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L dictamen presentado por la Fiscalía del Supremo para rechazar los indultos a Rafael Vera y José Maria Rodríguez Colorado es sencillamente demoledor: sobre señalar que no concurren razones de “justicia, equidad o utilidad pública” para ello, añade un párrafo de extraordinario calado argumental para enjuiciar la relación de proporcionalidad entre la gravedad del delito cometido y la magnitud de las penas impuestas. Tanto el ex secretario de Estado para la Seguridad, como el ex director general de la Policía, “tomaron –a juicio del representante del ministerio público-- para sí en su exclusivo beneficio enormes cantidades del dinero confiado a su administración..., sin empacho alguno..., abusando de su facilidad de acceso a la llave de la caja, a través de los mecanismos facilitados por el entonces vulnerable sistema vigente para el control de los fondos reservados... (y) operando con total impunidad, sabedores del escaso margen de riesgo de ser descubiertos...”
La contundencia del alegato –que, por lo demás, parece consecuencia obligada del fallo elaborado por el tribunal sancionador-- no deja lugar a equívocos de ninguna clase. No solo en la “guerra sucia” de los GAL contra ETA hubo una tremenda fractura del Estado de Derecho; la hubo, de manera irresponsable, en la gestión fraudulenta de los medios lícitos del Estado frente a los crímenes de la banda terrorista. Desde luego que nunca se podrán justificar –ni tan siquiera entender como operativo aplicable-- acciones tan pavorosas como echar cal viva a los cadáveres de Lasa y Zabala para eliminar las posibles pruebas de su asesinado en sede policial, o mantener en secuestro a un ciudadano (Segundo Marey) ajeno a las tramas de ETA, con vistas a la extorsión de otros delincuentes. Pero se trataría de delitos en los que un mal entendido celo operativo de determinados agentes quiere arropar la infracción de la legalidad con los velos de la eficacia, como nos tiene acostumbrados la filmografía de la “serie negra”. Lo que arroja mayor sordidez al ya repugnante espectáculo del “crimen de Estado” es la presunta impunidad con la que quisieron actuar, “en su exclusivo beneficio”, aquellos que habían jurado –o prometido-- “guardar y hacer guardar la Constitución y el resto del ordenamiento jurídico”, desde las más altas instancias ejecutivas del Estado.
Hay un párrafo en el dictamen del fiscal Sequeros que debiera ser objeto de la máxima vigilancia en el itinerario de la corrupción política --que sería absurdo considerar erradicada de nuestra sociedad, como atestigua el penoso ejercicio de auto-flagelación partidista en el asunto de El Carmelo--. Me refiero al que señala “la absoluta impunidad” con la que operaron los responsables de la cúpula de Interior, a través de los “entonces vulnerables mecanismos de control” para la custodia de los fondos públicos. ¿Por qué vulnerables? Una mirada retrospectiva al proceso indica el declarado interés de las defensas por exonerar de responsabilidades penales al inmediato escalón jerárquico en la pirámide político-administrativa; sin embargo, los hechos son tozudos: si un director general y un secretario de Estado han vulnerado el control de los fondos públicos, el ministro del ramo es responsable –al menos por omisión-- del mismo delito; pero, si el ministro del ramo es responsable por omisión, el presidente del Gobierno lo es también por conveniencia. Los tribunales no habrán podido depurar en todos sus términos tan evidente línea deductiva en la cadena fraudulenta, entre otras razones, por la sistemática ocultación de pruebas utilizada por los propios acusados; pero cualquier conocedor de las técnicas de control presupuestario en las Administraciones Públicas, está al cabo de la calle sobre la eficacia interventora de los órganos de control, incluso cuando aparecen razones “políticas” para ensombrecer la claridad en el capitulo de gastos del presupuesto público.
En uno de sus últimos alegatos exculpatorios, el señor Vera se vio en la necesidad de enviar una carta abierta “a la familia, a los amigos (y) a la opinión pública” (publicada el 21 de octubre del 2004), en la que dejó traslucir el nervio esencial de lo que calificaba como su “fatal desenlace”. “Aquellos que lo conocen, los que manejaron y dispusieron de esos fondos en todas las instituciones del Estado, con el PSOE en el Gobierno y en épocas anteriores, que den la cara”. Es previsible que los responsables de la Seguridad del Estado en los sucesivos Gobiernos de UCD no se sientan aludidos, aunque podrían contribuir a tranquilizar cierto nivel de “alarma social” por semejantes insinuaciones; pero los señores Felipe González, Alfonso Guerra, Narciso Serra, José Carlos Barrionuevo, José Luis Corcuera y Juan Alberto Belloch no pueden seguir escudándose en palabras de condolencia ante la suerte penal de sus correligionarios. No pueden desviar la atención de la opinión pública, bajo la presunción conspirativa de jueces y periodistas, y hacer oídos sordos a la suplica de Rafael Vera cuando precisa que el uso de los fondos reservados lo hizo “siempre con conocimiento y autorización de todos mis superiores”. Por muy poca credibilidad que se conceda a un delincuente, resulta verdaderamente aterrador que sus amigos directos en la responsabilidad acepten como válida su queja y permitan que se pudra en cualquiera de las prisiones del Estado.
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