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  Firmas Invitadas - Edición Nº 153
Semana del 04/02/2005
La encrucijada del País Vasco


José Meléndez
E L rechazo rotundo de las Cortes Generales españolas al llamado “plan Ibarreche” tras un interesante debate que propicia una profunda reflexión, no es el punto final del problema creado por el nacionalismo radical vasco, que eso es en realidad lo que este nacionalismo viene llamando “conflicto”, según han coincidido todos los comentaristas y se desprende de su desarrollo y de las intervenciones de los portavoces de los distintos grupos parlamentarios, y de sus consecuencias inmediatas como la convocatoria de elecciones anticipadas en el País Vasco. Al contrario, abre una serie de interrogantes y crea un clima en la opinión pública de que esto –como recogía el miércoles un articulista- va a terminar mal. Yo no me atrevo a afirmar tanto, pero sí admito que hay una serie de puntos, circunstancias y posiciones que obligan a un detenido análisis y, desde luego, no dan lugar al convencimiento de que el futuro próximo es esperanzador como dijo el presidente del Gobierno en uno de los mayores ejercicios de “talante” que ha realizado hasta ahora. Zapatero estuvo bien, defendiendo la Constitución española y el estatuto de Guernica ante el mayor ataque que estos dos instrumentos de convivencia han sufrido hasta ahora, incluso estuvo certero y oportuno al recordarle a Ibarreche que en la larga historia constitucional española, todas las Constituciones anteriores fracasaron al ser aprobadas con el 51 por ciento, que es el porcentaje con que el lehedakari cuenta en la sociedad vasca.

No podía esperarse otra cosa de quien ostenta la representación de la gobernabilidad de la nación. Pero esa frase suya de “si vivimos juntos, juntos debemos decidir”, junto a la falta de una clara y decidida defensa de España como Estado y, por tanto, como nación –cosa que sí hizo el portavoz socialista Alfredo Pérez Rubalcaba-, sitúan su intervención parlamentaria más como una apoteosis del diálogo que como prueba de firmeza ante un adversario que sí la tiene en no apartarse ni un centímetro del camino que se ha trazado el PNV. En su conjunto, la actuación de Zapatero fue blanda y un tanto ambigua, con la contradicción de defender el Estatuto de Guernica y, a la vez, ofrecerse a reformarlo. Han sido muchos, incluidos dirigentes de su propio partido, que han tachado el discurso de Zapatero de suave y contemporizador. El mismo Zapatero se disculpó al día siguiente en la cafetería del Congreso, ante un grupo de periodistas, diciendo que no quería un debate crispado e insultante. En cambio, Mariano Rajoy sí dio impresión de político de Estado por su firmeza, por su claridad y porque antepuso en todo momento los intereses nacionales a los partidistas. Ante un desafío como el de Ibarreche, no cabe la tibieza en la respuesta.

Está claro que Juan José Ibarreche, arropado por su plana mayor, vino a Madrid convencido de que su plan iba a ser rechazado. Eso lo sabía desde que lo diseñó. Pero este plan se concibió como un instrumento de ruptura desde que los criminales excesos de ETA, la tremenda reacción popular en el espíritu de Érmua y la victoria por la mínima en las últimas elecciones autonómicas, que obligaron al PNV a acuerdos indeseables, convencieron, primero a Arzallus y después a Ibarreche y sus halcones que había que explotar al máximo el victimismo y forzar al “gobierno de Madrid” a adoptar medidas extremas para así poder exacerbar ellos el nacionalismo de sus partidarios y erigirse en defensores de la “nación vasca”. Ibarreche dijo en el Parlamento de la nación, -que ya era un triunfo para él poder defender allí un proyecto ilegal- que venía a Madrid con la mano tendida, ofreciendo diálogo y voluntad de negociación y habló de paz y de libertad para la sociedad vasca. Poco más o menos, la tónica que sigue siempre Rodríguez Zapatero. Pero si estos conceptos en Zapatero son una postura o un talante, en Ibarreche son una falacia, como le señalaron el líder de la oposición Mariano Rajoy –que calificó el plan como una declaración de independencia disfrazada- y Pérez Rubalcaba.

Su verdadera intención era conminar al gobierno español a que, según él, diera “un portazo a las aspiraciones del pueblo vasco”. Y amenazó con las consecuencias imprevisibles de ese portazo. O sea, que una de sus manos estaba tendida en son de paz, mientras la otra escondía la daga. Tanto su primera intervención como su turno de réplica tuvieron la indisimulada intención de estar dirigidos al consumo interno en el País Vasco, a ese 51 por ciento de vascos, insuficiente democráticamente para toma de decisiones de alto rango sin el apoyo de Batasuna, que sigue presente en el parlamento autonómico a pesar de su ilegalización. Y anunció que trasladaría la palabra al pueblo vasco. Por eso, el mismo martes por la noche convocó por sorpresa una reunión extraordinaria de su Consejo de Gobierno y el miércoles anunciaba que las elecciones autonómicas tendrán lugar el domingo 17 de abril próximo y exigió que en ellas participe la ilegalizada Batasuna para que así “estén representadas todas las opciones políticas vascas”.

Ibarreche también sabe perfectamente que Batasuna no puede ser legalizada mientras no cumpla los requisitos democráticos, pero esa invitación a lo abstracto representa, en realidad, un afán de conseguir los votos de la izquierda abertzale en beneficio propio, en unas elecciones que quiere convertir en plebiscitarias. La jugada está completándose. Ahora se pone en marcha la maquinaria electoral del PNV, bien engrasada por su total control de los medios de comunicación vascos, del funcionariado de la autonomía, del control junto a Batasuna de innumerables alcaldías y del papel de ogro sangriento de ETA, infundiendo miedo al electorado. Este es el verdadero plan Ibarreche y estas pueden ser sus consecuencias si, como es presumible, Ibarreche le da a las próximas elecciones carácter de referendo.

Todo estaba preparado y de ese posible peligro sólo parecieron darse cuenta en sus intervenciones Mariano Rajoy y Pérez Rubalcaba que, además de defender a ultranza la Constitución y la unidad de España como Estado y, por tanto, como nación, fueron los únicos que recordaron el millar de muertos que pesan sobre las espaldas de ETA y de quienes la apoyan y este artículo tremendo del plan Ibarreche, que tiene su precedente en el nacionalismo nazi, de dividir a la sociedad vasca en dos mitales, la de los nacionales vascos y la de los ciudadanos.

En las últimas elecciones autonómicas, los dos grandes partidos constitucionalistas estuvieron a punto de alzarse con la victoria. Pero entonces existía el binomio Redondo-Mayor Oreja al frente de ellos, que formaron el llamado bloque constitucionalista, pero ahora la situación es diferente, a pesar del optimismo que parece trascender de Rodríguez Zapatero con respecto a las próximas elecciones y que, por cierto, ha declarado que esta vez no habrá bloque constitucionalista. El panorama es incierto y ahora mismo no puede saberse con ciertas garantías como reaccionará el electorado vasco en unas circunstancias adversas para ese 49 por ciento de electores no nacionalistas.

Pero el debate del pasado martes tuvo otros matices no menos inquietantes, como es la postura de los demás nacionalismos que existen en España. Al ofrecer a Ibarreche una negociación sobre la reforma del estatuto de Guernica, Zapatero puso como ejemplo la que se está llevando a cabo para la reforma del estatuto catalán. Pero a juzgar por lo que dijeron los portavoces nacionalistas, esa reforma dista mucho de ser amable y distendida. El portavoz de Esquerra Republicana, Joan Puigcercós anunció pomposamente que “estamos en el umbral de un cambio en el modelo de Estado y no hay marcha atrás”. Eso, en boca de quien habla en nombre de un partido minúsculo, con una presencia casi testimonial en el Parlamento de la nación, no tendría mayor importancia si el propio PSOE, que bien pudo elegir otros aliados- no lo hubiera elevado a la categoría de partido necesario en la gobernabilidad t
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