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  Firmas Invitadas - Edición Nº 194
Semana del 11/17/2005
El derecho a fumar


José Meléndez
E N la primera mitad del siglo pasado, decía Wenceslao Fernández Flores que el pueblo español se dividía en dos mitades: los que vendían lotería y los que la compraban. El gran escritor gallego hacía así, con la gracia de su verbo y la sutileza de su intención, una definición simplista de la sociedad en aquellos años oscuros en los que el máximo sueño de un español era que le tocase la lotería, en un ejercicio de resignada pasividad, paliada con la esperanza de un golpe de fortuna que nunca llegaba. Para los partidarios de generalizar cualquier tema y dividirlo en dos bandos, esta era, posiblemente, la única definición posible, porque por aquellos años las banderías políticas eran numerosas y fumaba todo el mundo, los primeros los médicos. Eran los tiempos en los que ningún galán de cine se preciaba de serlo si no lanzaba al techo densas columnas de humo y ninguna actriz se consideraba seductora si no jugueteaba con una larga boquilla y un cigarrillo en la punta, ni ningún adolescente se consideraba hombre si no tenía señales de nicotina en sus dedos.

Ahora han variado los tiempos y, aunque la gente sigue tentando al azar, posiblemente con más entusiasmo y contumacia que antes, esa actitud pasiva ha cambiado con un evidente beneficio para nuestro tejido productivo. Y ahora, Fernández Flores podría dividir España en otros dos bandos: los que fuman y los que no fuman. Es una división cada vez más desigual, porque el segundo bando está fagocitando al primero a pasos agigantados, empleando para ello todas las estrategias posibles, que no se corresponden con los derechos porque estos parecen ser, cada vez más, de uso exclusivo de los no fumadores. El bando de los contrarios al tabaco cuenta con un sinfín de informes médicos, que en la mayoría de los casos nadie se ha molestado en verificar, la bendición de la Organización Mundial de la Salud, experta en la predicción de catástrofes que no sabe como atajar, una Liga Antitabaco que despliega una actividad frenética y, sobre todo, con un entramado de leyes que les favorecen y protegen en sus derechos, aunque ignoren los derechos de los fumadores.

Como colofón de todas las disposiciones ya vigentes, que arrinconan a los fumadores en lazaretos y pretenden convertir en un acto vergonzoso lo que es una decisión libre de cada individuo, se anuncia ahora una Ley Antitabaco, que está en trámite parlamentario y entrará en vigor el próximo 1 de enero, que, según la opinión de expertos juristas y de los sindicatos –los sindicatos, perejil de todas las salsas, siempre tienen que dar fe de vida en cada problema haciéndolo más intrincado-, va a impedir fumar hasta en el domicilio propio.

Cuando mi padre me dio el primer pescozón por pillarme con un pitillo en la boca, tenía yo catorce años. No me lo dio por el hecho de fumar –él fue un gran fumador- sino por considerarme demasiado joven para empezar con el vicio. Y desde entonces, hasta ahora, no he dejado de fumar, con el paréntesis de dos años que me sirvieron para limpiar mis pulmones y condenar los cigarrillos y los puros, cambiándolos por la pipa, con la que juego a quemar el tabaco mientras escribo, leo, pienso o disfruto de una amena conversación de sobremesa, sin inhalar ese humo tan denostado ahora. Se dice que el periodista sobrelleva su dura y hermosa profesión en la que la actualidad avasalla y el reloj se convierte en una tortura, por tres soportes al parecer imprescindibles: la copa, el café y el tabaco. Naturalmente, es una exageración. Yo apenas bebo, pero el humo a mi alrededor y el café es indudable que me entonan y parecen facilitar mi tarea. Pues bien, según esa anunciada ley no se me va a permitir disfrutar del ayuntamiento de dos placeres que, para mí, son importantes, como el escribir y el fumar ni en mi propia casa, so pena que para ello tenga que fregarme también los suelos, lavar los platos y hacerme la comida, ya que vivo solo y no puedo tener una ayuda doméstica porque esa ayuda tiene todos los derechos que le conceden la ley y la campaña contra el tabaco y puede alegar que le molesta el humo de mi pipa. Por tanto, si quiero fumar tengo que fregar, sin que pueda reclamar ningún derecho a hacer lo que quiera en mi domicilio.

Cualquier político del signo que sea, invoca por lo menos una vez al día el Estado de derecho. Desde que disfrutamos de la democracia, estamos rodeados de derechos, afortunadamente, porque los derechos salvaguardan la convivencia en una sociedad civilizada. El problema no esta ahí, sino en la forma en que esos derechos se aplican y como se respetan y, desgraciadamente, tenemos abundantes ejemplos en estos convulsos tiempos políticos de que ese respeto es desigual. Si hemos de asistir, atónitos e impotentes, al espectáculo casi diario de ver como los que viven al margen de la ley y conculcan los derechos de los ciudadanos con el engaño, la extorsión o el asesinato, invocan precisamente –y casi siempre con éxito- en beneficio propio esos derechos que pisotean, ¿por qué no vamos los fumadores a reclamar nuestros derechos, que son legítimos?. En una sociedad que concede a la mujer el derecho a matar el feto no deseado, ¿por qué no puede el fumador tener el derecho a hacer con su salud lo que quiera?. Ese derecho se le niega. Y hay otros agravios comparativos. El alcohol tiene bien probada su capacidad para destruir al individuo que abusa de él. Y su consumo tiene consecuencias negativas en la conducta social y el entorno familiar, que también afectan a terceros. Pero la legislación al respecto es mucho más suave que la que condena al fumador a salir a los espacios libres, donde nadie le vea, si quiere fumarse un cigarrillo. La asunción del riesgo es potestativa de cada individuo y el fumador gusta refugiarse en la idea de que se ha exagerado ese riesgo, ya que si como dicen el tabaco conduce a una muerte cierta, habría terminado con la humanidad desde que Rodrigo de Jerez trajo de América esa planta exótica en los tiempos de los Conquistadores, aunque los ingleses le conceden ese honor a Walter Raleigh. Rodrigo de Jerez terminó en la cárcel por ello y a Walter Raleigh le dieron el título de sir. Dos formas distintas de enfocar el mismo problema.

La campaña antitabaco ha introducido con éxito, en apoyo de sus pretensiones, la figura un tanto difusa del fumador pasivo que merced a una tenacidad encomiable y al uso continuado de unas consideraciones médicas cuyo rigor científico está sujeto a polémica, es el soporte principal para justificar la salvaguarda de unos derechos que prevalecen sobre los del fumador activo. Me parece muy bien, pero a los fumadores no se les puede borrar del mapa aduciendo los derechos de los que no fuman. Que se les habiliten espacios adecuados en los centros públicos y de trabajo, como ha venido sucediendo hasta ahora y existen en casi todos los países civilizados y que no se fomente la discriminación por ley. Ahora, hay conversaciones entre empresarios y sindicatos para examinar este problema, porque el fumar puede llegar a ser causa de despido y porque las empresas benevolentes pueden ser denunciadas por los irreductibles antitabaquistas, arriesgándose a fuertes multas. Las empresas se inclinan por facilitar a sus empleados lugares acotados, pero el rigor de la ley no se lo permite.

Cuando la legislación se convierte en paternalista, alardeando de cuidar por el bienestar de los legislados, estamos en los peldaños del estado totalitario que les dice a los ciudadanos lo que está bien y lo que está mal y lo que tienen que hacer o lo que está prohibido. Yo, desde luego, no estoy dispuesto a dejar mi pipa ni a mantenerla a costa de fregar los suelos de mi casa. Y algo tendremos que hacer los fumadores para que se nos escuche.
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