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  Firmas Invitadas - Edición Nº 146
Semana del 17/12/2004
La verdad no ha dicho la última palabra


José A. Baonza
P OR si alguna duda quedaba en la recámara de la Comisión que investiga la masacre del 11-M , la comparecencia de Rodríguez Zapatero el pasado 13 de diciembre ha definido las verdades oficiales a las que se tendrán que ajustarse las conclusiones que se elaboren: primera, la guerra de Irán marcó el inicio del terrorismo islámico contra España, deducido de su rechazo ideológico a una invasión imperialista capitaneada por el “trío de las Azores”; segunda –opinión que se sustenta en la anterior conjetura --, es imposible que hubiese conexión alguna entre el fundamentalismo árabe con el de ETA por la sencilla apreciación de que persiguen distintos objetivos, aunque sus métodos puedan parecer semejantes; tercera –corolario de obligada interpretación-- el gobierno Aznar promovió un “engaño masivo de la ciudadanía”, al no aceptar como hechos probados la línea argumental precedente, que tan nítidamente supieron transmitir los socialistas –perfectamente aleccionados por Rafael Vera y Telesforo Rubio-- y tan “espontáneamente” supieron difundir las ondas del Grupo PRISA y el resto de terminales instaladas en IU, ERC, PNV y NB.

¿Hechos probados en los días 11, 12 y 13 de marzo? Solamente hubo y hay uno: el asesinato de 185 victimas inocentes y las heridas, lesiones, y padecimientos que soportaron el otro millar largo de ciudadanos pacíficos que se dirigían a sus centros de trabajo o a sus lugares de estudio en aquellos fatídicos trenes que se dirigían hacia la estación de Atocha. A los diez meses cumplidos de aquel espantoso crimen (monstruoso, aterrador, sangriento, vesánico, cruel, inhumano, indignante), sigue siendo el único hecho fehaciente, convincente e inapelable. Porque, pese al ingente trabajo desarrollado en la investigación policial en curso y en las pertinentes actuaciones del juez instructor y en las agotadoras sesiones de la Comisión investigadora, siguen instaladas en el terreno de las conjeturas, las opiniones, los indicios, las interpretaciones o las valoraciones de todos y cada uno de los agentes implicados.

¿Por qué razón, entonces, el señor Rodríguez Zapatero ha dictado sentencia inapelable sobre el caso? Los españoles tienen perfecto derecho a valorar los datos suministrados alrededor de este fenómeno y suponer, por ejemplo, que la coincidencia de dos “caravanas de la muerte” en las mismas fechas de febrero con dirección a Madrid pueden ser producto del “azar” o, por el contrario, valorarlo como un elemento definitivo sobre la complicidad de sus respectivos ejecutores. Los españoles tiene perfecto derecho a interpretar que un terrorista islámico en la cárcel de Villabona puede coincidir con un interno militante de ETA en amistosa charla sobre las excelencias del “Goma-2” frente al “Titadyne”, sin que de ello se desprenda obligatoriamente una “colaboración necesaria entre malhechores”; pero también pueden interpretar que el “azar” se diluye en el referente de los números de teléfono compartidos, en el precedentes de los campos de entrenamiento frecuentados por ETA durante mucho tiempo en los países protectores del islamismo radical o en la “oportunidad” electoral de la fecha elegida. Los españoles pueden tener indicios --incluso racionales-- de que la comisión de aquella monstruosidad fue obra exclusiva del “terrorismo islamista radical”; pero también cabe que se pregunten la razón por la que aparecen implicados Toro y Trashorras en el tráfico de explosivos enviados a Morata de Tajuña, por qué figuran altos mandos policiales en el juego sórdido de los confidentes, extorsionistas y traficantes de droga al servicio de una desalmada operación; por qué los etarras implicados en la explosión de Santander o los que planificaron la colocación de explosivos en las estaciones de Chamartín y Baqueira Beret contaban con una estructura y aparato logístico tan coincidente con el de los ejecutores del 11-M.

No se engañe el señor presidente. Los interrogantes siguen en pie, las especulaciones son libres y las tareas de los cuerpos y fuerzas de la Seguridad del Estado, junto con las de la instrucción judicial, no han dicho –todavía-- la última palabra, y, por lo tanto, la labor investigadora de la Comisión no ha hecho bien su trabajo y su cierre apresurado no haría sino añadir incertidumbre sobre lo acontecido para incrementar la sospecha de manipulación torticera sobre las conclusiones, tan segadas como parciales. Así lo perciben, incluso, los propios representantes de las victimas, quienes en su emotiva comparecencia del día 15 de diciembre piden a los partidos, no solo que dejen de usar a los muertos como arma arrojadiza, sino también que continúen la búsqueda de la verdad porque –todavía-- no se ha probado ningún dato relevante que sirva para aclarar lo sucedido antes, durante y después del 11-M. Tanto la señora Manjón como el señor Alcaraz explicaron con total claridad a sus señorías que no es lícito acabar con la Comisión parlamentaria por decreto, ni se pueden alcanzar conclusiones definitivas con quienes se han apuntado a la diferenciación de las victimas por la filiación de sus asesinos. Aunque esa sea la exigencia que imponen los socios parlamentarios del PSOE, principalmente los señores Llamazares y Carod Rovira, cuyo nivel de dignidad, respeto, sentido democrático y valor humanitario les permite la connivencia con toda suerte de terrorismos nacionales, internacionales, fundamentalistas o esencialistas; siempre, claro está, que sus objetivos vayan dirigidos a socavar los valores del mundo libre.
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