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  Firmas Invitadas - Edición Nº 142
Semana del 19/11/2004
Más que un complot
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Matías J. Ros
N O es para sorprendernos de que el Partido Socialista haya rechazado la petición del Partido Popular solicitando la comparecencia ante la Comisión del 11-M del guardia civil Jesús Campillo y del confidente (aquí casi todos son confidentes) Javier Villazón, más conocido en determinados y siniestros ambientes como “Lavandero”. Este individuo relató al agente Campillo en el año 2001, que los también confidentes (aquí hay confidentes hasta en la sopa) Toro y Trashorras trataban de localizar a alguien que supiera confeccionar bombas que se pudieran accionar mediante teléfonos móviles.

Sus señorías socialistas decidieron asimismo retrasar unos días las comparecencias de Aznar y Zapatero pues los diputados que integran la Comisión consideran que, antes que el presidente del Gobierno y su antecesor, deben acudir a deponer otras personas acerca de la trama asturiana de venta de explosivos utilizados para masacrar a 192 personas. Esta decisión supone que la Comisión valora necesario investigar las últimas revelaciones que ha publicado un periódico de papel sobre la cuestión. Pero, sin embargo, las personas clave, las que debieran declarar, pues su testimonio sería verdaderamente esclarecedor, no comparecerán. Acudirán, sin embargo, los mandos de la Guardia Civil de Asturias, postergando a personas que los han dejado (con toda la razón del mundo) más que en evidencia.

En este mes de noviembre, exactamente el día 10, se publicó que en 2001, tres años antes de los atentados del 11-M, los confidentes Toro y Trashorras (más y más confidentes) intentaron localizar a alguna persona que supiera preparar bombas con teléfonos móviles. Y otro confidente de la Guardia Civil, Francisco Javier Villazón, “Lavandero”, contó esa historia al agente Jesús Campillo, quien grabó la conversación. La cinta fue entregada a un superior y finalmente fue a parar a un cajón.

Un año más tarde, proveniente del mobiliario de la comandancia de la Guardia Civil de Gijón, una mesa fue enviada al pequeño cuartel de Cancienes. Y mira por dónde, un agente encontró la grabación en uno de sus cajones. Y la escuchó. La cinta también fue escuchada por centenares de miles de personas a través de una cadena de radio y transcrita íntegra en un periódico de los de papel.
Los populares solicitan que sean citadas siete personas, y el PSOE dos, y que se escuche la grabación o, al menos, que se facilite a la Comisión una trascripción.

Los integrantes de la referidaComisión acordaron (discrepando los populares) que sean citados para el próximo lunes el teniente coronel de la Guardia Civil José Antonio Rodríguez Bolinaga, que fue hasta el pasado martes jefe de la comandancia de la Guardia Civil de Gijón. Este teniente coronel fue destituido casi fulminantemente por la incuria (o algo peor, quizás) de haber transcurrido más de un mes desde que conoció la existencia de esa cinta hasta que la entregó al juez. También declarará el general Pedro Laguna, jefe de Comandancia de Asturias en la época en que se produjeron esas conversaciones relacionadas con los explosivos -ya ha comparecido anteriormente en la Comisión-, y el coronel Luis Antonio Búrdalo de Fuentes, que actualmente es el jefe de la Guardia Civil en Asturias, de quien dependía Bolinaga.

El PP también pidió que sea llamado de nuevo el coronel Félix Hernando, jefe de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (la siniestra UCO) pero el PSOE (cada día más siniestro todavía) dijo que naturalmente que no. Al parecer la UCO, es gente bien protegida por el PSOE, pues ya su jefe, desde los tiempos de Rafael Vera, era uno de sus subordinados en la Secretaría de Estado. Tan protegidos estaban por los socialistas que ni en los ocho años de mandato popular, nadie osó moverles el sillón. Con la finalidad evidente de dejarles que continuaran conspirando en Dios sabe qué. Como sabemos, Aznar fue un lince en política de recursos humanos.

Ante negativa de los socialistas a que declare de nuevo Hernando, el PP ha aumentado la lista de peticiones, solicitando también la presencia del guardia civil Campillo (el que grabó la cinta y se la dio a su jefe) y del confidente “Lavandero”. Total, que no prosperó la petición del PP de que declaren Hernando, Campillo y Lavandero. Los socialistas, parece, no quieren de ninguna manera que se sepa la verdad.

Lo que sí se aceptó por parte de los socialistas es que el lunes próximo cuando comparezcan el teniente coronel Rodríguez Bolinaga, el general Laguna y el coronel Luis Antonio Búrdalo los miembros de la Comisión dispondrán de una trascripción de la conversación grabada por el agente Campillo mientras hablaba con el confidente “Lavandero”. Menos mal. Para su información se puede bajar de Internet sin problemas. Está en tres o cuatro sitios.

Al PSOE le parece que las nuevas comparecencias acordadas son suficientes. Ya se sabe que los mandos de la Guardia Civil que han quedado en entredicho (tenían las cintas, no las mandaron al Juez y encima amenazaron y mandaron al psiquiatra al agente Campillo) tienen, según la Presidencia de la Comisión, “entidad suficiente para aclarar los hechos”. O sea que, los que más que presuntamente sabían de la trama de los explosivos (por lo menos desde 2.001) y no hicieron nada por desarticularla, serán los que declaren en la comisión. Presumiblemente una sarta de mentiras.

En otro orden de cosas las asociaciones de guardias civiles de Asturias han considerado insuficientes los resultados de las investigaciones seguidas hasta en momento para aclarar las actuaciones seguidas por las Fuerzas de Seguridad del Estado en relación al tráfico de explosivos en Asturias y en concreto la venta de la dinamita empleada en los atentados del 11 de marzo en Madrid.

"El derecho a la vida está más allá del honor de los altos mandos” señalaba con excelente criterio la abogada de la Unión Profesional de Guardias Civiles (UPGC) de Asturias, acerca de las investigaciones que hasta ahora han dado como resultado la destitución del Jefe de la Comandancia de Gijón, el teniente coronel José Antonio Rodríguez Bolinaga.

Por su parte, un portavoz de la Asociación Unificada de Guardias Civiles de Asturias abogaba hoy 819 de noviembre) por una "investigación judicial seria" que analice, "no sólo qué pasó con la cinta aparecida en el cuartel de Cancienes, sino qué se hizo por parte de las fuerzas de seguridad cuando desde 2001 a 2003 se supo por parte de confidentes diversos que había gente interesada en vender grandes cantidades de explosivos".

Esta asociación añade que "entonces será cuando tenga que asumir responsabilidades quien corresponda, pero las víctimas quieren respuestas". Consideran la destitución de Bolinaga como "un cortafuegos" y reclama "más transparencia", así como los resultados de la investigación que el departamento de asuntos internos de la Dirección General de la Guardia Civil viene desarrollando en los últimos días.

Tanto la UPGC como la AUGC coinciden en reclamar una investigación independiente que aclare la actuación, no sólo de la Guardia Civil sino también, como señala la representación jurídica de UPGC, de la Policía Nacional.

Ambas asociaciones han salido además al paso de las declaraciones del general Pedro Laguna (ex jefe de zona de Asturias) publicadas esta semana en “El Comercio” y “La Voz de Asturias”, en las que hablaba de "calumnias carentes de fundamento" y "acoso y derribo a la Guardia Civil" por lo sucedido con la aparición de la cinta con las revelaciones del confidente “Lavandero”.

“La averiguación de la verdad en relación a los atentados del 11-M es la única forma de salvar el honor de los máximos responsables policiales de Asturias”, asegura la UPGC. En ese sentido, la Unión Profesional de Guardias Civiles cree que los cuatro mandos citados para comparecer en la comisión parlamentaria sobre el 11-M son insuficientes. "Debe pasar toda la cadena de mando y los confidentes por esa comisión, para declarar
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