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E alarmé cuando conocí que un juez de Leganés había mandado detener y encerrar durante varias horas a 22 médicos de Madrid en calabozos. Intenté obtener información y sólo conseguí dar con el desconocimiento del asunto de la ministra de Sanidad (admitido por ella misma a la agencia Efe), con un comunicado confuso y extremadamente radical del Colegio de Médicos pidiendo la presunción de inocencia para sus colegiados, y con las declaraciones de un abogado metiendo la pata y reconociendo (así lo he interpretado) la ilegalidad del trabajo realizado por sus defendidos. Como nadie me daba pistas y todo me parecía muy surrealista, me puse a la tarea y me enteré de todo lo que voy a compartir con ustedes a continuación.
Cuando terminen este relato periodístico (espero que comprendan que no tengo suficiente información para darles mi opinión) les ruego que continúen leyendo la carta al director que en este mismo periódico firma un lector llamado José Andrés Vidal.
No vayan a pensar que la historia de las fórmulas magistrales y lo médicos es nueva.
El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) condenó el pasado 12 de septiembre a una doctora, Ángeles M.C., a pagar una multa de 3.005 euros por una falta grave al prescribir a dos pacientes recetas de fórmulas magistrales para combatir la obesidad que contenían una sustancia no autorizada en España. El tribunal catalán confirmó la sanción impuesta en 1997 a la condenada por las autoridades sanitarias, por prescribir para un tratamiento de adelgazamiento 45 recetas de fórmulas magistrales que contenían, entre otras sustancias, Triac, que está prohibida en España.
La sentencia indicaba, en contra de las tesis de la doctora, que “la libertad de prescripción de medicamentos no es omnímoda” y por ello se han dictado leyes sanitarias para proteger la salud pública. Además, el tribunal dijo que la Ley del Medicamento “prohíbe la prescripción de productos y preparados que se presenten como medicamentos que no estén legalmente reconocidos”, mientras que la Ley General de Sanidad considera “clandestina la circulación de medicamentos o productos sanitarios no autorizados u homologados”. El mismo Tribunal definió la fórmula magistral como el “medicamento destinado a un paciente individualizado, preparado por el farmacéutico, o bajo su dirección, para cumplir expresamente una prescripción facultativa detallada de las sustancias medicinales que incluye, según las normas técnicas y científicas del arte farmacéutico, dispensado en una farmacia o servicio farmacéutico y con la debida información al usuario”. Los jueces no se inventaron nada ya que se limitaron a copiar el contenido textual del Real Decreto 175/2001 de 23 de febrero, que aprueba las normas de correcta elaboración y control de las fórmulas magistrales.
Dos años antes, el 26 de enero, el doctor Joaquín Amat, fue acusado en Castellón de intrusismo profesional y de estafar a cientos de pacientes con un tratamiento “milagroso” contra el cáncer.
El acusado declaró en el juicio que su producto, llamado “Amatrisan” es una fórmula magistral “efectiva”, no sólo para el cáncer, sino para otras patologías como asma, Sida, bronquitis, procesos gripales o hepatitis.
Volviendo al pasado más cercano, el Colegio de Farmacéuticos de Madrid emitió un comunicado el pasado 16 de febrero recordando a la población y a los profesionales de la Sanidad que es ilegal emplear una fórmula adelgazante para varios pacientes. La misma institución insistía en su comunicado muy claramente en que la fórmula magistral que se emplea con fines adelgazantes tiene que ser prescrita para una persona concreta y elaborada ex profeso para ese paciente individual por un farmacéutico en una oficina de farmacia o centro autorizado. El propio Colegio de Farmacéuticos aseguraba tajantemente que “los médicos tienen prohibido entregar (menos, vender) a los pacientes fórmulas magistrales o preparados oficinales en su consulta. Es decir, que si un ciudadano acude a una consulta médica y en la misma el facultativo le proporciona en cualquier presentación posible una fórmula magistral, eso es un acto ilegal”.
El viernes, 15 de noviembre, el juez de instrucción número 1 de Leganés ordenó la detención de 22 médicos en Madrid, por prescribir formulas magistrales relacionadas con productos adelgazantes, según informó el propio abogado de los detenidos, Ricardo Ibañez Castresana.
La ministra de Sanidad y Consumo, Ana Pastor, señaló en Barcelona que desconoce cualquier información relacionada con este hecho y en un comunicado difundido esa misma tarde el Colegio de Médicos de Madrid, reclamaba la presunción de inocencia para estos facultativos y se preguntaba si se había decretado la “caza al médico”. Sin embargo, el abogado de la Unión Profesional de Cirujanos y Médicos Estéticos, aseguró a Efe que a los detenidos se les imputan delitos contra la salud pública, estafa y lesiones, “simplemente por realizar fórmulas magistrales”, extremo que en febrero ya advertía el Colegio de Farmacéuticos que era ilegal y por lo tanto un posible motivo para que un juez decretara una detención.
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