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NA reciente moción del Grupo Popular en el Senado ha obtenido un eco inesperado: el principal, y único, partido de la oposición ha solicitado que el Gobierno intervenga en la crisis que el sector agrícola padece como resultado del encarecimiento de los precios de los carburantes.
Desde un punto de vista teórico esto puede parecer contradictorio. Un Partido que ha hecho gala de su eficacia en la gestión económica desde premisas liberales, es decir, de mínima intervención de los poderes públicos, ¿puede solicitar ahora que se empleen recursos institucionales para favorecer a un sector “contra las leyes del mercado”? ¿Es incoherencia? ¿O es demagogia y pataleo desde la oposición?
Creemos, por el contrario, que esta solicitud, esta inquietud, arraiga perfectamente tanto en las mejores tradiciones populares del PP –valga la reiteración- como en su doctrina económica, que tantos éxitos le ha deparado.
Una premisa: nadie cree en el PP, ni creyó nunca seriamente, que la economía pueda separarse de las personas. La economía está al servicio de la gente, y de España, y no al revés. Es importante recordarlo.
Veamos los términos concretos del problema: el encarecimiento en un 30% de los precios finales del gasóleo agrícola, como resultado del encarecimiento del precio del crudo. Una grandísima parte de ese precio final son impuestos, menores es cierto en el caso de los agricultores, tal vez un 12% menos que el de automoción si consumen grandes volúmenes o compran a través de cooperativas. Pero en cualquier caso hay que señalar que el primer beneficiado de la situación es el Estado. A corto plazo.
Las reglas del mercado no se aplican a la agricultura. En primer lugar, porque no hay un producto o input alternativo al gasóleo, ni puede reducirse significativamente el precio de éste. Volver a la tracción animal es impensable, y el gasóleo verde elaborado sólo a partir de productos vegetales es sólo un experimento por ahora. No hay, por lo tanto un mercado. Y es así, en segundo lugar, porque el agricultor no tiene capacidad de repercutir los costes crecientes en el precio final de su producto, ya que nuestra débil posición internacional –empezando por nuestras condiciones de adhesión a las Comunidades Europeas y terminando por nuestra claudicación actual en todos los foros europeos e internacionales- nos lleva a competir en precios con las economías esclavas del Tercer Mundo. De tal manera que el precio de los productos agrícolas es hoy menor en pesetas nominales que hace un cuarto de siglo. Imaginemos qué supone esto para la renta agrícola en pesetas –o en euros- constantes.
Hay una tercera razón por la cual la agricultura y su combustible escapan a las reglas del mercado: es un sector estratégico, en el cual hay intereses nacionales superiores a la economía. Desde el punto de vista ecológico, el campesino es el principal y casi único gestor del territorio, y su debilidad y abandono es nociva para el medio ambiente. Desde el punto de vista de la seguridad, un país no puede renunciar a producir sus propios alimentos, o una parte importante de los mismos. Tanto menos en la incierta coyuntura internacional que vivimos.
Hay que rechazar la tentación de convertir la agricultura en un sector subsidiado. La experiencia indica que esto es negativo, y el buen agricultor desea vivir de su trabajo, no de subvenciones. Por consiguiente, no se debe subvencionar el gasóleo agrícola. Simplemente debe descargársele, por las razones antedichas, de la carga impositiva que sufre, y que agrava una situación que es precaria no por la libre competencia del mercado, sino por las circunstancias políticas. Cuando éstas cambien, la petición más concorde con el espíritu popular es que se creen las condiciones para una agricultura sin subvenciones, pero que tenga la necesaria libertad para obtener un beneficio justo de un mercado libre.
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