N
O lo pudo decir con mayor claridad Ángel Acebes al identificar el proyecto Zapatero para el “proceso de paz” en Euskadi con el patrocinado por ETA para la rendición del Estado de Derecho: solo veinticuatro horas mas tarde, el órgano oficial de la banda terrorista –Gara— insertaba en portada un esclarecedor logotipo publicitario con el símbolo de la serpiente sanguinaria de sus aberrantes prácticas gansteriles enroscada al tierno capullo esgrimido por la familia socialista como mensaje benevolente de libertad, allí donde florece el jardín onírico de sus reclamos. Todo el largo rosario de imprecaciones, anatemas, vituperios y denuestos utilizados contra el secretario general del Partido Popular por el coro servil de los entusiastas defensores de “un Gobierno que no mienta” –desde Rubalcaba y Pepiño Blanco, hasta Gabilondo y Elkaizer— tienen ocasión, ahora, de comprobar la veracidad del aserto: tenemos un Gobierno que, no sólo comparte las propuestas “políticas” de ETA; es que, además, se siente orgulloso de servirla como palafrenero.
La constatación de tan elemental evidencia, abruptamente hecha explicita por los nacional-socialistas vascos, no es presumible que sirva para corregir la dirección del partido gobernante hacia el obsceno precipicio de sus (i)responsabilidades; pero debiera servir, al menos, para que el amplio abanico de “equidistantes” –desde monseñor Uriarte y Duran Lleida, hasta Fernando Onega y Antonio Casado— caigan de su particular caballo de la comprensión y eviten a sus respectivas audiencias políticas y mediáticas el inevitable bochorno de la indignidad. Esta muy bien el talante como ejercicio político para los debates parlamentarios sobre la ley de recursos hidráulicos o, incluso, el matrimonio civil de los homosexuales, pero es absolutamente contraproducente –por irresponsable— cuando se ventilan cuestiones básicas de dignidad personal. Uno puede declararse fascinado por los buenos modales en la dialéctica parlamentaria y hasta defender el derecho del presidente del Gobierno a buscar la “solución del conflicto” en el terreno de la negociación política; pero es absolutamente imposible aceptar el itinerario prefijado durante cuatro años de conversaciones para llegar al punto de quiebra del principio de legalidad y hacer tabla rasa de la ley por la conveniencia política de una declaración “provisional” de tregua.
Porque lo mas irritante del actual desideratum presidencial hacia lo que viene denominando “proceso de paz” con la izquierda abertzale reside, precisamente, en el fraude de ley agazapado en cada una de sus secuencias: hubo fraude de ley cuando propuso la ley que declaraba ilegal a Herri Batasuna, mientras sus secuaces dialogaban en escenarios no muy distantes con sus representantes más conspicuos; fraude de ley se produjo con las instrucciones de la fiscalía del Estado sobre la legalización de aquellas peregrinas “chicas comunistas de las tierras vascas”, cuando era publica y notoria su dependencia directa de Arnaldo Otegui; fraude de ley representó su anuncio en el Congreso de los Diputados para iniciar el diálogo “político” con ETA, sin la preceptiva convocatoria del “pacto por las libertades y contra el terrorismo”. Fraude de ley puede considerarse, finalmente, su deliberada ocultación a los representantes de la soberanía nacional de sus auténticas intenciones sobre la autorización al secretario general del PSE-PSOE para sentarse en la “mesa de partidos” con unos agentes “políticos” sobre los que pesan varios procedimientos penales ante los órganos competentes de la Justicia.
Aceptar la renuente argumentación de Rodríguez Zapatero sobre el respaldo concedido por su partido al Gobierno de Aznar durante las conversaciones de Zurich, no deja de ser una torticera falacia instrumental, puesta al servicio del mas descarado oportunismo: nadie mejor que él puede explicar las diferencias entre 1998 y 2006, cuando no estaba vigente la ley de partidos, no se había producido la sentencia del Supremo declarando ilegal a ETA-Batasuna, ni se había incluido a este “holding” en la lista de organizaciones declaradas fuera de la ley por el Consejo de Europa. A partir de tan elemental constatación, las acciones permisibles están estrictamente tasadas por imperio de la ley y el itinerario político de los poderes públicos tienen unas “líneas rojas” infranqueables: no porque las delimite Rajoy, sino por exigirlas la lógica, la decencia y el propio sentido de conservación de la familia socialista.
|