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  Firmas Invitadas - Edición Nº 213
Semana del 3/30/2006
Lo que viene después de la tregua


José Meléndez
P ARA muchos, incluido políticos, el anuncio de la tregua permanente de ETA les produjo una esperanzadora sensación de amanecer despejado, que brinda sosiego y paz después de una negra noche de pesadillas. Y ese amanecer se convirtió en aurora boreal tras el encuentro de La Moncloa entre José Luis Rodríguez Zapatero y Mariano Rajoy. Es natural porque, por fin, se vislumbra la posibilidad de que desaparezca esa lacra salvaje del terrorismo que durante muchos años ha golpeado a España y ha llevado al luto, el dolor y la tristeza infinita a muchos cientos de familias y ha sido una constante y siniestra amenaza en nuestras vidas. Las esperanzas están justificadas y lo que hace falta es que las expectaciones se cumplan.

La reunión del presidente del gobierno y el líder de la oposición brinda una primera impresión positiva porque, como no podía ser de otra forma si de verdad se quiere solucionar un problema que es una cuestión de Estado, ambos se mostraron dispuestos a una colaboración que es fundamental e imprescindible en un asunto de tamaña importancia. Entre los dos representan al ochenta por ciento de los españoles y es prácticamente imposible –y políticamente inadecuado- que uno decida sin la aprobación del otro. A Zapatero se le ha criticado –yo entre ellos- un posible y escondido afán de protagonismo para ser tenido como el Pacificador, quizás con el secreto deseo de que la Academia de Oslo le recuerde –aunque la propia Academia ha degradado los Nobel de la Paz al premiar al siniestro Yaser Arafat o la atrabiliaria Rigoberta Menchú- y a Rajoy se le ha tildado de intransigente, como el más benévolo de los epítetos que ha recibido. Pero ambos han dado una primera prueba de políticos de Estado, con una grandeza de miras por encima de partidismos y enconos que es justo reconocerles.

Zapatero podía haber seguido solo el camino de la negociación que comenzó a recorrer hace más de un año, porque cuenta para ello con mayoría parlamentarias y una importante masa de votantes. Pero en cuanto ha visto que la disposición de ETA se abre al diálogo, llamó a La Moncloa al jefe de la oposición en un gesto que le honra. Y Rajoy, atrincherado hasta ahora en la negativa a pagar cualquier precio político a unos asesinos que han hecho tanto daño y en negarle el pan y la sal al presidente del gobierno, acudió a la cita en otro gesto encomiable. Se ha hablado y se ha escrito mucho sobre lo que hablaron y la línea a seguir, siempre que se constate que la tregua anunciada es verdadera y la disposición a negociar de la banda terrorista es verificable, por lo que no es cosa de volver a repetirlo aquí. Pero sí es momento de un análisis que nos ayude a intuir lo que puede pasar en un proceso que Zapatero ha calificado de largo, difícil y duro con toda propiedad. Por lo pronto, lo que Rajoy propone es la reactualización de los instrumentos que llevaron a la banda ETA a la penosa situación en la que se encuentra actualmente, esto es, la Ley de Partidos, que la privó de un portavoz político como es Batasuna y el Pacto Antiterrorista, arrumbado desde que Zapatero accedió al poder, además de cortarle sus vías de financiación, quebrar sus estructuras y suprimir sus principales medios de comunicación. Zapatero parece conforme con ello, pero no se ha comprometido a convocar a la comisión de seguimiento del Pacto, prefiriendo el intercambio directo de información y estrategias entre él y el líder de la oposición en este primer paso. Esto podría generar alguna duda entre los escépticos, que no son pocos, tapada por ahora con los hechos positivos de que se haya restaurado la confianza entre los dos principales partidos; tomar el proceso con la calma necesaria hasta confirmar que la decisión de ETA de dejar de matar es irreversible y la garantía de Zapatero de que hasta ahora no se ha comprometido a nada con la banda.

Pero hay nubes en este planteamiento. Además de la reacia posición del presidente a convocar la Comisión del Pacto Antiterrorista, se ha producido un hecho que hay que analizar detenidamente: el encarcelamiento de Arnaldo Otegui. Primero fue la asombrosa declaración del Fiscal General del Estado, Conde Pumpido, afirmando que los jueces habrían de observar “cierta flexibilidad” ante la nueva situación de tregua. Después, el cambio repentino del Fiscal de la Audiencia Nacional que tornó su primera petición de cárcel incondicional en una de cárcel con fianza de 100.000 euros y, por último, la sentencia del Juez Gómez Marlaska, que se limita a aumentar la fianza a 250.000. A pesar de las declaraciones de los ministros de Justicia e Interior en defensa de la ley y la libertad de los jueces para aplicarla, es indudable que Conde Pumpido no dijo eso por su propia cuenta, sino con instrucciones del mas alto nivel. Si es así, esa restablecida confianza entre Zapatero y Rajoy empieza a agrietarse nada más comenzar. Es evidente que Zapatero está hipotecado por sus pactos secretos y su gestión en asuntos de tanto calado como el Estatuto catalán había forzosamente de tener consecuencias en otras situaciones de cariz nacionalista y ese va a ser para él un difícil escollo que salvar en las negociaciones que vienen, donde tendrán un papel callado pero molesto los nacionalistas de Juan José Ibarreche y de Patxi López.

Por tanto, el proceso seguirá adelante dentro de los parámetros que son irrenunciables en un Estado de Derecho y un respeto a la dignidad nacional y a las víctimas, con el presidente del gobierno como gestor y el líder de la oposición como garante. Ese ha de ser el desarrollo lógico por parte de las fuerzas democráticas, con las dificultades que quedan señaladas. Y queda ETA y sus verdaderas intenciones.

Es incontestable que ETA ha llegado a su precaria situación actual a causa de la política antiterrorista de los gobiernos anteriores al actual, especialmente el de José María Aznar, porque en esos ocho años se promulgaron el Pacto por las Libertades y Contra el Terrorismo, la Ley de Partidos; se consiguió la colaboración internacional para luchar contra la banda armada, que privó de santuarios a sus pandilleros, sobre todo en Francia, cuando el gobierno galo se dio cuenta de que el problema también les afectaba; se agilizaron las extradiciones y se estrangularon los canales de financiación de los terroristas. Pero en un mundo fanatizado y delirante como el que rodea a la banda asesina y con partidos y grupos políticos que, aunque de distinta forma, persiguen el mismo fin que ETA, es muy difícil poder vaticinar sus futuras reacciones y garantizar el cumplimiento de sus compromisos.

Si Zapatero se va a encontrar presionado en su tarea negociadora por el Partido Nacionalista Vasco y por sectores de los socialistas vascos, que han sido los verdaderos interlocutores con la banda y los que han conseguido el comunicado etarra, además de los nacionalistas radicales, que son socios de su propio gobierno y de esa estrafalaria formación de Izquierda Unida, que juega a todo menos a reconocer su papel cada vez más menguado, va a tener que hilar muy fino para no pagar precios políticos como demanda la oposición. Las primeras pruebas han surgido ya, porque Conde Pumpido –que es el Fiscal General que ha batido todas las marcas de obediencia al gobierno- acaba de soltar otra de sus perlas afirmando que la ley no impide que los dirigentes de un partido ilegal se presenten a unas elecciones con otro partido que cumpla los requisitos constitucionales. En eso es donde el Partido Popular debe apoyar al gobierno, sin complejos ni encasillamientos, con una decidida vocación de partido nacional consciente de sus responsabilidades, porque el asunto supera con creces los malabarismos y conveniencias del juego político. O denunciar públicamente y sin rodeos si tiene pruebas de que el gobierno está realizando una doble política. Todo puede pasar, pero esperemos que no sea así y que las esperanzas surgidas se vean ratificadas por los hechos, porque todos nos jugamos demasiado en ello.
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