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  Firmas Invitadas - Edición Nº 165
Semana del 29/04/2005
La adulteración de la Democracia


José Meléndez
W INSTON CHURCHILL afirmaba que la democracia es el menos malo de todos los regímenes políticos conocidos. Y el gran político inglés, profundo conocedor de la democracia parlamentaria porque él mismo había andado por sus recovecos desde los liberales a los conservadores, sabía lo que decía, porque la democracia, que es la defensa de la libertad de opinión, la opción de que los electores elijan a sus representantes y la garantía de los ciudadanos de verse protegidos por el ordenamiento jurídico de un Estado de Derecho, tiene todo esto supeditado a la voluntad soberana de una mayoría parlamentaria, incontestable y legítima cuando el partido que gobierna ha logrado la mayoría absoluta gracias al respaldo que los electores, de forma inequívoca, han dado a su programa. Es entonces la sagrada obligación del gobierno de no abusar de esa fuerza mayoritaria en detrimento de las reglas democráticas.

Pero cuando un partido no logra esa mayoría absoluta y tiene que recurrir al juego de los pactos con las minorías para gobernar –que también son legítimos, siempre que no lesionen gravemente los intereses nacionales- es cuando la democracia comienza a adulterarse, sobre todo si, como ocurre en el momento en que vivimos, el gobierno se empeña en gobernar con la prepotencia del que tiene detrás un respaldo ampliamente mayoritario.

En esa oleada de ataques que sufren el Partido Popular desde el 11M y José María Aznar, aunque ya esté retirado de la política, parece olvidarse que la mayoría absoluta que el PP logró en las elecciones del 2.001 se debió a la mesura y al tacto con que gobernó en minoría desde 1.996. En esos cuatro años el gobierno minoritario cambió el signo socioeconómico de España, saneó el oneroso déficit público, creó empleo, hubo paz entre empresarios y sindicatos, garantizó las pensiones de jubilación y llevó a España a un lugar preeminente en el concierto europeo. No hubo en esa legislatura ni un solo proyecto de ley polémico o contrario a la voluntad de la mayoría de los españoles. Y si comparamos esto con la forma de gobernar que exhibe el Partido Socialista Obrero Español puede apreciarse fácilmente la diferencia.

José Luís Rodríguez Zapatero llegó al poder por las circunstancias que todos conocemos y que no pueden calificarse de milagro en alguien que sostiene una lucha soterrada con la Iglesia. Una serie de pactos, más o menos secretos, de promesas confidenciales y de maniobras políticas, le aportaron unos apoyos que lo han dejado en manos de los nacionalismos radicales, pero que a la hora de las votaciones en el Congreso le permiten gobernar como quiera, menos en los casos en que gobierna como quieren sus socios.. Y ahí comienza la adulteración de la democracia, porque Zapatero, hombre de palabra fácil y memoria suficiente para usar las frases y los conceptos que le marcan sus asesores, sin comprometerse nunca en una postura clara ante las cuestiones polémicas que se le plantean, ha terminado por creerse que es el dueño absoluto de la voluntad nacional, creencia en la que le siguen sus ministros, ministras y colaboradores cercanos.

Bajo una bandera, ondeada hasta la saciedad, de que gobierna para darle a los ciudadanos libertad, paz, rectificación de desigualdades, esperanzas para el futuro y prosperidad, todo lo que en realidad ha hecho el gobierno en el año que lleva en el poder ha sido derogar lo que había hecho el gobierno anterior, retirar las tropas españolas de Irak a costa de la enemistad con Estados Unidos –son patéticos los esfuerzos de los ministros Moratinos y Bono para tratar de restituir las relaciones- realizar lo que ha llamado pomposamente “un acercamiento a Europa”, consistente en aliarse con Francia y Alemania –las dos naciones que precisamente esta semana se han negado a que la Unión Europea prorrogue por seis años la pérdida de los Fondos de Cohesión para España (¡vaya amigos que se ha echado Zapatero!) y ofrecerle su fórmula mágica de amistad y diálogo al Rey de Marruecos, dejando a los saharauis en la estacada y sin lograr que Marruecos ponga freno al aluvión de pateras que llegan en trágicas circunstancias a las costas españolas.

En cuanto a la política nacional, lo que va de legislatura es bastante pobre. Se han derogado las leyes del gobierno anterior sobre el Plan Hidrológico Nacional y la Educación, sin alternativas factibles hasta ahora; se ha propiciado un enfrentamiento gratuito con la Iglesia al suprimir las clases de religión en las escuelas públicas y sigue sin resolverse el gran problema que representa para la unidad de España las demandas secesionzotas, con una vaga promesa de reforma constitucional y estatutaria que todavía nadie sabe en qué consiste se ha derogado la Ley por la que un presidente autonómico podría ir a la cárcel si convoca un referéndum ilegal e inconstitucional, para darle a Ibarreche más alas en sus descabellados proyectos.

Sin embargo, usando esa feble pero eficaz prepotencia parlamentaria, se han promulgado leyes tan polémicas y escandalosas como la legalización del matrimonio entre homosexuales y la nueva ley de Divorcio. Así como la ambigüedad de las posibles reformas constitucionasles y las demandas de los radicales separatistas son una amenaza a la unidad de España, las leyes de los matrimonio homosexuales y del divorcio son un ataque en toda regla a la familia como institución, que es desde tiempos inmemoriales y en todas las religiones el cimiento de la sociedad humana. Eso si es adulteración pura y dura de la democracia, porque ante la enorme polémica que estas leyes han desatado tanto en España como en el extranjero, las explicaciones del gobierno, especialmente las expresadas reiteradamente en los medios de comunicación por José Rodríguez Zapatero y su ministro de Justicia Juan Fernando López Aguilar, no se tienen en pié porque se basan en una deformación de los hechos. Esgrimen que eso estaba en su programa electoral y que es una demanda mayoritaria de la sociedad, con la que se quitan las barreras de discriminación que sufría el colectivo de homosexuales, equiparándolos así con el resto de los ciudadanos. Pues bien, el hecho de que figuren en un programa electoral no es argumento suficiente para decir que han sido aceptadas mayoritariamente, porque la suma de los votos del PSOE es muy inferior al resto de los partidos que no lo mencionaban. Los que demandaban el casamiento homosexual son los que integran ese grupo, que las estadísticas cifran en cuatro millones, o sea, el 10 por ciento de la población española. Por el contrario, la Iglesia católica, que cobija a la inmensa mayoría de los españoles, el Consejo de Estado y el Consejo del Poder Judicial, se han opuesto a esta ley por razones tanto religiosas y de ética social como por los problemas jurídicos que conlleva., asó como la opinión pública, pese a que Zapatero y sus colaboradores se empeñen en hacer ver lo contrario. La polémica está en la calle y solo basta tener oídos para escuchar las críticas.-

Hay que partir de la base que en el momento en que vivimos los homosexuales no están discriminados, aunque a ellos parece que les va bien alardear de victimismo. Existe ya una legislación en su favor, como el Registro de Parejas de Hecho, creado por cierto por el Partido Popular, en el que se les otorgan todos los derechos civiles que tienen las demás parejas heterosexuales- Todo lo que sea ahondar en esa legislación para perfeccionarla está bien, pero abrirles las puertas a una institución como el matrimonio es un atrevimiento que raya en la aberración porque va contra todas las leyes naturales de la familia. Con esta ley, España se cuelga la rechazable medalla de ser el primer país del mundo en esta nateria, porque aun cuando ya está autorizada la unión civil de homosexuales en Dinamarca, Noruego y Bélgica, así como en algunos “landers” de Alemania, como Berlín, no es un matrimonio propiamente dicho, porque los “contrayentes” firman un contrato de convivencia ante un notario, contrato que después re
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