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  Firmas Invitadas - Edición Nº 399
Semana del 22/10/2009
Los minusválidos no son números


Yolanda Salanova
E S algo que tenemos que recordar a las distintas instancias de la administración, autonómica y estatal. A quienes tratan con los hoy llamados ciudadanos, cuando en verdad demasiadas veces somos tratados como vasallos, con la indiferencia, cuando no la prepotencia de personas —yo sí creo que los empleados de la administración lo son— que nos dicen que tenemos que esperar, que las solicitudes y/o reclamaciones se resuelven en un tiempo indeterminado —meses, dicen— y si pasados tres meses no hay contestación, lo que llaman ”silencio administrativo", es cuando se puede reclamar a instancias de rango superior.
Y otra vez a esperar a que se tramite, se resuelva o no el recurso, y vuelta a reclamar, y así un largo etcétera. Hasta que toque el número con que se registra el expediente de persona minusválida como tal.

Cuando se trata de tragedias humanas, como enfermedades tan cruentas como el cáncer, contra las que se lucha apenas con esperanza de vencer, con medidas terapéuticas que conllevan la amputación de miembros, tras años de intentar salvarlos para preservar la vida; accidentes que truncan la vida personal y familiar, lesiones incapacitantes para llevar una vida normal, incluso con la espada de Damocles de la recaída y empeoramiento que pone fecha de caducidad a la propia vida; la espera es insufrible.
Y aun así, se trata de luchar contra la adversidad con los medios a nuestro alcance, pero además, hay que someterse a la lentitud de la maquinaria burocrática; es como el "vuelva usted mañana" del pasado oneroso que los que vivimos la dictadura recordamos, como un chiste malo cuando algo se demora y te piden más documentos y certificados aunque los hayas presentado.

Es la ley, nos dicen, no podemos hacer nada para ayudarle. Y la contestación que sale de la garganta de la persona afectada, es un grito de impotencia, un ¡no hay derecho! Y el minusválido, pues a esa condición le ha relegado la adversidad, la suerte o, peor, la mala praxis, a punto de tirar la toalla, va hundiéndose más aún en el abismo de la depresión, por si no tuviera bastante con el estrés postraumático aún no superado, con el recordatorio —"memento mori"— de sentir el miembro fantasma moverse, sentir dolor, impedir el descanso, síndrome que puede durar de por vida, aunque la vida sea probablemente corta.
Si la ley es mala, ¡cámbiese la ley! Y mientras se cambia, si es que se cambia, le puede llegar a uno la visita de La Parca para el último viaje, o la desesperación alcanza tal punto que uno mismo lo emprende, hastiado de una vida mermada, sin medios para sobrellevarla con una mínima dignidad.

Puede que no sepan que el importe de las prótesis para los miembros amputados tienen distinta cobertura por parte del Sistema De Salud Público: si la amputación es de la pierna completa, cubre la totalidad del coste; pero si es un brazo completo, la cobertura no llega a ni la mitad de lo que cuesta, por lo que la familia, si es que cuenta con medios económicos, tiene que costear lo que falta: resulta un evidente agravio comparativo. Y hablamos de las prótesis más sencillas y menos funcionales.

Que nadie me diga que es 'por la crisis', cuando vemos el flamante edificio acristalado destinado a oficinas del Servicio Vasco De Salud, cuando se invierten fondos públicos —es decir, de nuestros bolsillos— en fastos, monumentos faraónicos, propaganda institucional… Se despilfarra el dinero público, que es de todos nosotros, para el bien privado; se cobran sueldos astronómicos, dietas, coches de lujo, y se financian proyectos inútiles. Uno se pregunta si ha estado pagando impuestos durante décadas, y todavía, para que le regateen al hijo un brazo ortopédico, para tener que 'mendigar' lo que en justicia es un derecho.

Costeamos con nuestros impuestos nada más y nada menos que diecisiete parlamentos y gobiernos autonómicos, más el central y lo que nos toca del europeo, ayuntamientos, diputaciones, etc., sedes de los mismos, asesores, cargos de confianza, dotaciones a partidos políticos y dispendios varios, como embajadas de países imaginarios, informes inútiles, viajes con séquitos propios de jeques árabes y demás. El dinero público es de todos, no "de nadie" (Aído dixit), y la Administración —por algo se llama así— está para administrarlo al servicio de la población —administrados— con transparencia y priorizando lo imprescindible y necesario; pero en "estepaís" llamado España, suele ser al revés. Se dota de medios económicos al colectivo de familias de presos etarras, se subvencionan entidades que presuntamente ‘promueven el euskera’ para la ‘normalización’ lingüística, se priorizan territorios sobre ciudadanos… pero no se cubren las necesidades de los minusválidos y discapacitados. Todo ello es propio de un sistema depredador más que democrático.

Parece ser que somos ciudadanos sólo cuando se necesitan nuestros votos. Entonces se habla del Estado De Bienestar, se promete, se alude al principio de igualdad y solidaridad. Debe ser que los minusválidos y discapacitados son muy pocos a la hora de contar las papeletas que dan el poder y el dinero público a administrar. Y encima no se pueden declarar en huelga, pues la mayoría carece de trabajo, y por tanto de ingresos. Menos mal que algunos tienen familia, padre o madre. Somos los que pagamos impuestos para apenas tener derechos, salvo en el papel propagandístico y en los mítines: Palabras, palabras, palabras (Hamlet - Shakespeare)
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