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Época II - Año XIV
Edición Nº 4189
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 miércoles, 03 de septiembre de 2014 ESPAÑA
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  Firmas Invitadas - Edición Nº 230
Semana del 7/27/2006
Leyes totalitarias
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José Meléndez
D ECÍA Charles de Secondat Montesquieu –el que Alfonso Guerra enterró hace tres lustros, ¿recuerdan?- que el peor gobierno es el que ejerce la tiranía en nombre de las leyes. Esto, naturalmente, no puede aplicarse literalmente al actual gobierno de España, porque un tirano es el que accede al poder ilegalmente y lo ejerce a su antojo, empleando todos los resortes posibles para su permanencia y el gobierno de José Luís Rodríguez Zapatero fue democráticamente elegido en unas elecciones libres y legales en las que el electorado expresó sus preferencias y también sus miedos, porque todavía resonaban en sus oídos los ecos dramáticos de las bombas del 11M.

Pero también es tiranía, según definición de la Real Academia Española, el abuso de ese poder otorgado democráticamente y construido después de las elecciones por una serie de pactos y acuerdos con las minorías parlamentarias que le dieron al partido que había ganado las elecciones, por una minoría que le impedía gobernar por si solo, la necesaria mayoría en el Parlamento que le ha permitido al PSOE gobernar con más o menos holgura, pero con el respaldo irrefutable de una mayoría suficiente para su labor legislativa. Y aquí está la clave de la forma autoritaria en que un gobierno innecesariamente radicalizado está gobernando a los españoles.

En esa olla podrida –me refiero a ella en su sentido culinario- donde han entrado las minorías y los grupúsculos para darle su propio sabor, se ha cocido un guiso que se le está indigestando a una buena parte de los españoles, que no tuvieron la suficiente visión para apreciar las consecuencias de su voto.

El primer año de gobierno de Zapatero fue pobre en materia legislativa, porque anduvo ocupado a tiempo total con el cambio de rumbo que había previsto para España, encauzándola hacia un Estado confederal bajo su premisa de que el concepto de nación es algo discutido y discutible y preparando la “pacificación” del País Vasco que le sirva de entorchado con vistas a las próximas elecciones generales, mientras que, de paso, aislaba, y se vanagloria de ello, a la única oposición que tiene en el Parlamento y en la calle y que, efectivamente, está sola pero acompañada de diez millones de votos. Pero, una vez encarrilado el Estatuto de Cataluña, como una excavadora inexorable para abrir el nuevo camino y abierta la vía de un diálogo lleno de oscuridades y secretos –y de concesiones y peligros- con ETA y Batasuna, en este año y medio último se ha cambiado la parquedad legislativa por una serie de leyes controvertidas que no cumplen el principal e insoslayable requisito de ser promulgadas para beneficiar a la inmensa mayoría de los gobernados. Las leyes atentatorias al concepto básico de la familia tradicional como soporte firme de una sociedad moral, como son las nuevas leyes de divorcio, del aborto y de los matrimonios homosexuales; la ley de Educación, que suprime la enseñanza de la religión en un país con más de treinta millones de católicos y la sustituye por una asignatura de Educación para la Ciudadanía, que tiene el mismo objetivo sectario y adoctrinador de la Formación del Espíritu Nacional franquista, que tanto criticaron durante cuarenta años los mismos que ahora han votado su nueva versión en el Parlamento; las disposiciones legales encaminadas a arrinconar a la Iglesia católica, como la supresión de los símbolos religiosos en escuelas y lugares públicos y el anunciado proyecto de ley de la Memoria Histórica, que sería la apología del disparate sino representase la gravísima irresponsabilidad de escribir un hecho histórico tan dramático y cruel como la Guerra Civil de una forma sectaria y mentirosa en la que los perdedores son los buenos que sufrieron todo género de vejaciones y asesinatos, mientras ellos habían tratado civilizadamente a los ganadores en los tres años en que dispusieron del dominio de una porción de la tierra española. El gobierno ha dado marcha atrás en este proyecto, a la vista del amplio rechazo producido en gran parte de la opinión pública, intelectuales e historiadores –que son los únicos con capacidad para juzgar la historia- y lo ha cambiado por otro con la denominación tan larga como enrevesada de “ley de extensión de derechos a los afectados por la Guerra Civil y la dictadura” y en el que desaparecen los conceptos más polémicos del proyecto anterior, aunque siga siendo sectario e inadecuado. Toda guerra civil es una lucha cainita que deja profundas huellas de sangre y de dolor y en las que los combatientes se dejan llevar más por los odios personales o sectarios que por los ideales que dicen defender. Por tanto no sería justo recordar, honrar y subvencionar a las víctimas del franquismo, olvidando a las que sucumbieron en Paracuellos del Jarama, en la Cárcel Modelo o en la checa de Fomento, por ejemplo, junto a los pueblos que vieron sus cunetas llenas de fusilados más por sus rencillas locales que por sus ideas políticas. Y, sobre todo, es inútil e irresponsable traer a colación esos sangrientos hechos setenta años después de haberse producido y cuando ya los españoles nos habíamos olvidado de ellos con la llegada de la democracia y la Constitución de 1.978.

Esas leyes, impulsadas por un rechazable radicalismo político y aprobadas por una mayoría parlamentaria trabajosamente formada a fuerza de pactos y concesiones, que apenas representa a la mitad de los españoles pero que ha sido posible gracias a un sistema electoral distorsionado e injusto, atesoran muchos méritos para ser calificadas de leyes autoritarias porque no garantizan los derechos de la mayoría, sino que imponen los pretendidos derechos de las minorías que, en muchos casos, confunden y hasta ofenden a una sociedad que hasta ahora se ha sentido protegida por las normas democráticas de la convivencia, la ética y la moral. Es bueno gobernar a favor de los derechos de las minorías, como pregonan constantemente Zapatero, la vicepresidenta y sus portavoces, pero siempre que estos derechos no lesionen los de la mayoría y puedan ser aceptables en el marco general de la sociedad. El cambio de opinión en el proyecto de ley de Memoria Histórica puede acogerse como un signo esperanzador de que en la Moncloa hacen mella las críticas mayoritarias. Esperemos a ver si esa tendencia se confirma y no terminemos por llamar totalitaria la producción legislativa de este gobierno. Hay cuestiones muy importantes, como la unidad territorial de la nación y la forma en que se está enfocando el diálogo con ETA, que requieren perentoriamente un total cambio de conducta antes de que el daño sea irreparable.
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Edición 168 - Zapatero concede una tregua a Eta
Edición 167 - El debate sobre el estado de la ¿Nación?
Edición 166 - Tiempo nuevo para Euskadi y malo para España
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Edición 163 - ‘Solución habitacional’: la madriguera
Edición 162 - Un pontificado glorioso
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Edición 160 - España va mal
Edición 159 - Algo huele a podrido en Cataluña
Edición 158 - El modelo de ciudadano
Edición 157 - Ya sabemos adonde va Zapatero
Edición 155 - Carta abierta a Antonio Castro Villacañas
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Edición 152 - El disfraz del diálogo y la división de España
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Edición 149 - España al borde del desastre
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Edición 141 - La Iglesia, un obstáculo más en el incierto camino del PSOE
Edición 140 - La victoria de Bush refleja el sentir de Estados Unidos
Edición 139 - La amenaza terrorista no es cuestión de política
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