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  Firmas Invitadas - Edición Nº 243
Semana del 25/10/2006
Un Fiscal General a la medida


José Meléndez
E L socialismo moderno, del que el español es un discípulo aventajado, tiende a conseguir dos logros que considera fundamentales: el control de las instituciones del Estado y el beneplácito del capitalismo, por mucho que esto sea una flagrante contradicción con su ideología tradicional.

El ordenamiento jurídico y su interpretación por los jueces es la base donde se asientan y se salvaguardan los derechos que protegen a la sociedad y por ello es, o debe ser, un poder independiente, según la teoría de Montesquieu, al que Alfonso Guerra enterró no hace muchos años. Así ocurre en todas las democracias donde la separación de poderes está bien definida y es respetada por todos. Pero ya hemos quedado en que España es diferente y la judicatura viene sufriendo también, como las demás instituciones, los efectos colaterales del uso partidista de la libertad que nos otorgó la Constitución de 1.978 y no se ha librado de la voracidad de los partidos para conseguir otorgar legalidad a sus intereses políticos. Esa división de los miembros de la judicatura en “conservadores” y “progresistas”, aceptada por todos y subrayada de continuo por los medios de comunicación cuando se refieren a alguno de ellos, es un atentado jurídico a unas personas cuyo deber exclusivo es velar por el cumplimiento de la ley sin otras miras o influencias que las que se derivan de la interpretación de los códigos.

Está bien que los miembros de la judicatura se integren en asociaciones profesionales para defender sus derechos laborales, como en cualquier otra profesión, pero esas asociaciones no deben estar impregnadas de carácter político porque entonces la opinión pública puede sentir el desasosiego de la sospecha de que en las decisiones de los jueces o los fiscales pesa más su inclinación política que su deber legal, lo que, desgraciadamente, sucede a veces y da pie a la baja estima que la Justicia merece, reflejada en las encuestas de opinión pública. . No es bueno democráticamente que haya una asociación de jueces conservadores u otra que se autodenomina Jueces para la Democracia, porque en un país democrático jueces para la democracia son todos los que visten una toga.

En cierta ocasión, un micrófono indiscreto recogió una conversación que Felipe Gonzalez sostenía con un grupo de correligionarios, que comentaban una decisión judicial contraria a los intereses del PSOE y en ella el ex presidente soltó la siguiente perla, que se hizo famosa: ¿Es que no hay nadie que les diga a los jueces lo que tienen que hacer?. Pues, andando el tiempo y en momentos de una crucial importancia, cuando la dignidad nacional, el recuerdo de las víctimas del terrorismo y la misma integridad de España como nación están un serio peligro, el PSOE ya tiene quien le diga a los jueces como deben comportarse: el Fiscal General del Estado, Cándido Conde-Pumpido.

No hace falta resaltar la importancia del Fiscal General de Estado en el ordenamiento jurídico porque es obvia. La figura del fiscal representa la seguridad de la ciudadanía en que el delito no va a quedar impune. Es una figura acusadora, con el código en la mano, para que un juez tibio o blando –que también los hay- no se deje ganar por las artimañas legales de los abogados defensores y el delincuente pague su factura con la sociedad por haber quebrantado la ley y con el Estado que la protege, representado en el fiscal. Esa frase que vemos tan repetida en las películas americanas de intriga, cuando el secretario del tribunal abre un juicio diciendo: “Los Estados Unidos de América contra fulano de tal” no es una retórica de guardarropía, sino el exponente de la obligación ineludible que tiene el Estado de castigar el crimen, como tutor de la ciudadanía. Y ahora, en esta España nuestra diferente e ingenua, resulta que el máximo representante legal del Estado incita a lo contrario aconsejando a los jueces que sean benevolentes con crímenes tan deleznables como los del terrorismo y cursa órdenes para que sus subordinados rebajen peticiones de penas con el fin de que los terroristas puedan acogerse a los beneficios penitenciarios y puedan abandonar la cárcel lo más pronto posible o rebaja fianzas de libertad condicional a terroristas emboscados como Arnaldo Otegui y sus secuaces.

Desde su nombramiento, la gestión de Cándido Conde-Pumpido ha estado encaminada más al seguimiento de los intereses del gobierno que a cualquier otra consideración. Desde que destituyó al teniente fiscal Fungairiño, verdadero azote de terroristas, hasta ahora, su labor ha estado encaminada en ese sentido. Hay que recordar que cuando Arnaldo Otegui escuchó la sentencia que lo enviaba a la cárcel, preguntó al juez: “¿Esto lo sabe el fiscal general?”. Sus razones tendría para semejante pregunta. Y ahora, en su lamentable comparecencia ante el Senado, tratando de justificar lo injustificable, le dice a los jueces y fiscales que se tienen que adecuar a las circunstancias políticas del momento, asegurando que él trabaja para que no haya mas muertos. Es el estribillo tendencioso y populista que emplean constantemente Zapatero y sus ministros en su constante e incierto tremolar de la bandera de la paz. Nadie quiere que haya mas muertos y todos deseamos la paz, pero hay que buscar ambos objetivos con unas garantías plenas de que se materialicen y el discurrir tortuoso del llamado “proceso de paz” indica lo contrario. Ahí está la “kale borroca” y las extorsiones a empresarios y ahí están los disparos al aire de tres encapuchados en Oyarzun o el robo de 350 armas cortas en Francia, en vísperas del debate sobre el “proceso” en el Parlamento europeo, la gran primera victoria política de ETA-Batasuna en su viejo afán de internacionalización del conflicto. Ni el mas lerdo puede pensar que ETA se ha llevado 350 revólveres y pistolas por un afán coleccionista o para practicar el tiro olímpico.

En su comparecencia ante el Senado, Conde-Pumpido dijo cosas que su formación jurídica debía haber silenciado. Habló de una “Justicia de trinchera” y expresó que se oponía a “una Justicia de revancha y venganza” Quien ocupa un alto cargo tan cargado de responsabilidad jurídica como el suyo, debe saber que las trincheras, la revancha y la venganza no tienen nada que ver con la justicia que representa..Justicia no hay mas que una y es el cumplimiento estricto de la ley, por lo que sobra esa expresión tan desdichada como rechazable.

Esperemos que el Fiscal General del Estado, que es un buen jurista, lo comprenda y lo enmiende.
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