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| Firmas Invitadas - Edición Nº 39 Semana del 06/12/2002 |
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| Al César | |||
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M
OLESTOS por su actitud hacia ellos, los principales sacerdotes y escribas de Israel, - lo cuentan Mateo, Marcos y Lucas en su Evangelio -, tramaron entregar a Cristo a las autoridades civiles. Como temían que el pueblo los desautorizase, le tendieron una trampa. Le enviaron unos “espías que parecían buenas personas” para preguntarle si debían pagar o no tributo al César. Cristo les pidió una moneda, un denario, en la que vio grabada la efigie del emperador. Sabiamente les respondió, devolviéndosela: “Dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios.”
Se ha visto en estas palabras la doctrina que debe regir las relaciones de la Iglesia cristiana y el poder civil: separación de competencias, acatamiento de éste . Ni en los Evangelios ni en los demás escritos del Nuevo Testamento se encuentran críticas al gobierno de Roma. Sólo una vez se refiere Cristo en general a las autoridades de las naciones como tiránicas para describir lo que no debe ser la comunidad de los fieles. Al enfrentarse a la acusación de ser rey y por lo tanto enemigo del César, dejó bien claro que su reino, el reino de la Iglesia, no era de este mundo. Pilatos lo halló inocente. No hace falta aducir citas, - serían innumerables -, para comprobar que la traición de la Iglesia a su misión de reino espiritual se inició el mismo día en que el Cristianismo fue declarado religión del Imperio romano por Constantino. El lector puede averiguar en cualquier manual de historia el origen de su poder temporal, sus intromisiones en asuntos civiles y la constitución de un sistema de justicia paralelo como si los sacerdotes no fueran ciudadanos sujetos a las leyes de la sociedad en que viven. La Reforma protestante propuso en parte un retorno a la situación inicial que el Catolicismo no asumiría, - y a regañadientes, - hasta el siglo XIX, con la ascensión del liberalismo. La separación Estado/Iglesia es hoy práctica común de las democracias occidentales. Las cosas en España fueron, - ¿lo son aún? -, diferentes. Nuestra primera Constitución, la de 1812, declaró al Catolicismo religión del Estado. Con pocas interrupciones, el principio prevaleció hasta hace poco. Algunos de los que aún vivimos tuvimos ocasión de contemplar cómo se recibía no hace aún muchos años al Caudillo en las iglesias españolas bajo palio como si fuera el Papa. Refresco hechos, no por mala fe, sino para enmarcar la última pastoral de los obispos españoles sobre la situación en Euzkadi, aprobada por mayoría con algunas abstenciones y varios votos en contra, supuestamente de los prelados de las regiones conflictivas vasca y catalana; pero, ¡quién sabe!, posiblemente de otros lugares también. La aparición de esta pastoral no causa, en ese contexto histórico, ni asombro ni sorpresa dado el lastrante peso de tradición que arrrastra la Iglesia española. Si es caso, causa cierta pena al ver que no logra librarse de él. Para los que no hayan leído la carta, es fácil resumirla. Se condena en ella explícitamente a ETA por su nacionalismo totalitario y sus asesinatos. Se analiza el problema del nacionalismo, restringiendo la licitud de la lucha por la independencia a casos de colonialismo. Y se declara la Constitución vigente marco obligado del diálogo y la convivencia. Curiosamente esta doctrina coincide casi por completo con la del Estado español. Quiero creer que los obispos españoles no han redactado esta pastoral gratuitamente, sino forzados por dos presiones. La una, contrarrestrar la actitud de un obispo de San Sebastián, ya jubilado, el señor Setién, defensor declarado del nacionalismo vasco, cuyas manifestaciones solían suscitar vivas polémicas. La otra, ceder al pedido constante de ciertos medios de comunicación y de muchos fieles de que de una vez por todas se aclare con quién está la Iglesia española, al lado de España o al lado de los independentistas vascos. Sea o no así, los obispos españoles han perdido la ocasión de desmarcarse, de quedarse al margen; han caído en la trampa de la que Cristo supo salir airoso. La independencia de Euzkadi o su continuidad como parte de España es, nos guste o no, un problema estrictamente civil, político, de una sociedad enfrentada a concepciones diferentes de destino. Constituye claramente territorio del César, - léase Estado español -, único capacitado para resolverlo según entienda y le dejen. La Iglesia no tiene nada que decir oficialmente al respecto, su mundo es otro. Como ciudadano, por supuesto, a título individual, cada obispo o sacerdote tiene el derecho de expresar la opinión política en la que crea, siempre que no utilice para ello espúriamente el poder que le da su cargo. QUIZÁ me equivoque rotundamente; pero pienso que pocos cristianos disentirán de esta opinión. De hecho viene refrendada por la actitud de las autoridades eclesiásticas católicas de otros países con problemas parecidos. Por razones profesionales visito con cierta frecuencia Quebec. El fuerte sentimiento independentista de su mayoría francófona ha conseguido ya someter un par de veces a referendo la cuestión de la separación de Canadá. En ningún caso he oído a los obispos, - la región es casi totalmente católica -, expresarse a favor o en contra, tratar de interpretar la Constitución o invocar la sagrada unidad de la patria. Dejando ya a un lado el problema de la conveniencia de tal tipo de documento político por parte de la Iglesia, hay aspectos del contenido un tanto perturbadores. Vale que se condene a ETA por sus asesinatos. La Iglesia, después de todo, ha aceptado los diez mandamientos como código mínimo de conducta y el quinto prohíbe matar, a secas, sin distingos de cuándo es o no lícito, porque matar nunca es lícito se haga en nombre de un nacionalismo totalitario o en nombre de la justicia, que también se asesina invocando a ésta. Condenar, en cambio, esa organización por su ideología, por muy repugnante que nos parezca, es debatible. En primer lugar no está claro cuál es esa ideología, si hay alguna, porque no se sabe muy bien quiénes son ETA o su entorno dentro del confuso entramado de la política vasca. En segundo porque toda ideología tiene un lugar en la mente humana, si hemos de ser coherentes con la libertad de pensamiento. Querer distinguir nacionalismos buenos y malos, invocar la Constitución y la historia, hablar de guerras de independencia legítimas e ilegítimas, es entrar en el terreno de un debate interminable donde todas la opiniones son válidas, donde cada uno barre para su casa y donde sólo los resultados tienen la última palabra. Si Euzkadi llegara a ser una nación independiente, los libros de historia hablarían de su esfuerzo por conseguirlo, ocuparía un lugar en Europa y las Naciones Unidas, serían héroes algunos villanos de hoy. Que ese proyecto disguste a muchos es otro cantar. Pero ese proyecto puede ser realidad. Nada hay definitivo y permanente en los asuntos humanos. Cayó Roma tras ochocientos años de poder. España, tal como la conocemos, sólo tiene quinientos. ¿Quién les hubiera dicho a Castilla y Aragón que perderían su independencia, que dejarían de ser reinos autónomos? Las constituciones van y vienen. La actual que nos rige debe de ser ya la número diez de nuestro país. Hasta la venerable Constitución de los Estados Unidos, la de más larga continuidad, se revisa periódicamente para adaptarla a realidades nuevas. Por cierto en ella se prevé la posibilidad de secesión de los estados de la Unión en determinadas circunstancias y condiciones. El futuro de España, como el de cualquier otra nación, es un libro abierto, inacabado. Como recordaba Ortega y Gasset en “España invertebrada,” apoyándose en Pascal, la existencia de una nación es un plebiscito cotidiano. Se está juntos para hacer algo atractivo, para una tarea interesante en común, no porque haya un pasado, no porque se ha vivido una historia. Convendría releer ese ensayo. El problema de Euzkadi es problema de toda España, quizá ahora de toda Europa, no sólo |
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