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Época II - Año XIV
Edición Nº 4189
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  Firmas Invitadas - Edición Nº 213
Semana del 4/2/2006
Una falsedad histórica
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José A. Baonza
A L terminar los trabajos de la comisión constitucional del Congreso, el líder de Convergencia y Unión –Artur Mas i Gabarró— hizo unas declaraciones tan enfáticas como elocuentes para definir con plena nitidez la insolvencia documental alcanzada: “es la primera vez en la historia de España que se reconoce a Cataluña como Nación. Argumento de suyo incontrovertible porque, efectivamente, nunca en la historia de España –incluso antes de configurarse como Estado nacional— ninguno de sus territorios pudieron concebirse como tales, ni sus habitantes tuvieron conciencia de serlo, salvo en el imaginario artificioso de los nacionalistas que aparecen en las postrimerías del siglo XIX. Quiere decirse con ello que, desde Wilfredo “el Pilos” hasta Pujol “el Pragmático”, Cataluña ha formado parte integrante –aunque no siempre bien integrada, claro está— de una común entidad histórica y nunca ha podido constituirse jurídicamente como agregado humano singular, por muchos desencuentros acaecidos a lo largo del tiempo y por muchos “hechos diferenciales” que se hayan querido utilizar a lo largo del último siglo. Desencuentros o diferencias, por lo demás, similares a los que jalonan cualquier otro espacio de nuestra plural geografía, tan rica de veleidades centrífugas como pletórica de centralismos descerebrados.

Porque, para que haya podido ocurrir este novedoso experimento de partogénesis sintética –único en los anales de la moderna politología— la presión nacionalista hubiera sido de todo punto insuficiente, de no mediar el concurso impagable de un Gobierno que ha preferido intercambiar el consabido plato de lentejas de la aritmética parlamentaria por la primogenitura específica de sus obligaciones constitucionales. Ha sido necesario introducir en el edificio de la legitimidad democrática la manipulación dialéctica de falsear el propio texto fundamental para que pueda cuadrar el circulo de las pretensiones soberanistas y satisfacer, así, sus desvaríos “sentimentales”. Porque con el estatuto aprobado en el parlamento español, “por primera vez en su historia”, se vulnera literalmente la Constitución desde el preámbulo del inicio a las transitorias del final, de lo que es prueba fidedigna el siguiente párrafo estatutario colocado en el frontispicio solemne de su declaración programática: “El parlamento de Cataluña, recogiendo el sentimiento y la voluntad de la ciudadanía de Cataluña, ha definido de forma ampliamente mayoritaria a Cataluña como nación. La Constitución española, en su artículo segundo, reconoce la realidad nacional de Cataluña (y van cuatro) como una nacionalidad”. Falso, reiterativo y mendaz. El articulo segundo de la Constitución española dice literalmente: “La Constitución se fundamente en la indisoluble unidad de la nación española, patria común e indivisible de todos los españoles, y reconoce y garantiza el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que la integran y la solidaridad entre todas ellas”. Punto.

Y seguido: es probable que en el ánimo de los constituyentes de 1978 anidase la presunción de que, cuando se distinguía entre “nacionalidades” y “regiones”, se hablaba de territorios diferenciados por una u otra identificación; pero tuvieron exquisito cuidado de no relacionar por el nombre de pila a ninguno de ellos. Es probable, así mismo, que en el animo de los ciudadanos que refrendaron aquel texto, felizmente vigente, existiese la presunción intelectiva de que su territorio quedaría adscrito a esta o aquella denominación, pero no exteriorizaron –al menos mayoritariamente— cual era su preferencia. De ahí que resulte metafísica y jurídicamente imposible al parlamento español, ni siquiera por una mayoría cualificada superior al cincuenta y cuatro por ciento de sus miembros, declarar vigente el reconocimiento previo de una realidad nacional o regional para ninguna de las diecisiete Comunidades Autónomas, solo reconocidas como tales a partir del desarrollo normativo previsto en el propio texto constitucional; de ahí, también, que sea manifiestamente incompetente ese mismo parlamento para aprobar una aberración jurídica de tal calibre: Cataluña no está reconocida como nacionalidad –ni como nación, por supuesto— en ninguno de los artículos de la Constitución española, ni siquiera en la disposición transitoria segunda donde aparecen, sin nombre especifico, “los territorios que en el pasado hubieran plebiscitado afirmativamente proyectos de estatuto de autonomía”. Y si la Constitución no dice que Cataluña “es” una nacionalidad –menos aun, una nación—, la ley orgánica que aprueba el estatuto no puede afirmar lo contrario, so pena de quedar incursa en manifiesto vicio de nulidad perseguible en los términos previstos por el ordenamiento jurídico.

Es probable que el señor Mas i Gabarró, fiel a sus motivaciones identidarias, haya podido festejar con los suyos la triunfal epifanía de la nación catalana “por primera vez en la historia de España”; no ha reparado, sin embargo, en el elevado costo jurídico, político y económico que tendrán que sufragar los ciudadanos de su autonomía –sean o no “nacionalistas”— en términos de déficit democrático, seguridad jurídica, garantías de procedimiento y estabilidad institucional por la imprecisión fraudulenta del tránsito operado en la histórica sesión del pasado 30 de marzo. Pero resulta inaudita la terquedad argumental del Gobierno y los partidos que le sustentan por mantener la pretensión antijurídica de dar validez legitimadora a un bodrio tan ilícito en su articulado como nefasto en su perspectiva histórica y en su proyección hacia el futuro.
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