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  Firmas Invitadas - Edición Nº 152
Semana del 28/01/2005
El disfraz del diálogo y la división de España
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José Meléndez
E L elogio al diálogo y a la negociación es una constante en la vida pública de José Luís Rodríguez Zapatero y de sus ministros y dirigentes de su partido, aunque en el caso de los últimos –y también frecuentemente en el del presidente- tenga la coletilla de criticar y denostar todo lo que hizo el gobierno anterior, en un afán indisimulado de demostrar que la verdad está de su lado y de una machacona necesidad de reiterar la legalidad de su triunfo electoral, que nadie niega porque el veredicto de las urnas es inapelable, aunque este triunfo se produjera en las trágicas circunstancias que todos conocemos. Pero a pesar de estos constantes alardes de disposición a debatir y escuchar, de las afirmaciones de no regatear esfuerzos para llegar a consensos, tan necesarios en la vida política de una democracia, su forma de gobernar en los diez meses que llevan en el poder y las decisiones –no muchas, que todo hay que decirlo- que se han tomado en este período, llevan a creer que el talante de diálogo no pasa de ser una postura para mantener el entusiasmo de los adictos.

Hace pocos días, el historiador Carlos Seco Serrano publicó un artículo en el que analizaba el contraste de criterios políticos de dos líderes sobresalientes de nuestra Baja Edad Contemporánea, Antonio Cánovas del Castillo y Manuel Azaña, Según Canovas, no hay posibilidades de gobierno sin transacciones justas, lícitas, honradas e inteligentes. O sea, la búsqueda de consensos mediante el diálogo abierto y honesto. Por el contrario, Azaña optó por la intransigencia porque, en la cita que hace Seco Serrano de Marichalar, gran azañista, “la tragedia del liberalismo español desde sus principios en el siglo XIX ha sido la tendencia a la transacción y al compromiso”. El espíritu conciliador de Cánovas, que llevó la etapa de la Restauración al histórico Pacto del Pardo, donde los conservadores de su partido y los liberales de Práxedes Mateo Sagasta, acordaron turnarse pacíficamente en el poder, produjo cincuenta años de paz y de progreso en una España que hasta entonces había estado convulsionada por las más de sesenta guerras, asonadas e intentonas cuarteleras que marcaron los dos primeros tercios del siglo XIX. Ni los conservadores de Cánovas ni los liberales de Sagasta perdieron su identidad partidaria y sus programas en el Pacto del Pardo porque éste tuvo una finalidad mucho mas profunda que fue la solidaridad de ambos partidos en los asuntos de Estado y así pudieron hacer frente a los radicalismos de entonces, la extrema derecha representada por el carlismo y la extrema izquierda de los republicanos, fuertemente influenciados y vinculados a la Primera Internacional. Azaña optó por lo contrario y el resultado fue que la política de Canovas duró medio siglo y la de Azaña solo cinco años, propiciando la tremenda tragedia de la Guerra Civil española. Seco señala lo que sabemos todos, que después de cincuenta años de guerra y postguerra que produjeron la odiosa división de las dos Españas, la que usó su victoria para humillar y excluir a los que perdieron, y la derrotada, surgió, propiciada por la derecha de Fernandez Miranda y Suarez y la izquierda de Felipe Gonzalez y Santiago Carrillo, una nueva transacción política que fue la Transición, que nos ha llevado a más de veinticinco años de paz y de progreso.

Este artículo de un historiador serio y documentado, me ha hecho reflexionar y afianzarme en los temores que ya he señalado en otros artículos de esta página. Cuando España hace frente al mayor peligro de división territorial de su historia contemporánea, hay indicios de que apunta también el radicalismo de una división ideológica, si nos atenemos a la crispación política que vivimos en los últimos meses, las declaraciones altisonantes de políticos de uno u otro bando y la forma de gobernar de Rodríguez Zapatero. Hay tres puntos cruciales en esa forma de gobierno: la postura ante las amenazas de los nacionalismos radicales; el choque con una institución tan enraizada en nuestra manera de ser como es la Iglesia Católica y la política exterior.

Es alarmante que, en el primer caso, el PNV vasco haya lanzado su gran envite contra la unidad territorial y constitucional de España cuando el PSOE ha accedido al poder, precisamente porque el olfato político de los nacionalistas vascos, del que han dado abundantes pruebas, ha percibido la posición débil de un gobierno, maniatado por otro nacionalismo, potencialmente tan peligroso como ellos, que es el catalán, El pacto acordado por Zapatero y Rajoy para hacer frente a la amenaza nacionalista, tiene mucho del espíritu transaccional de Canovas porque la colaboración entre los dos grandes partidos nacionales es imprescindible en este importante aspecto, pero antes de que ese pacto se materialice en la anunciada Comisión conjunta, ya han empezado ambos partidos su pelea de inculpaciones con motivo de la reciente manifestación organizada por la Asociación de Víctimas del Terrorismo y la presunta agresión al ministro de Defensa durante la misma. El PSOE, por boca de José Blanco, ha acusado al PP de “organizar una manifestación en contra de su partido y del gobierno”, acusación que no se tiene en pie, sobre todo viniendo de los que presuntamente organizaron las realizadas ante las sedes del PP tras el 11M, donde sí hubo agresiones e insultos. Y el PP acusa al PSOE de usar las fuerzas policiales con fines políticos por el afán de inculpar a militantes del partido de la oposición en los hechos que todos condenan. Y Batasuna, que siempre sabe lo que hace, ha revelado que hay “contactos personales” entre la banda proetarra y los socialistas.

El segundo punto, la cuestión religiosa, es una prueba más de la forma que tiene el gobierno socialista de encubrir la intransigencia de sus decisiones con el manto del diálogo y el respeto. La evidente restricción de las libertades religiosas y las disposiciones contrarias al dogma cristiano, como las referentes al aborto, al matrimonio homosexual y a la supresión de la enseñanza de la religión católica en las escuelas ha producido la lógica reacción del Papa Juan Pablo II y, a su vez, las del gobierno español, que dice acoger las palabras del Papa con respeto, pero que seguirá adelante con su política porque España es un estado laico. Y aquí está la primera mentira. España es un estado aconfesional desde que entró en vigor la actual Constitución y así lo han interpretado y respetado todos los gobiernos anteriores de la UCD, el PSOE y el PP. Según el Diccionario de la Lengua, aconfesional es el estado que no adopta una confesión determinada y acepta todas. Y el estado laico es el que no acepta ninguna, porque eso, según todas las definiciones, es el laicismo o la escuela laica. Choca que un hombre que se proclama católico, como es el ministro Bono afirme que la culpa del laicismo en España no es del gobierno socialista y habría que buscarla en el quehacer de la propia Iglesia católica. Ni las palabras de Bono ni las intenciones de continuar con los tratados firmados entre España y el Vaticano expuestas por el ministro de Justicia –para añadir a continuación que el gobierno continuará con sus políticas porque estaban en el manifiesto electoral- son creíbles, cuando la supresión de la asignatura de religión continua vigente, el aborto casi libre es un hecho y el matrimonio homosexual quedará legalizado el mes próximo, además del calificativo de “casposos” que José Blanco dedicó a los obispos españoles.
Otro motivo más de crispación, porque, aparte de aquella majadería de principios de los años treinta del siglo pasado de que España había dejado de ser católica, nadie ha puesto en duda a través del tiempo la condición cristiana de una gran mayoría de los españoles.

Finalmente, el gobierno ha elegido como eje y rumbo de la política exterior española un camino que es por el que ha transitado siempre la izquierda europea, con el antiamericanismo por bandera y los peligrosos acercamientos a regímenes antidemocrátic
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