U
n día sí y otro también una mujer es asesinada. Generalmente, sobre su asesino pesa una orden de alejamiento, que no parece servir para nada. En Cúllar Vega (Granada) hay precedentes: una mujer quemada viva tras ser rociada con gasolina por su pareja. El asesinato de Encarnación Rubio (en la misma localidad), a plena luz del día mientras cumplía con su trabajo, arrollada tres veces por su asesino, indica una saña especialmente brutal, como brutales son todos los asesinatos.
Un crimen que si la legislación fuese adecuada a la realidad, pudo haberse evitado. Un alto porcentaje de mujeres asesinadas por sus parejas o exparejas habían denunciado reiteradamente el maltrato y la amenaza de muerte, pesando sobre los criminales una orden de alejamiento que no fueron cumplidas, y que establecían la prohibición de no acercarse a menos de 500 metros (en el caso de Encarnación, 100) de la mujer supuestamente protegida. Es evidente que a esa distancia mal se puede evitar que el asesino tenga facilidad para llegar hasta su víctima.
Es urgente que el legislador tenga como prioridad adecuar la ley a la terrible realidad de miles de mujeres maltratadas o amenazadas y que los jueces la apliquen con el rigor necesario. La orden de alejamiento debería permitir el destierro de la localidad donde reside la víctima del maltrato y el control sobre el delincuente efectivo, de modo que le sea muy difícil consumar sus amenazas.
El maltrato y la amenaza deben ser considerados en el código penal como delitos graves, no como faltas; las multas, severas y en todo caso, la reincidencia en amenazas y agresiones penadas, con privación de libertad.
Recientemente el Tribunal Superior de Justicia andaluz dejó en libertad bajo fianza a un hombre que empujó a su mujer por el balcón para matarla. Condenado a 12 años de cárcel, el TSJ andaluz revocó el veredicto por considerarlo “defectuoso” y que el magistrado se “extralimitó” en sus funciones, confirmando la libertad del acusado y desestimando el recurso de la familia. El encausado es vecino de los familiares de la víctima.
Jueces como Ruth Alonso, Edorta Herrera y Nekane San Miguel (a la primera la Audiencia Nacional le ha prohibido volver a excarcelar de oficio a etarras) pendientes de suspensión por "ignorancia inexcusable", en la sentencia dictada a finales de enero por la que se condenó a un hombre, acusado de malos tratos, por una falta y, sin tener en cuenta la reforma legal que se había aprobado el pasado mes de septiembre. La Fiscalía se querelló por prevaricación culposa contra estos tres jueces de Vizcaya. Ruth Alonso aplicó, junto a los dos magistrados de su sala, una ley ya derogada para calificar como falta un delito. El juez Ruiz Polanco aplica la ley en muchos casos con tal ligereza que produce escándalo y alarma social, además de dejar a las víctimas despojadas de la protección que debe garantizar la Justicia a fin de evitar la consumación de crímenes. De modo que no basta con la ley. Se necesitan jueces objetivos y competentes para aplicarla. Varios países han iniciado un programa de formación dirigido a los magistrados. En España no se conoce una iniciativa similar.
Entre el 2001 y el 2003, 168 mujeres murieron a manos de sus parejas en España. En estos días he podido leer que la “violencia de género” es menor en lo que va de año; es de suponer que si hay menos asesinadas, por el momento, es porque las anteriores víctimas ya están muertas. Lo de las estadísticas es así de frío.
En varios países de Europa se llevan a cabo experiencias tanto para proteger a las víctimas como controlar al maltratador. Una pulsera u otro complemento al que se incorpora un sistema conectado con el 112. Si el agresor se la quita para evitar su localización, se detecta sin que éste se dé cuenta, así que si trata de burlar la orden de alejamiento, es detenido en pocos minutos. En el caso de la víctima, joyas, bisutería, etc., dotadas con igual sistema, posibilitan que se acuda en el menor tiempo en su ayuda. Incluso puede dejar el micrófono abierto. Está previsto iniciar una experiencia piloto similar en Madrid.
Por otra parte, el nuevo gobierno parece que tiene como prioridad la ley integral contra la violencia de género, según sus previsiones la ley estará aprobada antes del final de año. Esperemos que sea una ley justa, eficaz, aplicable y efectiva en la práctica. Que las diversas fuerzas parlamentarias realicen un esfuerzo para consensuar le ley es lo deseable. Es una emergencia que no puede esperar, y responsabilidad de los poderes públicos luchar contra semejante lacra social, así como considerar ayuda y apoyo a las víctimas, que lo son también de otra forma de terrorismo.