P
OR si quedaba alguna duda, la intervención del presidente del Gobierno en la sesión de control del Senado dejó meridianamente clara la incapacidad del actual Ejecutivo para explicar racionalmente a sus ciudadanos cuales son las vigas maestras sobre las que descansa su proyecto de organización territorial del Estado y cual su perspectiva de conjunto sobre las reformas estatutarias previstas. Incluso la acusación de “fundamentalismo”, aplicada a los populares por usar el concepto Nación con fines partidarios, no viene sino a corroborar la endeblez argumental aplicada en el recorrido hacia la modificación de la Carta Magna prevista en el programa con el que concurrió el PSOE a las elecciones del 13 de mazo. Porque, si se habla de un “proyecto común” (¿ya no es “sugestivo”?) cuya característica definitoria es la de residenciar la soberanía nacional en el conjunto de los ciudadanos, bajo el prisma de su expresión inequívoca en la unidad del Estado como garante de la propia identidad histórica, no estamos ante un problema de interpretación nominalista, sino de claridad idiomática. De ahí que, aunque mucho le pese a la vicepresidenta primera, cambiar “nacionalidades” por “naciones” es una modificación sustantiva de la Constitución, con evidentes repercusiones en el tratamiento posterior aplicable.
Además de ser un recurso turbio de filibusterismo político. Una Nación no puede albergar en su seno tantos proyectos --¿comunes?-- cuantos quieran las partes, ni puede residenciar por parcelas la indivisible soberanía del conjunto, ni puede establecer mecanismos auto-determinantes donde no existe voluntad de independencia. Quiere decirse que, en efecto, en el plano de la teoría política --en la que tan docto se muestra el profesor Rodríguez-- es perfectamente lícita la discusión sobre las diversas interpretaciones conceptuales que a cada uno le merezca el campo analítico, a condición de no utilizar sus instrumentos como emboscadas. Evidentemente, son múltiples las argumentaciones que cuestionan la construcción del Estado moderno, como diversas son las que se vierten sobre el concepto de nación, o el de soberanía, o el de democracia o el de los derechos humanos, etc., etc. Pero, cuando se habla –por ejemplo— de “proyecto común” estamos hablando un concepto perfectamente claro en la definición de algo conocido, absolutamente incompatible con la afirmación contraria de que en él caben otros “proyectos diferenciales”, porque entonces ya no hay proyecto “común”; a menos que se haya descubierto la cuadratura del círculo o la reducción al absurdo en el uso del idioma.
Naturalmente, los nacionalismos “particularistas” –como los definiera Ortega– lo dicen con mucha mayor claridad y saben perfectamente de lo que hablan. Cuando introducen en sus Estatutos comunitarios el concepto “nación”, quieren expresar con plena lógica lingüística su vocación irredentista frente al “proyecto común” que ellos no consideran propio; cuando exigen la “autodeterminación” como derecho irrenunciable de sus pueblos, saben perfectamente que, con ello, no solo afirman una identidad colectiva alimentada en el “victimismo” y la “opresión” de la metrópoli, sino que declaran sin tapujos su vocación irredentista hacia la construcción de un Estado-nación propio; cuando luchan por el reconocimiento internacional de sus “peculiaridades” deportivas, comerciales, culturales, idiomáticas, consulares y jurídicas, están proyectando un imaginario de resonancias telúricas sobre los rasgos diferenciales de “su” colectividad, distinta –y distante, por supuesto— del considerado “proyecto común”.
Lo que no se les ocurre plantear, porque lo impide la lógica del conocimiento, es trasladar elementos conceptuales característicos de la sociedad estamental al debate científico sobre la construcción del moderno Estado de Derecho. Lo que no suelen hacer, porque saben que lesiona el mas elemental principio del sentido común, es proyectar la diferencia autóctona como base substantiva hacia espacios de integración supranacional. Y lo que no parecen inclinados a soportar, desde ninguna coordenada medianamente coherente, es relativizar la idea misma de “nación” y “naciones” para extraer el corolario, verdaderamente peregrino, de que “no pasa nada” por ello. ¿De veras creen el señor Rodríguez Zapatero y la señora Fernández de la Vega que “no pasa nada” con sus desconcertantes simplificaciones?
Al enfrentarse al debate de investidura, el actual presidente del Gobierno consagró el mecanismo del diálogo como exigencia de su gestión y apuntó, con extraordinario éxito publicitario, un nuevo “talante” para desarrollar los contenidos programáticos en el ejercicio de la acción de gobierno. Visto su congénito desprecio a los discrepantes, su enciclopédica capacidad para infravalorar a los oponentes y su no menos incoherente disposición a confundirse de escenario cuando trata de abordar los asuntos de la política exterior e interior, está claro que los dos registros emblemáticos de su gestión han quedado erosionados a tan sólo seis meses de enunciarlos. No por falta de voluntad, seguramente, sino por un desconocimiento abrumador de las responsabilidades contraídas
|