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ARA no perder comba en eso que Felipe González acaba de bautizar como “peligro de centrifugación en España”, en Baleares se ha constituido un “comité de sabios” con el encargo de dictaminar sobre la reforma del Estatuto de Autonomía.
Llamar “comité de sabios” a un grupo de personas que lo único que han hecho es arrimar el ascua a la sardina de su partido político, no sólo es un divertido eufemismo, sino una solemne majadería.
No conozco la lista completa de las personas que componen ese comité e ignoro también si hay sabias entre los sabios o, por el contrario, sólo incumbe a los machos de mi patria chica la reforma del Estatuto autonómico. Lo que no me parece correcto es llamar “sabio” al que pone su talento, que no su talante, al servicio del partido político en el que milita y cobra. Siempre he creído que ser sabio era estar por encima de toda cuestión sectaria y parcial. El sabio no se somete a ninguna disciplina de partido y toma por bueno lo que es bueno, aunque lo haya dicho primero su adversario político y por malo lo que es malo, aunque lo propugne su propio partido.
Así las cosas, nos hemos encontrado con que en el comité de marras, había dos bandos bien definidos: los catalanistas y los españolistas.
Siempre me han parecido tontos del culo, aquellos catalanes que se autodefinen como catalanistas, igual que aquellos españoles que dicen ser españolistas. Así como sería una imbecilidad decir que los franceses son francesistas o los alemanes, alemanistas, también es una imbecilidad decir que los que, por fortuna somos bilingües y hablamos y escribimos en catalán y en español somos o catalanistas de izquierdas o españolistas de derechas. Esa imbecilidad es la que se deduce del dictamen que acaba de dar nuestro comité de imbéciles, arropado, naturalmente por los medios de comunicación afines y diametralmente opuestos.
Tiene razón mi tocayo Juan Urrutia, cuando dice que no hay que insultar al prójimo en nuestros artículos de opinión, pero, en vista de lo que acaban de dictaminar los “sabios” del comité balear, no me resisto a decir que, en mi opinión, no hay ni uno que merezca el calificativo de sabio. Son todos una manada de bueyes, abocados al pesebre de los presupuestos generales del Estado.
Comentaré sólo un detalle de su solemne parida, el que se refiere a la obligación de saber catalán para vivir en la Comunidad balear.
De hecho, los dos representantes de izquierdas, a saber, los comunistas de Esquerra Unida (EU) y los nacionalistas del Partit Socialista de Mallorca (PSM) dictaminan que el conocimiento -y el uso- del catalán sea obligatorio para todos los habitantes de las Islas Baleares, fundándose en el artículo 3 de la Constitución que prescribe el deber de todos los españoles de conocer el castellano. Su argumento es el agravio comparativo. Por su parte, tanto los sabios del PP, que es el partido gubernamental en Baleares, como los del PSOE-PSIB y los de Unió Mallorquina, también nacionalistas, pero menos, defienden el bilingüismo y sólo hacen hincapié en lo del artículo 3 de la Constitución. A propósito de ese artículo 3, el periodista Antonio Alemany ha ecrito un artículo en el que dice textualmente: “… precepto que estimo inconstitucional -que nadie se escandalice: son posibles los artículos inconstitucionales en una Constitución- entre otras razones porque nadie, ni la Constitución ni el “sursum corda” puede obligar a un ciudadano a que hable o conozca una lengua, cualquier lengua. Políticamente, esta obligación me parece, además de innecesaria, impropia de un texto constitucional: para el Estado la lengua oficial se define como «oficial» para asegurarse el conocimiento y cumplimiento de sus leyes y punto. Y para ello basta parafrasear el artículo 6 del Código Civil advirtiendo que la ignorancia de la lengua oficial no excusa el cumplimiento de las normas.. No hace falta más. Bueno, sí hacía «falta más» para el comunista Ignacio Ribas que quería transcribir el artículo de la Constitución sólo que referido al catalán, agravándolo, es decir, persiguiendo jurídicamente al que no supiera catalán…”
Desde diversos frentes, se ha rebatido a esta comisión de sabios: De los cuatro diarios que se publican en Palma, hay dos en un bando y otros dos en el contrario.
Hay una cuestión que, sin ser vital, apasiona más que ninguna: La denominación de la lengua que aquí se tiene por propia. La gente, en general, sin complejos de ninguna especie, dice que la lengua de esta comunidad autónoma es el mallorquín, el menorquín y el ibicenco. Los filólogos y científicos, que no los catalanistas radicales, estudian y definen los lazos lingüísticos que unen a Baleares, valencianos y catalanes y promulgan, como es su obligación, la unidad de la lengua. Cabe afirmar, con toda claridad de conceptos, que el mallorquín, menorquín, ibicenco, alguerés, valenciano y catalán son una misma lengua. Lo que hace estallar la gresca es lo de llamar “catalán” al “mallorquín”. Los verdaderos sabios y cualquier persona medianamente instruida sabe que la morfología, la ortografía y la sintaxis son idénticas, pero los sabios del antecitado comité sólo ponen su empeño en proclamar el nombre de la lengua – una, grande y libre – del mallorquín Ramón Llull, del valenciano Ausiàs March o del catalán Carles Riba, por citar sólo a tres clásicos de mi lengua.
Tener en cuenta lo que opina la gente de la calle es cosa que resbala a los políticos en general y, desgraciadamente, al comité de sabios en particular. En dicho comité, no ha habido ni una sola voz que defienda lo que piensan y desea la mayoría de los ciudadanos con respecto a las diversas denominaciones históricas y multiseculares de la lengua que se ha hablado siempre en Baleares, en Valencia, en Cataluña…
Si antes he llamado imbéciles a mis sabios paisanos, no ha sido por imitar a mi colega Sebastià Alzamora, último Premio Josep Pla de novela, que dijo que los que no creyesen en la unidad de la lengua catalana era unos “imbéciles y unos hijos de puta” (sic). No es eso, no.
Lo único que quería decir es que me parece una imbecilidad o, por lo menos, una pérdida de tiempo dictaminar denominaciones concretas y obligaciones estatutarias o constitucionales, y dejar que se nos muera una lengua y una cultura, por mor de unos sabios que discuten, como en la fábula, sobre si son galgos o son podencos, disfrazados de españolistas o de catalanistas.