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Época II - Año XIV
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  Firmas Invitadas - Edición Nº 47
Semana del 31/01/2003
Pena de muerte
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Ricardo Navas-Ruiz
E L tema de la pena de muerte presenta distinto perfil desde la Comunidad Europea y desde los Estados Unidos. No es prioritario para aquélla. De hecho ni se debate o se debate sólo teóricamente, para referirse a otros países. ¡Felizmente! La estadística dice que la última ejecución de un reo en aquel espacio político tuvo lugar en Francia en 1977. Desde entonces la guillotina, el garrote, la horca, permanecen ociosos, testigos silenciosos de tiempos más crueles o bárbaros. ¡Ojalá que poco a poco se vayan herrumbrando y nunca reaparezcan! La situación en los Estados Unidos es muy diferente. Según los datos hay dos o tres ajusticiamientos, -¡qué palabra tan singular!- , por semana. Cuando alguien es obligado a morir, -digámoslo así -, por inyección letal o silla eléctrica, surgen protestas minoritarias delante de la cárcel y se reavivan las discusiones en periódicos o foros. Pero tampoco exageradamente, sino más bien como una obligación ritual. No todos los estados, sin embargo, contemplan en su sistema penal la muerte. No existe, por ejemplo, en Massachusetts.

Los razonamientos y las posiciones sobre tal pena están hoy tan bien definidos que sólo queda tomar partido, rechazarla o considerarla solución legítima como castigo del crimen. A estas alturas es difícil, aunque no imposible, que nadie pueda convencer a nadie de su utilidad o de su irracionalidad. Han pasado más de dos siglos desde que se alzó una voz de denuncia contra ella, el trato cruel de los criminales y la condición inhumana de las cárceles, la de Cesare Beccaria en su influyente tratado “Crímenes y castigos” [1767]. Tinta en abundancia ha corrido desde entonces sobre el tema en cientos de libros e innumerables artículos. Permítaseme solamente recordar al lector español que quien popularizó entre nosotros las tesis del sociólogo y político italiano fue José de Espronceda en sus canciones “El reo de muerte” [1834] y El verdugo.” [1835]. Quien las haya leído, sobre todo de adolescente entre las lecturas de la escuela, no habrá olvidado su vivo alegato contra la pena capital y la hipocresía de la sociedad que a través de su sistema penal da salida legal a sus instintos más sanguinarios, a su sed de venganza.
Si es así, -me preguntará el lector -, ¿a qué hablar de ello? Han aparecido en estos días algunas noticias que justifican, no el reabrir un viejo debate ya decidido, pero sí el discutir algunos aspectos colaterales. El hacerlo puede brindarnos la ocasión de tomar el pulso al estado de civilización de nuestras sociedades occidentales. Si algo manifiesta su salud a las claras, son sus instituciones y la manera como funcionan. Las democracias occidentales se asientan en tres poderes: el ejecutivo, el legislativo y el judicial. Este último es quizá el más vulnerable, el más frágil, el más permeable a manipulaciones y presiones soterradas por estar más expuesto a una amplia burocracia administrativa. Por eso se ha tratado de activar mecanismos que garanticen en lo posible la justicia de los procesos, en especial los más problemáticos, los penales, que implican la pérdida de la libertad o aun de la vida de un ciudadano: profesionalización e independencia política del cuerpo judicial, perfeccionamiento de los métodos probatorios incluido el uso del ADN, entrenamiento de la policía en el respeto a la legalidad.

He aquí la primera noticia. El Gobernador del estado de Illinois, George Ryan, sorprendió a todos hace unos días, conmutando la pena de muerte por la libertad a cuatro reos y por la cadena perpetua a ciento sesenta y cuatro. Adujo como razón que la policía había obligado a los cuatro primeros a confesar el crimen con métodos brutales y que, en los otros casos, el sistema de justicia se halla tan adulterado que no garantiza la mínima imparcialidad. El Gobernador había visto la noche anterior a su decisión un drama que se representa con éxito en varias ciudades norteamericanas, “El exonerado,” de Kerry Max Cook, ex-reo que pasó veinte años en capilla en una cárcel texana acusado de un crimen que no cometió. En la obra seis presos cuentan su experiencia de condenados a muerte inocentes, la experiencia de la injusticia de un sistema que envía al más allá al pobre y libra al que tiene medios.

El problema de la injusticia y parcialidad del sistema penal es viejo. Me parece oírte recordarme, querido lector, el magistral capítulo de la aventura de los galeotes del “Quijote.” Cervantes desmonta en él todos los motivos posibles de condena de unos individuos que, con un poco de suerte, amistad o dinero, bien podrían haber quedado libres. Pero en tema tan complejo nadie debe ser tonto ni ingenuo. Con la ambigüedad que le caracteriza, el glorioso manco no deja de ver el otro lado, lo bien que estaban condenados aquellos reos que, en cuanto se ven libres, apedrean al hidalgo idealista. No es cuestión de dejar sueltos, en nombre de una justicia imposible, a cuantos se les ocurra cometer un crimen, sino de castigar adecuadamente y sin error a los culpables. Pero la justicia distributiva no es fácil de aplicar, el error acecha al menor descuido. Por eso el argumento más válido contra la pena de muerte es que, si el juez se ha equivocado, no hay reparación posible, una vez aplicada. El sentimiento de culpa nos acompañará definitivamente a todos, a toda la sociedad. En esto lleva ventaja la Comunidad Europea a Estados Unidos. Por lo menos no tiene que llorar a ajusticiados inocentes como en un pasado no muy remoto.

Dejando a un lado la problematicidad de la pena de muerte, ¿qué es lo que falla en el sistema penal americano que lleva a todo un gobernador a denunciarlo? Veo una caricatura en el “Boston Globe” [27 enero 2003] en cuyo pie se lee: “Juego de azar patrocinado por el Estado.” Reproduce un verdugo, un cadalso y una rueda con diferentes recuadros que dicen: mal abogado, inocente y qué, culpable pero blanco, regateo, libre, muerte. Gire usted la rueda y lo que salga, eso le toca. Esto me trae a la memoria el famoso cementerio de Tombstone en Texas, donde tanto pistolero duerme ahora en paz, y un letrero que me dejó con esa risa helada del humor negro: “ahorcado por equivocación.” Lo que falla es el aparato mismo del sistema. Jurados forzados e incompetentes, -a todo el mundo le toca serlo bajo multa de dos mil dólares, si le llega la citación -, jueces mal preparados y muchas veces nombrados políticamente, abogados hábiles que saben usar bien el dinero, prejuicios raciales y culturales, policía forzada a buscar un culpable sea como sea, son algunos de los responsables. Cabría añadir esa figura del regateo entre acusado y juez en que, si aquél acepta ciertas condiciones, éste le rebaja la pena. O peor aún, la posibilidad de que un reo quede libre si ayuda a condenar al compañero con su testimonio. Estoy seguro que el lector ha visto todo esto reflejado en infinidad de películas norteamericanas.

La segunda noticia se refiere también a la pena de muerte, pero a otro nivel. México acaba de llevar al Tribunal de Justicia de la Haya a los Estados Unidos, pidiendo la suspensión de la ejecución de cincuenta y un ciudadanos de aquel país por haber sido violado su derecho de asistencia consular, consagrado en la Convención de Viena. Los Estados Unidos alegan en contra su derecho soberano a administrar justicia a su manera sin intrusión de ningún representante extranjero. Hay que leer el dato, para entenderlo cabalmente, en conjunción con otros muy actuales que causan cierto desasosiego por las consecuencias. A uno le cuesta admitir, pero la evidencia parece imponerse, que los Estados Unidos no respetan las instituciones internacionales, salvo cuando les conviene usarlas en provecho propio. En Guantánamo se hallan detenidos varios centenares de prisioneros de guerra contra todas las reglas internacionales y humanitarias que exigen un juicio rápido y legal. Los Estados Unidos han logrado eximir a sus soldados de responsabilidad criminal fuera de
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