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AS últimas declaraciones del profesor Rubio Llorente, en las que vuelve a enredar conceptos, manosear ideas y entretejer suspicacias –lo que se corresponde perfectamente con la trayectoria vital de tan eximio hermeneuta de la ciencia política--, no hubieran merecido otra calificación que la de extravagantes, de no mediar el preocupante dato de su instalación al frente del Consejo de Estado; pero, sobre todo, de no mediar –también-- la evidencia de que el presidente Rodríguez Zapatero, metido en el terapia adormecedora sobre “paz-ciudadanía-talante”, no sabe calcular con alguna precisión el coste añadido de su ignorancia en asuntos de Estado. Porque conceder a la presidencia del máximo órgano consultivo el papel protagónico para la definición del modelo constitucional supone el reconocimiento inmediato de sus limitaciones en la materia, al tiempo que proyecta hacía la ciudadanía la indigencia consustancial con la que se celebra el primer aniversario de su égida. Nadie mejor que él podía conocer los efectos previsibles del nombramiento para difuminar en la opinión pública los perniciosos efectos institucionales de su anunciada reforma y nadie con mayor autoridad académica para enmarañar la ya indisimulable vocación de cercenar la respuesta operativa del Estado ante las agresiones de quienes pretenden su liquidación por derribo, sea en el campo de la configuración territorial, sea en el no menos preocupante marco de la solidaridad financiera entre “nacionalidades y regiones”.
El señor Rubio Llorente es uno más, desde luego, en la ya fértil cosecha de disparates por la que discurren las decisiones presidenciales durante este último año, al que el señor Rodríguez Zapatero ha definido por el retruécano con valor de epifanía fundacional del “derecho” frente a los ocho anteriores regidos por la “derecha”. Un axioma tan evidente en la percepción de sus fieles que, incluso, tachan de impertinente recordatorio el acudir al catálogo de agresiones sufrido por el ordenamiento jurídico en esta efeméride: desde el abuso del decreto-ley para cambiar la legislación de los “ocho años indignos” –véase la paralización del Plan Hidrológico Nacional o la interrupción de los preceptos contenidos en la LOGSE--, hasta la urgencia por remodelar la cúpula del Poder Judicial o por subvertir las resoluciones vinculantes de la ONU, pasando por el traslado de la Comisión Nacional del Mercado de las Comunicaciones a Barcelona. Definir el Derecho en función de decisiones coyunturales de la voluntad, antes que como categorías permanentes de la razón, parece más propio del modelo “tercermundista” que caracteriza a los regímenes de Castro, Kirchner o Chávez –en la América hispana--, o al sultanato de Marruecos en los confines “habitacionales” de nuestra sensible frontera con el Magreb; por citar aquellos ejemplos más rutilantes del firmamento internacional en el que el Gobierno Zapatero ha puesto todas sus complacencias.
Vueltos al contexto de la reforma constitucional, el desafortunado encargo “preventivo” al Consejo de Estado para el diseño de sus líneas maestras hay que entenderlo en el nivel de incompetencia por el que discurre tan sugestiva entelequia. El presidente del alto órgano consultivo responde con fidelidad de lacayo al encargo del patrón y el presidente del Gobierno deja en cueros la remota posibilidad de introducir sensatez cuando se actúa solo al conjuro de los pactos de legislatura. La “hoja de ruta” perfilada desde el congreso socialista que elevase a “un tal Rodríguez” hacia la hiperbórea región donde se gestan los asuntos públicos no ha variado ni un ápice en su voracidad por diluir el concepto de España hasta llegar a la condición “balkanizante” de los sucesivos proyectos federalistas trufados de modernidad. Recorrido en el que, por cierto, ha sido indispensable el concurso de los sucesivos “comités de sabios” con los que Rodríguez Zapatero gusta difuminar sus irresistibles dotes de gobernante, tanto se trate de trocear los archivos históricos sobre la guerra civil como de modificar los criterios financieros con los que saldar el espantoso déficit por el que deambula la televisión pública del Estado.
No es de extrañar, entonces, que los españoles sigamos desconociendo el horizonte previsible de la anunciada reforma, ni que los tres supuestos de modificación previstos en la campaña electoral del pasado año (cambio en la línea de sucesión a la Corona, inclusión nominal de la Comunidades existentes, transformación del Senado en cámara representativa de la nueva configuración territorial) sigan siendo una cortina de humo bajo la que esconder el objetivo de la voladura o la maraña irresponsable de las desigualdades insatisfechas. Seguramente ha sido el ministro de Defensa quien mejor definiera el deplorable espectáculo de la dispersión semántica, cuando remitió a la escuela a quienes todavía no conocen la diferencia entre Estado, Nación, Comunidad, Sociedad o Colectividad: se le olvidó precisar, en cambio, que el primer necesitado de aprendizaje resulta ser el titular del Gobierno donde el señor Bono ha adquirido patente sustantiva como el “Pepito Grillo” (ministro) de Jornada.
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