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Época II - Año XIV
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  Firmas Invitadas - Edición Nº 211
Semana del 3/16/2006
La legitimidad coja
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Óscar Molina
E L pasado día 14 se cumplieron dos años de las elecciones generales que auparon al Poder, contra todo pronóstico, a José Luis Rodríguez Zapatero. Que el resultado electoral estuvo seriamente condicionado por la matanza que tres días antes se había perpetrado en Madrid, es algo que únicamente admite la discusión de algunos dirigentes socialistas, cuya expresión al hacer declaraciones en este sentido evidencia claramente que no se creen lo que dicen ni por asomo.

No es mi intención apuntar a la deslegitimación de aquellos comicios, por muy indiscutible que resulte el hecho de que el pueblo español caminó hacia las urnas con un desacostumbradamente decidido ímpetu, emanado de una voluntad absolutamente sesgada y un juicio sobre la situación completamente confuso. No voy a pedir, ni desear, que el resultado electoral se ponga en tela de juicio, ni siquiera ante la evidente manipulación y estado de violencia en los que la izquierda política y mediática situó a la ciudadanía durante aquellos terribles tres días de Marzo. Las elecciones generales se celebraron en un ambiente de total enfrentamiento, propiciado por quien desvió el cauce del más elemental sentido de Estado para fabricarse un río lo más revuelto posible con la finalidad de pescar en él lo que efectivamente picó el anzuelo: la victoria electoral. Las acciones que la izquierda política y el nacionalismo llevaron a cabo a partir del 11-M pasarán a la historia de la manipulación informativa, la vergüenza política y serán sin duda juzgadas con mayor precisión por la Historia, que por regla general, y siempre que no ande un nacionalista de por medio, acaba poniendo a cada uno en su sitio. El cerco a las sedes del PP, los insultos, las agresiones, el “pásalo” y la estelar aparición de Rubalcaba en televisión pidiendo “un Gobierno que no mienta a los españoles” constituyen hechos graves, y de naturaleza maquiavélica, pero no deslegitiman en nada la victoria socialista, que se basa en la mayoría obtenida en las urnas que alimentan al sistema, al mecanismo democrático que permite votar en un momento determinado y con el estado de ánimo que en ese momento reine. Así es la Ley, y nuestra democracia se basa en su respeto escrupuloso. Por eso, creo que a nada conduce el tratar de deslegitimar aquel triunfo electoral, dado que su consistencia legal es impecable, y de él emana la legitimidad para formar Gobierno.

Otra cosa, y sobre eso quiero llamar la atención, es la legitimidad moral para gobernar de una determinada manera teniendo en cuenta cómo se ha alcanzado el Gobierno, la correspondencia equitativa y de sentido común entre las condiciones en que se ganan unas elecciones y el desarrollo de una acción gubernativa concreta. En eso, en esa legitimidad moral, el Gobierno actual anda cojo de ambas piernas. Zapatero es perfectamente consciente de los acontecimientos que le pusieron en el Poder, es completo conocedor de que sin ellos seguiría en la oposición, y abundando, no se le puede escapar que quien está detrás del asesinato de 192 personas con el objetivo de colocarle como Presidente del Gobierno, cometió aquello con unas motivaciones muy concretas. A lo que me refiero es a que ese extraordinario contexto que propició su victoria es el que precisamente le debería obligar a obrar con prudencia, a desarrollar una labor ejecutiva muy alejada del camino de sectarismo emprendido, de esa senda de exclusión a media España que además transita por ámbitos capitales para nuestra convivencia. Quien consigue el Gobierno de un Estado merced a un asesinato colectivo cuyo fin era precisamente el cambio de Gobierno, y además es consciente de ello, está moralmente sujeto, o debería estarlo, a una obra política que no haga saltar por los aires los fundamentos básicos de lo que ha heredado y le precede en el tiempo. Máxime si hablamos de pilares que se edificaron por medio de un consenso amplio, y bajo el mandato de Presidentes que llegaron a La Moncloa en circunstancias mucho más convencionales.

Estoy hablando de la pretensión de definir a España en el texto de un Estatuto autonómico; de acometer la satisfacción de los supuestos derechos de algunas minorías, menoscabando y desnaturalizando instituciones seculares que adoptan por libre elección la mayor parte de los ciudadanos, caso del matrimonio. Hablo de poner viento de popa a quienes sacan onerosos réditos del enfrentamiento entre españoles, ya sea mediante el uso exclusivo del agua de todos, o mediante la satisfacción de sus reclamaciones acerca de un archivo histórico que, estando en Salamanca, no deja por ello de encontrarse en España, a la que pertenece Cataluña. Estoy refiriéndome a la suicida y poco inteligente resurrección de determinados periodos de nuestra Historia para pasar por la lavadora del revisionismo heridas ya cerradas; con la sola pretensión de hacerse una especie de campamento base que ponga causa al ascenso a un cambio de régimen, cumbre poco apetecible para al menos la mitad de los españoles. Me refiero, sin duda, al singularmente mentecato entusiasmo puesto en la negociación con una banda terrorista que no se apea de las quiméricas reclamaciones que la han llevado a quitar la vida a casi un millar de españoles, excluyendo además a los familiares de esos muertos y heridos del proceso. Y todo ello poniendo nada menos que al Parlamento de la Nación como aval.

Seguramente cualquier otro en la situación de nuestro Presidente hubiese elegido opciones más prudentes, decisiones que tambalearan menos las bases sociales y políticas de un país recién salido de un trauma como el del 11-M. Cualquiera hubiese tenido la amplitud de miras y la generosidad de asumir que lo que se obtuvo merced al asesinato de 192 personas, no constituye precisamente un cheque en blanco para hacer y deshacer de esta manera, sino más bien la tremenda responsabilidad de dar la talla en la preservación de todo aquello que los terroristas pretendían destruir. Porque da la entera sensación de que el plan urdido por los autores de aquel horror acertó de pleno hasta en la elección de quien ha no demostrado ni estar a la altura de las circunstancias, ni darse cuenta del momento que vive, en qué lugar y puesto de responsabilidad le ha tocado vivirlo, ni mucho menos cuál es la misión que para España le reservaba la Historia, por encima del homenaje a su abuelo muerto.

Diré más. El compromiso que adquiere Zapatero hace dos años no es el ordinario de cualquier otro Presidente de nuestra democracia reciente. Es un compromiso especialmente calificado por el contexto en el que se alcanza, pero no menos marcado por las recordadas palabras de Rubalcaba ofreciendo un Gobierno que no mintiera. Esa auténtica hipoteca, de firma delegada, lleva demasiados recibos vencidos, porque tan obvio es que hace dos años muchos querían saber, como lo es que hace otros tantos que esos mismos ya no quieren saber nada.

Y todo esto es posible por algo tan sencillo como la soberbia. Tenemos una izquierda que se cree a pies juntillas moralmente superior a cualquier otra opción política. Al modo de los monarcas absolutos, cuyo poder emanaba de la voluntad de Dios, las distintas versiones sociales, políticas y mediáticas del llamado progresismo están absolutamente convencidas de que el Poder político es algo que le es propio, les pertenece por estar iluminados mediante la luz divina que emana de una suerte de Justicia Universal, a cuya consecución están llamados tan sólo ellos. Se encuentran perfectamente persuadidos de que son los buenos, y no sólo eso, sino que además tienen identificados a los malos. De ahí tantos dobles raseros, tanto engolamiento en la voz al defender sus planteamientos y tanta sonrisa de superioridad al escuchar los de los demás. Pero de ahí también, y a modo de paradigma vivo, el creerse que pueden arramplar con todo y sentirse en el intocable derecho de configurar un país y una sociedad a su antojo sin tener en cuenta al discrepante y, lo que es más grave, descontand
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