparencia y la eficiencia. No cumplirlo así coloca a las autoridades en una situación ilegal que está por cumplir dos años de vigencia.
“Y van al corte compadre, firmes, frente a la gendarmería y en las ollas populares
clama la vida”.
Hay una verdad que los políticos, los comunicadores sociales adictos al poder y los reaccionarios de siempre jamás lo dirán públicamente, no por pudor sino porque se han acostumbrado a mentir y a tergiversar la realidad, y es que sencillamente les molesta que los movimientos de trabajadores desocupados abrazan la horizontalidad en sus decisiones, actúan de forma solidaria y con fraternidad, no aceptan las mentiras de la política, ejercen una democracia participativa en la elección de sus representantes con la revocabilidad de sus mandatos, entre otras virtudes. Han nacid
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