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  Firmas Invitadas - Edición Nº 213
Semana del 4/1/2006
Me llamarán ‘facha’


Yolanda Salanova
“LA LIBERTAD ES EL DERECHO DE HACER LO QUE LAS LEYES PERMITEN; Y SI UN CIUDADANO PUDIERA HACER LO QUE PROHÍBEN, YA NO HABRÍA LIBERTAD...”
MONTESQUIEU


HAY cosas que no pueden mencionarse en “Estepaís” sin riesgo de que te tilden de facha, retrógrado o cosas peores. Son temas tabú. Aun a riesgo de que me tachen de lo que sea, he decidido opinar sobre uno de los asuntos que, posiblemente esté en la mente de muchos más ciudadanos de los que creemos, pero que ni se atreven a mentar por si les colocan las etiquetas habituales cuando algo no gusta, no conviene y por tanto se considera intocable. Se estableció así y así ha de quedar por los siglos de los siglos.
Por ejemplo, si alguien opina sobre el euskera en el País vasco, y manifiesta que se instrumentaliza con fines políticos, que el gasto público en “normalizar” el uso de esta lengua es astronómico y financia negocios privados de la tribu nacionalista-etarra, queda de inmediato tildado de “antivasco”, aunque haya nacido en Arrankudiaga, domine el idioma y aun así sea capaz de denunciar públicamente el abuso y la discriminación, incluso la purga ‘legalizada’, utilizando el euskera como pretexto.

Algo así sucede con el Estado de las Autonomías. Cuestionarlo, poner en tela de juicio la bondad de la descentralización —que en teoría y aplicada una buena práctica tendría que ser así— es poco menos que delito de lesa patria.
Pero a la vista de lo que viene sucediendo y lo que está aún por caer, parece necesario valorar, tras más de cinco lustros de experiencia, si es realmente un sistema para acercar la Administración al ciudadano o un instrumento al servicio del poder —obtenido bajo el auspicio del Título VIII de la Constitución—, favorecedor del fraude de ley, al quedar prácticamente indeterminado el modelo de Estado en el Texto Constitucional.

Tal es así, que sin recurrir a la memoria por lo reciente de los hechos nos encontramos en una situación política y social en la que no sabemos –o sabemos muy bien— a dónde iremos a parar cuando la modificación de la Constitución se enmascara en la pretendida reforma de Estatutos de Autonomía, que, en ningún caso, puede vulnerar la Carta magna.
Y he aquí que sin más, tras el dictamen del Consejo de estado, que considera el recién aprobado Estatuto de Cataluña anticonstitucional en varios de sus artículos, para empezar, el traído y llevado preámbulo, el cual sibilinamente define como nación a Cataluña, es aprobado por las Cortes promovido por el Presidente del gobierno, quien olvida que juró guardar y hacer guardar la Constitución.

Se dirá y se dice que es tan sólo un preámbulo y no forma parte del articulado: pues bien, aún así, establece tácitamente y no tanto, el estatus de nación para una comunidad autónoma, lo que conculca con claridad meridiana el Artículo 2: “La Constitución se fundamenta en LA INDISOLUBLE UNIDAD DE LA NACIÓN ESPAÑOLA, patria común E INDIVISIBLE DE TODOS LOS ESPAÑOLES, y reconoce y garantiza el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que la integran y la solidaridad entre todas ellas”.

Dado que el Artículo 9.1. reza que “Los ciudadanos y los poderes públicos están sujetos a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico”, se quiera rizar el rizo de la semántica lo que se quiera, la quiebra del Estado de Derecho, ante lo que no tiene otro nombre que prevaricación, fraude de ley y abuso de poder (favorecido por la nefasta ley electoral), amén de lo que sería perjurio por parte de los poderes públicos, sobre todo el del presidente de un gobierno que hace y deshace de forma despótica; pues bien sabe que una minoría parlamentaria (aunque esté formada por varios grupos) está imponiendo su voluntad sobre la mayoría del pueblo soberano, que es el español.

Se desbordan ríos de tinta tratando el tema que nos ocupa. No voy a repetir lo que tantas plumas, más autorizadas y mejor informadas, reiteran a diario, pues a diario nos sobresalta con algún despropósito el peor gobierno de esta tierna (por lo joven) y dura (por lo costosa que está siendo su consolidación) democracia.

Thomas Jefferson ya lo plasmaba en sus Notas: "Todos los poderes del gobierno, el legislativo, el ejecutivo y el judicial, convergen en el cuerpo legislativo. La concentración de ellos en las mismas manos constituye precisamente la definición del gobierno despótico. No atenúa la cosa el que esos poderes sean ejercidos por muchas manos y no por una sola. Ciento setenta y tres déspotas serían sin duda tan onerosos como uno solo... Tampoco nos vale el que los hayamos elegido nosotros mismos. Un despotismo electivo no es el gobierno por el que luchamos."
Porque la concepción de un gobierno democrático es —continúa Jefferson— “uno que no solamente se funde en principios libres, sino que sus poderes estuvieran divididos y equilibrados de tal modo entre distintos cuerpos de magistrados, que ninguno pasara de sus límites legales sin ser contenido y reprimido eficazmente por los otros."

Y todo lo contrario es lo que está sucediendo en España —sin perdón, España, porque se llama así, me da la gana de nombrarla y seguiré llamando así a mi país—.
El poder ejecutivo interfiere y coarta al Judicial: véase la “apatía” del Fiscal General del Estado, a las órdenes del Presidente, afectado en extremo por la dejadez apática cuando conviene, como los casos Atutxa, PCTV, ‘macrojuicio’ y a la sazón, la magnanimidad con que tratan al “interlocutor” etarra Otegi, incitando el Fiscal Conde-Pumpido al juez poco menos que a la prevaricación.

Y todo lo anterior, más lo que queda por padecer, es fruto de la mala gestión de gobiernos débiles desde la transición, pero sobre todo del que sufrimos, promotor y cómplice de los abusos de varios gobiernos e instituciones autonómicas, ante los que, además de inclinarse y perpetrar un comercio de trueque, somete los derechos y libertades de los ciudadanos con fines inconfesables.

Al margen de lo anterior y de lo que me dejo en el tintero, llevamos financiando con nuestros impuestos nada menos que a diecisiete parlamentos autonómicos, más el español y lo que nos corresponde del europeo, de modo que el gasto que supone creo que no es sostenible para ningún país de Europa en situación similar al nuestro, con una caterva de comisiones, asesores, funcionarios, secretarios y subsecretarios, cargos de confianza, etc., etc., para encima tener que soportar el abuso, la discriminación, la injusticia, la vulneración de nuestros derechos y libertades en varias comunidades, las llamadas “históricas” (otra de las concesiones infumables de la transición plasmada y sancionada en la Constitución) que ‘casualmente’ dominan naZionalistas “democráticos” cuyo objetivo es la secesión de España y a la vez la anexión de parte de su territorio (Navarra, sin ir más lejos).
Y a cambio de no continuar apuntalando a la mafia terrorista gracias a la cual están en el poder, por medio de trueques políticos y económicos que nos afectan y perjudican; dicen los matarifes que van a ser buenecitos y nos perdonarán la vida aunque nos la seguirán haciendo imposible. Y se echan las campanas al vuelo… Yo es que no entiendo ya nada.

Sé que es tema difícil, polémico y difícil de tratar en unas líneas. Sólo espero que se haya entendido mi postura ante un experimento fallido, por haber cedido competencias que jamás deberían haber estado en manos de los nacionalistas: Educación, Seguridad Ciudadana, Justicia, y más… Y somos quienes sobrevivimos en estos cacicazgos quienes pagamos los errores no reconocidos ni enmendados.

Por ello, creo urgente, imprescindible y a corto plazo:
• Elecciones anticipadas
• Modificación de la Constitución para corregir errores y ambigüedades cuyas consecuencias están siendo la demolición progresiva del Estado de Derecho.
• Cambio de la Ley electoral, injusta y nefasta.
• Revisión del llamado Estado de las Autonomías.

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