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Época II - Año XIV Edición Nº 4189
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 viernes, 31 de octubre de 2014 ESPAÑA
Sumario
Cartas al Director
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Hugo Alberto de Pedro (Buenos Aires)
M UCHOS nos estamos preguntando sobre las oportunidades que los ciudadanos tenemos para manifestarnos frente a determinadas decisiones de la Justicia en la República Argentina. La mayoría de nosotros hemos sido educados y aprendido en la creencia de que la justicia era el camino imprescindible y necesario para que no existan abusos del poder y donde se deberían dirimir las diferencias entre partes encontradas en los pleitos.

Desde hace muchos años, con más fuerza desde el advenimiento del menemismo, hemos comprobado como el Poder Judicial pasó a ser un apéndice más del Poder Ejecutivo, al cual respondía desde su máximo órgano institucional, la Corte Suprema de Justicia de la Nación como también los Juzgados Federales. Claro está que en los tribunales superiores provinciales la situación no era para nada diferente a la verificada a nivel nacional como tampoco en el resto de los tribunales inferiores.

Dos hechos judiciales han tornado al tema judicial en una cuestión que para muchos no tiene una explicación coherente y ajustada a derecho. Sencillo es comprobar el rechazo popular que han recibido las libertades otorgadas a María Julia Alsogaray y a Omar Chabán.

En el primer caso, lo que está en juego es, ni más ni menos, la forma que la ex plurifuncionaria se enriqueció indebidamente y ha violado reiteradamente sus deberes públicos de forma debidamente comprobada.

En el segundo, la razón de la contrariedad ciudadana está enfocada en comprobar que alguien que ha sido responsable directo, y que sabemos que hay muchísimos otros más, de una masacre que costó la vida de dos centeneras de personas no permanezca preso hasta el día de su juicio.

Sería demasiado vasto entrar en los miles de ejemplos que demuestran que existe una justicia para los poderosos de cualquier tipo y otra que se aplica con el máximo de los rigores para los que son parias, o sea el común ciudadano del pueblo.

Por supuesto que estamos de acuerdo con los criterios garantistas en la justicia, ya que son la base de eliminar cualquier posibilidad de avanzar más allá de lo que establece la Constitución Nacional y la legislación toda. Pero son las mismas leyes las que establecen que ante determinados delitos la justicia debe actuar de forma tal de garantizar la correcta aplicación de la ley y asegurar el debido proceso, fundamentalmente en las instancias de instrucción donde se producen la mayor cantidad de elementos que deberán ser evaluados judicialmente.

Es definitivamente muy poco serio, peligroso sin dudas, que sean los otros poderes del Estado los que tengan que poner límites a la mala actuación del Judicial, sin entrar en la consideración de aquellos casos en que los magistrados desempeñan mal su función, cometan delitos en ejercicio de ellas o cometan crímenes comunes. Lo que es inmoral son los aprietes y los condicionantes a los que son sometidos los jueces y que desgraciadamente éstos aceptan y silencian.

La condición de jurar por el buen y legal desempeño de sus obligaciones en la administración de la justicia es necesario para adquirir la condición de juez, más allá de los requisitos profesionales y personales. Es decir, muy poco es lo que le exige la República a un juez, y así y todo son muy grandes sus incumplimientos que hacen que el ciudadano perciba un estado generalizado de injusticias.

Debe terminar en la Argentina la necesidad que los más débiles tengan que peregrinar por los tribunales de la Nación exigiendo y reclamando que se haga justicia, porque la justicia, pese a quien le pese, es única y no debe ser aplicada según las pertenencias de clases.

La participación ciudadana en la cosa pública, tan negada desde la democracia representativa, seguirá siendo la llave que abra las puertas de la verdad e inicie los caminos necesarios para que cambie el actual estado de cosas. Es responsabilidad de la ciudadanía terminar con los múltiples focos de corruptela y prebendas que imposibilitan la construcción de una Nación que respete los derechos e intereses inalienables del común de la gente. Ésta responsabilidad debe ser tomada en nuestras manos y necesariamente ser arrebatadas al poder, ya que éste no tiene la más mínima intención de cambiar las reglas de juego y solamente se contenta con vacíos discursillos cada vez menos creíbles.

Las virtudes de la Justicia están en la equidad, la razón y el derecho, y será a partir de ellas que deberá refundarse el sistema judicial argentino, todo lo demás son pamplinas.

La cuestión pendiente es terminar con la “injusticia”, acabar con la Justicia sin Justicia que es sin más la Justicia de los más fuertes.
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