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| Firmas Invitadas - Edición Nº 143 Semana del 26/11/2004 |
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| Taparlo todo y pelillos a la mar | |||
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ESTE lunes pasado han comparecido ante la Comisión de investigación del 11-M, el teniente coronel Bolinaga, el general Laguna, y su sustituto el coronel Búrdalo.
La supuesta finalidad de estas comparecencias era arrojar luz sobre el escándalo de la cinta grabada por el agente Campillo al confidente Lavandero, ausentes en la comisión por prohibirlo el PSOE. En la comparecencia, Bolinaga no le dio importancia a la grabación, Laguna dice que se enteró por la prensa y Búrdalo dijo que hubo negligencias. Pero un informe de la (siniestra) UCO, que enarboló el general Pedro Laguna, pone en evidencia al coronel Hernando. Supone un dato nuevo muy interesante que profundiza en la trama asturiana de la espantosa matanza del 11-M. Acerca la Operación Serpiente, iniciada por la Guardia Civil a raíz de que el benemérito agente Campillo hablara (y grabara) a Lavandero, el general Laguna, increíblemente manifestó no tener noticia de ella hasta 18 meses después, en febrero de 2003, en una reunión de coordinación entre las dos comandancias asturianas. En esa reunión decidió que la Comandancia de Oviedo se encargara de la investigación relativa a las confesiones de Nayo contra Toro y Trashorras. Así se lo contó el capitán Montero, de la Policía Judicial de Gijón, que a su juicio era quien debía habérselo comunicado a su superior, Rodríguez Bolinaga. Laguna, como hemos dicho, encargó la investigación a la comandancia de Oviedo (mandada por Aldea) y que no era la que seguía a los mineros, pues este seguimiento lo habían iniciado en la comandancia de Gijón mandada por Bolinaga. Esta investigación no la realizaron solos los agentes de la Comandancia de Oviedo, pues según las declaraciones de Laguna se hicieron junto con los de la (siniestra) UCO, que destacó desde Madrid a dos de sus agentes. Explicó Laguna que en esa operación había cinco oficiales un teniente coronel, un capitán, los dos oficiales de la UCO, además de los de Oviedo. El general Laguna dio a conocer una segunda nota de la (siniestra) UCO de fecha 6 de marzo de 2003. En ella se decía que Toro y Trashorras tenían conexiones con mafias organizadas de ámbito nacional. Sin embargo, En la comparecencia ante la comisión del 20 de julio, el coronel Hernando, Jefe de la UCO dijo que después del día 27 de febrero de 2003, fecha en que remitió esa nota informativa en la Comandancia de la zona de Asturias, ni él ni la UCO habían tenido ninguna relación, contacto, conocimiento de investigación o algo por el estilo, relacionado con los explosivos. El informe revelado por Laguna es posterior a esa fecha. Dijo este lunes pasado, 22 de noviembre, que la operación conjunta duró cinco o seis meses más y que no era una operación en Asturias. Manifestó esta información en su respuesta al representante del PP, del Burgo, que reprochó al ex alto mando de la Guardia Civil asturiana que, habiendo dos notas de la UCO sobre la actividad delictiva de Trashorras y Toro no se pusiera en marcha una investigación judicial. Laguna lo justificó manifestando que no había nada para trasmitir a los fiscales, pues él no tenía conocimiento de lo que se estaba haciendo hasta el mes de abril. Aseguró asimismo que esta nueva nota de la UCO no le fue entregada a él personalmente pues no era una operación en Asturias, no era local. El representante de los populares le preguntó que si teniendo conocimiento de que había una trama de tráfico con explosivos, cómo los investigadores no se preguntaron quiénes podían ser los clientes de Toro y Trahorras y si no llegaron a pensar que pudieran ser grupos terroristas. Contestó Laguna, que creía que en un tema delincuencial de término medio y localizado nunca se ha puesto en contacto con grupos terroristas. No había noticias de la conexión con los moros, eso no sale en las investigaciones. Las alarmas no sonaron en ninguna de las investigaciones de Asturias. Del Burgo replicó que si se habla de tráfico de drogas, éstas llevan directamente a los moros. Laguna manifestó que su responsabilidad era entregar el escrito a los responsables asturianos del operativo. Nadie le insistió sobre el tema ni se quejó de que hubiera problemas para poner en conocimiento del Juez la investigación. Al preguntarle Del Burgo por qué no se lo dijeron a la Justicia replicó que “a mí no me lo pregunte”. Asimismo, Laguna se refirió también a la operación contra ETA que se realizó en Mieres en diciembre de 2003, cuando agentes antiterroristas investigaron si tenía la banda terrorista un piso franco después de haber hallado una foto de un tren en una furgoneta de la furgoneta interceptada en Cañaveras (Cuenca). A preguntas del representante del PSOE, Álvaro Cuesta, contestó que esta información no se correspondía con ninguna realidad y no había tenido conocimiento. Del Burgo le recordó la información publicada en la prensa asturiana en marzo de 2004 en la que se decía que unos agentes habían estado en Mieres enseñando a los lugareños la fotografía de la locomotora y de dos terroristas de ETA para tratar de averiguar si habían estado allí. El general Laguna terminó diciendo que los mandos de la Guardia Civil no habían formado parte de una corrupción de trapicheos de drogas, prostitutas, tráfico de coches y explosivos, y es prueba de ello que el Gobierno anterior ha condecorado a sus representantes por la lucha contra delincuencia, ni mucho menos han formado parte de esa maquinaria de una conspiración política. Sin capacidad de defensa se están extendiendo estas insidias, sin prueba alguna, en algunos medios de comunicación. Barbaridades que nadie en su sano juicio puede defender salvo mentes enfermizas. Lo que han hecho es trabajar con seriedad, lamentando más que nadie no haber tenido éxito en las investigaciones. En medio de estas nuevas revelaciones, el Ministerio del Interior ha remitido una orden a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en la que se insta a sus mandos a no hacer declaraciones sobre el 11-M hasta que no terminen los trabajos de la comisión de investigación. La proposición de matar al confidente Lavandero que reveló a la Guardia Civil la implicación de Trashorras y Toro en el tráfico masivo de explosivos se hizo a raíz de la denominada Operación Pipol, llevada a cabo en julio de 2001 y en la que los dos resultaron detenidos. La actuación policial, realizada después de que Lavandero denunciara a los dos ante la Policía, se inició por funcionarios de la Brigada de Estupefacientes de Gijón y en ella también intervino la de Avilés, a cuyo mando estaba el inspector jefe Manuel García, Manolón. A partir de ese momento, Trashorras, que no ingresó en la cárcel, a diferencia de su cuñado, se hace confidente de este responsable policial de Avilés. Por esta operación tuvo que prestar declaración el lunes desde la prisión de Aranjuez Rafá Zouhier mediante videoconferencia ante el juzgado número 1 de Gijón. Durante su interrogatorio reveló la presunta petición de Trashorras y su mujer para asesinar a Lavandero. Explicó que el matrimonio le propuso asesinar a un chivato, aunque en ningún momento le facilitaron la identidad de la persona a la que querían matar. Zouhier dijo que tras conocerse la grabación de Lavandero no tiene duda de que la pareja se refería a éste. Esta afirmación de Zouhier concuerda con los temores que tenía Lavandero en la grabación relacionados en el sentido de que tanto Trashorras como Toro habían sido alertados de las denuncias que había formulado contra ellos a la Policía. Según dijo Lavandero, Trashorras le reprochó que les acusara de traficar con explosivos y le dijo que lo había sabido mientras cenaba con un jefe de Avilés. Al conocer las filtraciones de la Policía, fue cuando Lavandero decidió ir a la Guardia Civil. En su grabación se quejaba de haber hablado con ellos, lamentando su falta de profesionalidad. La Jefatura Superior de Policía de Asturias abrió una investigación interna, al mismo tiempo que la Guardia Civil, para conocer las relaciones que el confidente Lavandero pudo tener con agentes de las comisarías de Gijón y Avilés, después de darse a conocer a la opinión pública las transcripciones y el contenido íntegro de la cinta. Recordemos que la denominada Operación Pipol permitió a la Policía incautarse de 84 kilos de hachís, 3 kilos de cocaína, así como marihuana, pastillas y sustancias para cortar la droga, junto a 16 cartuchos de Goma 2 ECO y 94 detonadores eléctricos de diferentes tipos. Este “consumado” estaba escondido en un garaje en Avilés, alquilado por Toro Castro y Suárez Trashorras. Este último empezó a colaborar con el inspector jefe Manuel García, y pocos días después facilitó un servicio, que se saldó con cinco detenciones y dos kilos de cocaína y heroína. Antonio Toro, ingresado en prisión, salió a finales de año en libertad provisional de la cárcel de Villabona, en donde estableció contacto con Rafá Zouhier. Como suele ser costumbre en España entre las personas públicas que tienen responsabilidades, ninguno de los tres magistrados que en 2002 excarcelaron a Allekema Lamari ha podido dar explicación de por qué pusieron en libertad dos años antes de lo debido a este terrorista argelino que está considerado uno de los presuntos cerebros de los atentados del 11-M. En la memoria de los jueces dicen no encontrar un solo dato pues es difícil recordar el proceso material que llevó a esa decisión, pues hay que tener en cuenta que cada mes se resuelven entre 10 y 20 peticiones de libertad, buena parte de ellas de personas con nombre extranjero. En fin, cosas por el estilo que han dicho los magistrados al Consejo General del Poder Judicial, que les solicitó informes individuales sobre la puesta en libertad de Lamari. Lamari, detenido e ingresado en prisión en abril de 1997, fue condenado el 26 de junio de 2001 a un total de 14 años de prisión por su implicación en terrorismo islámico. Se le impusieron diez años de cárcel por banda armada, dos años por tenencia de armas y otros dos por tenencia de útiles para la falsificación de documentos. La Sección Tercera, la misma que le condenó, le puso en libertad el 29 de junio de 2002, 25 días antes de recibir la sentencia del Supremo que confirmó parcialmente la condena. La puesta en libertad de Lamari fue un error, según ha admitido el presidente de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, en un informe remitido al Consejo General del Poder Judicial. Por otra parte, el Tribunal Supremo ha anulado las sanciones de suspensión impuestas por el CGPJ a los tres magistrados de la Audiencia Nacional que en diciembre de 2001 excarcelaron al narcotraficante Carlos Ruiz Santamaría, El Negro, que como era su obligación se dio a la fuga. El Tribunal ha considerado que el Consejo se excedió en su medida disciplinaria. El Negro había pagado cinco millones de pesetas por su libertad bajo fianza con la acusación de introducir en España 10 toneladas de cocaína. Lo que nunca más se supo. Habida cuenta la situación en la que se encuentra esta España nuestra, no nos extrañaría que también los detenidos por el 11-M queden en libertad lo más pronto posible y sin cumplir sus condenas. O bien acaben suicidados en sus celdas. El ambiente político/judicial que se respira es taparlo todo y pelillos a la mar. Sólo nos queda algún sector de la prensa. |
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