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  Firmas Invitadas - Edición Nº 164
Semana del 22/04/2005
La encrucijada vasca


José Meléndez
E S ya tópica en unas elecciones la ceremonia de confusión en la que todos los partidos proclaman que han ganado y esto, a fuer de ser repetido, termina por ser risible. Pero en una sociedad como la vasca, que lleva muchos años sometida a la presión asfixiante de las pistolas asesinas y a la crispación política entre dos bandos que han venido en llamarse nacionalistas y constitucionalistas, partiendo Euskadi en dos mitades, las piruetas ceremoniales de los políticos tras el rompecabezas que salió de las urnas el pasado 17 de abril tienen mucho más de dramáticas que de cómicas. Y para el futuro de España, también.

A pesar de que el día electoral transcurrió en calma y sin mayores incidentes, las elecciones del domingo pasado produjeron tres muertes: el famoso Plan Ibarreche; la Ley de Partidos, que fue un instrumento de una eficacia decisiva para limpiar el ámbito parlamentario vasco de representantes de los terroristas y quitarles a estos la estructura política que les apoya y el Pacto Antiterrorista, suscrito por los dos principales partidos nacionales que ha permitido el arrinconamiento de ETA.

Nadie puede ni debe alegrarse de una muerte cuando es el fin de una vida humana, pero esas tres que quedan reseñadas son muertes políticas y ante ellas solo cabe alegrarse de la primera, porque el Plan Ibarreche representa el mayor ataque que ha recibido España como unidad nacional y la mayor agresión que se pretende hacer en nuestra democracia a derechos tan importantes como la libertad, la diversidad ideológica y el rechazo a la discriminación. Pero hay que entristecerse ante las otras dos porque han sido las dos mejores armas para defenderse de las insaciables apetencias secesionistas de un partido que, a fuerza de ostentar el poder con hábiles estrategias y turbias maniobras desde que se instauró la democracia en España, ha terminado por autoproclamarse salvador de la sociedad vasca, cuando nunca ha contado con la mayoría del electorado tanto en votos propios como en escaños en el parlamento autonómico. Esa es la gran mentira de Ibarreche: hablar y decidir en nombre de los ciudadanos y ciudadanas vascos, cuando su partido apenas cuenta con la mitad de esa sociedad y él mismo, con sus planes radicales y soberanistas, con mucho menos como se ha demostrado ahora.

Cuando escribo estas líneas, las opiniones de los analistas son dispares y reflejan una perplejidad que impide hacer vaticinios con un mínimo de acierto, porque realmente lo que ha salido de las urnas vascas es una situación que puede romper hacia cualquier parte. En ese maremagnun, el PNV es el que tiene mejores condiciones para desenvolverse, porque no hay que olvidar que sus políticos son los que tienen más experiencia de gobernar en minoría, no solamente en España, sino en toda Europa y por eso el lendakari en funciones Juan José Ibarreche –que, se mire por donde se mire, es el gran fracasado de estas elecciones que planteó como un plebiscito en apoyo de su política de salvapatrias iluminado- parece aferrarse a la idea de gobernar en minoría con el tripartito que ha sido su sostén en la legislatura que acaba de terminar y con apoyos puntuales concretos. Así lo ha venido haciendo estos cuatro años y quiere repetirlo. Pero la aritmética parlamentaria ahora es diferente. Esos apoyos puntuales solamente puede dárselo el Partido Comunista de las Tierras Vascas (EHAK), o sea, la representación de ETA-Batasuna en el Parlamento. Para un partido que ya pactó directamente con ETA en Estella y que se ha beneficiado siempre de la acción terrorista, que no ha podido ni querido realmente convencerla de que deje de matar, otro pacto de ese estilo no le causaría mayor repugnancia. O puede formar una coalición con el PSOE vasco, que en la campaña electoral allanó mucho el camino en esa dirección.

Precisamente la presencia en el parlamento vasco de EHAK es lo que certifica la defunción de la Ley de Partidos Políticos, porque esa presencia se ha producido por la benevolencia interesada de quien tiene el deber inexcusable de velar por el cumplimiento de las leyes y, sobre todo, por la integridad territorial de España tal y como está reflejada en la Constitución, que no es otro que el presidente del gobierno José Luís Rodríguez Zapatero. Es imposible explicarse que un fantasmagórico partido, al que no conocía nadie hasta bien entrada la campaña electoral, consiga en cuatro días nueve escaños y 150,188 votos, o sea, el 12.5 por ciento del electorado, sino es por la apoyo de un partido ilegal como Batasuna que, a pesar de ello, conserva sus estructuras, sus recursos, sus medios de financiación y su clientela, porque elección tras elección se sabe que Herry Batasuna, Batasuna o Socialista Abertzaleak –según ha ido adoptando disfraces- siempre ha contado con alrededor del 10 por ciento de los radicales abertzales. El gobierno de Zapatero permitió que los tribunales ilegalizaran a Aukera Guztiak antes de las elecciones, pero dejó viva a EHAK para que su concurso impidiera la mayoría absoluta a Ibarreche. Una mala política y una falta de visión, porque Zapatero esperaba mejores resultados que los que ha tenido su rama socialista vasca, liderada por un Patxi López gris, que participa de las ambigüedades de su jefe, dedicándose ambos en la campaña a atacar más al PP que al PNV. Y ahora pagan las consecuencias, porque no hay que olvidar que cuando EHAK se ha quitado la careta y se ha visto que Batasuna está detrás de ellos, esta organización está catalogada como terrorista en la Comunidad Europea y en Estados Unidos, como resultado de los esfuerzos que hizo José María Aznar en su momento para recabar la ayuda internacional en la lucha contra ETA.

Por eso, producen preocupación y temor las declaraciones de Zapatero al final de la campaña electoral, cuando ya sabía por las encuestas que el PSOE no subía según sus deseos y lanzó el recurso de un nuevo estatuto reformado y un referéndum en dos años (el Plan Ibarreche B de su acólito Patxi Lòpez) y las posteriores de que “está dispuesto a llegar hasta el final para pacificar el País Vasco”, a las que hizo eco su portavoz José Blanco, aunciando que “el PSOE está dispuesto a negociar con todos, incluida EHAK”. Esto, junto a supuestos contactos secretos con Batasuna e, incluso, con ETA conforma un panorama desalentador para el futuro de España, porque lo que ahora se acuerde y se firme en el País Vasco, como lo que se acordará y firmará en el nuevo Estatuto de Cataluña, puede ser irremediable y prácticamente inamovible para un gobierno central futuro. Esa es también la defunción del Paco Antiterrorista, al que Zapatero se nieva a convocar para examinar el caso de EHAK.

Dentro del laberinto que han producido, las elecciones vascas han aclarado las verdaderas intenciones de Zapatero en su política territorial. Envuelto desde el principio de su mandato en la capa engañosa del talante, el diálogo y la oferta de negociación dentro de los límites constitucionales, ha estado escondiendo en ambigüedades y frases crípticas la realidad de sus intenciones: mantener el poder que le vino a las manos inesperadamente para lo que ha de hacer dos tareas fundamentales, destruir la oposición del Partido Popular, tanto con una propaganda machacona como con la abolición de todo lo que había hecho el gobierno anterior y atraerse a los nacionalismos radicales sin importarle el precio que haya de pagar por sus apoyos. Esto, y para alimentar una egolatría cada vez mas dibujada, piensa en pasar a la historia como el estadista que terminó con ETA, para añadir este entorchado al dudoso de la retirada de las tropas españolas de Irak. Después de treinta años de lucha antiterrorista, de una paciente y eficaz labor policial, judicial y política que ahora están dando sus frutos y han puesto a ETA al borde de su desaparición, porque su actividad asesina lleva dos años sin sumar una nueva víctima y sus atentados son mas bien obra de principiantes, esta intención de Zapatero tiene mucho de la
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