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  Firmas Invitadas - Edición Nº 172
Semana del 6/17/2005
El Estado de Derecho socialista


José Meléndez
E L Estado de Derecho es la salvaguarda que tiene la sociedad contra todo lo que pretenda conculcar sus derechos y atente a la convivencia pacífica quebrantando las leyes del ordenamiento jurídico. Pero también implica que la ciudadanía acate esas leyes y respete las decisiones judiciales cuando estas se basan en los principios de justicia y defensa del bien común. Estas decisiones son la tarea de los juristas, jueces, fiscales y abogados, que deben extraer de la flexibilidad y complejidad de las leyes, a veces intrincada, lo que sea justo y adecuado para cada caso Por eso caben los derechos de recurso ante un tribunal superior y por eso tienen los ciudadanos derecho a saber por qué se ha pronunciado una sentencia que consideran errónea y a formular preguntas para que se le aclare.

Me atrevo a asegurar que el ochenta por ciento de los ciudadanos españoles –el resto pertenece al País Vasco y a los que el Estado de Derecho les trae al fresco-, se preguntan como un asesino terrorista, José Ignacio de Juana Chaos, cargado de crímenes y con una sentencia de cerca de tres mil años de cárcel a cuestas, pueda estar a punto de salir a la calle, en plena libertad y otro terrorista etarra, Jon Tapia Irujo, implicado en asesinatos y secuestro, condenado a noventa años de cárcel, disfrute ya de libertad absoluta desde el pasado mes de abril, gracias a la redención de pena conseguida por el tremendo esfuerzo de escribir un libro. Además, están en puertas para irse a su casa –oa su guarida- otros etarras no menos sanguinarios como José Antonio López Ruiz y Domingo Troitiño.

Hay varias respuestas a esa pregunta y la primera es que cuando la política entra en el Estado de Derecho, rompiendo la sagrada fórmula de la separación de poderes -ya dijo Alfonso Guerra hace muchos años que Montesquieu estaba muerto- ocurren las cosas que están pasando ahora. Desde que el PSOE accedió al poder en 1,982, ha sido una constante su obsesión por tratar de controlar a la judicatura y como prueba baste con recordar la frase de Felipe Gonzalez, captada por un micrófono indiscreto: “¿Es que no hay nadie que le diga a los jueces lo que tienen que hacer?”. Y cuando el PSOE ha vuelto al poder no perdió tiempo en pasar por el Congreso una ley que otorgaba al Parlamento la facultad del nombramiento de miembros de los Altos Tribunales, en contra del criterio del Consejo General del Poder Judicial, asegurándose así el partido gobernante que a esos importantes sillones iban personas afectas o simpatizantes. Esa misma división del Consejo, del Supremo y del Constitucional en conservadores y progresistas, aceptada ya por la rutina, es una erosión del Estado de Derecho, pues en los hombres encargados de velar por él no puede haber más guía ni más condicionamientos que el de la aplicación de los códigos. Se creó la Asociación de Jueces para la Democracia en los primeros momentos de la Transición, pero ahora no tiene sentido, porque jueces de la democracia son todos los que visten una toga.

Desde el lamentable fallo del Tribunal Constitucional sobre la expropiación de Rumasa hasta ahora, los gobiernos socialistas han mostrado un especial empeño en dirigir los pasos de la judicatura. Y se ha visto claramente con la sucesión de desplantes a las sentencias judiciales de los políticos vascos, con la negativa a ilegalizar al Partido Comunista de las Tierras Vascas, sucedáneo de Batasuna-ETA –que le va a terminar saliendo muy caro a José Luís Rodríguez Zapatero- y con la actuación del Fiscal General del Estado, Conde Pumpido, desde su inhibición en los problemas jurídicos vascos hasta su defensa de los dos inspectores de policía que detuvieron a dos militantes del PP en la manifestación de las Víctimas del Terrorismo, por su supuesta agresión al ministro Bono, con el desopitante argumento de que “se detuvieron porque en las pruebas de video mostraban una actitud vociferante”. Para el juez de Instrucción, la “actitud vociferante” no quiere decir nada y acaba de archivar el caso.

El etarra Jon Tapia Irujo salió a la calle gracias a una reforma del Código Penal del entonces ministro de Justicia, José Antonio Belloch y de esa misma reforma trata de beneficiarse ahora De Juan Chaos. El gobierno de José María Aznar tenía el proyecto de que los terroristas con delitos de sangre cumplieran sus penas íntegras y este proyecto ha desaparecido en el cambio de gobierno.

La Policía está convencida, por el seguimiento que ha hecho del terrorista durante sus años de cárcel, de que De Juana Chaos no ha mostrado el más mínimo arrepentimiento y ha sido dirigente activo de los presos etarras y de que, si es liberado, se incorporará de inmediato a la dirección de la banda armada. De este criterio parece no participar el juez instructor Santiago Pedráz, que ha llegado a decir que De la Juana Chaos no pertenece a una banda armada, sino al Movimiento Vasco de Liberación Nacional. Este juez, joven, de buena presencia y larga melena, parece estar buscando notoriedad en la estela que marcó Baltasar Garzón y ya tiene en su haber algunos hechos notorios, como imputar a cinco policías antidisturbios por su actuación ante una violenta manifestación de Herry Batasuna en 1.990 y tratar de someter a cien policías de uniforme y sin personal de relleno en una rueda de reconocimiento ante etarras.

Sobre esta posible excarcelación, el portavoz socialista Diego López Garrido ha afirmado que su partido respeta las decisiones judiciales, pero el Fiscal General tiene recursos a su alcance dentro del ordenamiento jurídico. Pues a ver si es verdad.
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