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E ha celebrado en España con pompa progresista el LX aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, aunque no tanto en otros países que la suscribieron igual que si se tratara de los 30 mandamientos de la democracia purificadora. Ha sido leída por bebedores de los néctares del poder con parecida prosopopeya que cada año el Quijote. También la he leído tras tenerla archivada por inservible, inaplicada y vulnerada. Y para confirmar o no si la tan apelada Declaración ha corrido la misma suerte de nuestra Constitución de 1978 a la que dediqué mi crónica de la pasada semana. Pues sí. También la Declaración Universal de los Derechos Humanos la violaron y la violan en su letra quienes la fabricaron, multitud de gobiernos, partidos, sindicatos, covachuelas liluministas y la propia Organización de las Naciones Unidas, a través sobre todo de su Secretaría General, su corrompido centro de poder. Trataré de explicar este juicio que los políticamente correctos considerarán desmedido, cuando no de un nazi-fascista empedernido.
UNA DECLARACIÓN A LA MEDIDA DE DEL NUEVO ORDEN MUNDIAL
LA Declaración comenzó a gestarse en 1946, todavía con Eurasia en ruinas, el corazón de Europa repartido anticipadamente entre los aliados occidentales y la URRS mediante los acuerdos de Yalta y Postdam y Alemania bajo la bota de las mutuas fuerzas de ocupación, amén de las restantes naciones al este por los ejércitos soviéticos. Los vencedores se aseguraron el derecho de veto en el Consejo de Seguridad de la casi recién nacida ONU, continuadora de la insolvente y fenecida Sociedad de Naciones de entreguerras. ¿Pero qué se escondía realmente detrás de ambas creaciones y, en concreto, de la Declaración Universal de los Derechos Humanos?
Las líneas de presentación, los considerandos del preámbulo y el artículo 30 de la Declaración ocultan a duras penas la pretensión de amachambrar un nuevo orden mundial cuyo motor y centro aparente de poder sería la ONU. “Nada de esta Declaración podrá interpretarse en el sentido de que confiere derecho alguno al Estado, a un grupo o a una persona, para emprender y desarrollar actividades o realizar actos tendientes a la supresión de cualquiera de los derechos y libertades proclamados en esta Declaración”, advierte el artículo 30 que la remata.
A mayor abundancia, “la Asamblea pidió a todos los Países Miembros que publicaran el texto de la Declaración y dispusieran que fuera distribuido, expuesto, leído y comentado en las escuelas y otros establecimientos de enseñanza, sin distinción fundada en la condición política de los países o los territorios”. Está claro en qué fuente bebió el gobierno Rodríguez para imponer a los centros de enseñanza de cualquier índole la asignatura Educación para la Ciudadanía, trasunto descarado de lo que se esconde realmente bajo el rutilante ropaje retórico de la Declaración Universal de los Derechos Humanos.
Los considerandos anticipan lo que será el articulado. Y al exponer los derechos que deben ser protegidos nos sitúan de manera implícita ante el aterrador y generalizado panorama de su inexistencia. Lo llamativo del caso reside en que los gobiernos que firmaron la Declaración los pisoteaban en los territorios ocupados a los vencidos e incluso en los suyos. ¿Cabía mayor sarcasmo, por ejemplo, que uno de los firmantes fuera la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, todavía bajo la terrorífica férula de Stalin, o que se diera por válido el reparto “democrático” del mundo pactado en las conferencias de Yalta y Potsdam? Pero la clave de ese imperativo totalizador de los supuestos “valores democráticos” se encuentra en el tercer párrafo del Preámbulo: “Considerando esencial que los derechos humanos sean protegidos por un régimen de Derecho, a fin de que el hombre no se vea compelido al supremo recurso de la rebelión contra la tiranía y la opresión”. Se sentaban así las bases para el posterior establecimiento de Tribunal Penal Internacional y para acciones represivas, amparadas por la ONU, en aquellos espacios políticos o territoriales a los que conviniera reprimir en cada momento. Se prevenía el aplastamiento de cualquier asomo de rebelión de los sojuzgados.
TOTALITARIA IMPOSICIÓN DE LA “REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA”
LA Organización de las Naciones Unidas, de la que la Declaración Universal de los Derechos Humanos puede considerarse su Carta Magna, se configura como una suerte peculiar de sociedad anónima mundial con una presidencia cambiante y meramente formal; un consejero delegado con amplísimos poderes, el secretario general; una comisión delegada, el Consejo de Seguridad en el que las potencias vencedoras de la segunda guerra mundial tienen y ejercen el derecho de veto, sean o no convencionalmente democráticas, cuando los acuerdos afectan a sus intereses; una Asamblea de Estados accionistas cuyos representantes o máximos dirigentes discursean periódicamente y votan lo que la Secretaría General les propone; y unos Estados miembros democráticos que responden a similar estructura piramidal o basculan entre el autoritarismo y brutal tiranía sin que sea óbice para su permanencia.
¿Y quiénes designan realmente al secretario general para cada mandato establecido? Mi gran amigo Jesús Barros de Lis, prematuramente fallecido y uno de los pocos demócratas honestos que he conocido, democristiano para mas señas, me dio a conocer una conversación que mantuvo con Rodolfo Llopis, entonces secretario general del PSOE en el exilio. Eran los tiempos de la célebre reunión de Munich (1962) y el encuentro se relacionaba con lo tratado en la misma. Pero en el curso de la conversación asomó el tema de la ONU. Y Llopis, ante el asombro de Jesús, explicó que para ser secretario general de la ONU, quien realmente la mangonea en apariencia, el candidato debía responder a dos condiciones inexcusables: ser masón y socialdemócrata. Alguien apostillaría con malicia: “Y homosexual”. Lo cierto es que varios de ellos lo han sido, que se sepa. O cuando menos, bisexuales. Parece obvio que los representantes de los muchos países miembros difícilmente entran a valorar si el candidato cumple tales exigencias. Se limitan a aprobar casi de manera mecánica al que se les propone. La elección se decide en escondidos cenáculos del omnímodo poder mundial a cuyas directrices se deberá.
No creo que sea ociosa la anterior anotación. Podría explicar el trasfondo de la proclividad de la Secretaría General de la ONU y sus diversas ramas operativas, como UNESCO, FAO e IPCC, que se aplican al fomento de la ideología iluminista de destrucción de los valores morales, en particular los cristianos, promocionar el New Age del que es parte la Alianza de Civilizaciones, a una disolvente imposicióndel neomaltusianismo y, en definitiva, a convertir los pueblos en granjas orwellianas. También a incitar o respaldar acciones militares selectivas para mantener viva la estrategia de las tensiones. Y a sembrar el miedo colectivo e inhibidor mediante la divulgación de engordadas amenazas de las que se aprovechan conspicuos grupos financieros de presión y que no sólo enriquecen a desvergonzado Al Gore.
Tampoco debemos desconocer la participación nada desdeñable de Eleanor Roosevelt, nombrada presidente de la Comisión de Derechos Humanos, a la hora de pergeñar la Declaración Universal, en cuyo contenido influyó de manera resolutiva, según se ha proclamado con insistencia. Eludo enredarme en la biografía pormenorizada de Eleanor Roosevelt. Puede encontrar quien lo desee varias de ellas a través de Internet. Pero sí apuntar que pretendió superar complejos y recelos de su infancia y juventud mediante una encendida ambición política de la que un ardoroso feminismo formó parte. Contrajo matrimonio con su primo Franklin Delano Rossevelt cuando el tío de éste, Teodoro Roosevelt, era presidente de los Estados Unidos. Le acompañó activamente durante su prolongada andadura política hasta llegar a la Casa Blanca. De Eleanor se ha dicho que no se resignó al papel tópico de primera dama y, al igual que luego Hillary Clinton, se entrometió, y no poco, en los delicados asuntos de la presidencia. Algunos sospechan que fue esa gran ambición la que permitió a Eleanor seguir al lado de su marido tras conocer durante la guerra que mantenía la relación con su amante Lucy Mercer, causa de una anterior ruptura temporal del matrimonio. También la ambición política de Hillary Clinton le permitió pasar por alto la felación de la becaria y otras debilidades de su marido, tan dado al sexo extramatrimonial cono su antecesor Kennedy, al que Jacqueline aguantó como elegante adorno hasta que su asesinato la liberó de provechosas ataduras.
DERECHOS IDÍCOLAS CON TRAMPA
EL articulado de la Declaración desgrana una panoplia de derechos tan bien intencionados como aquellos que los constitucionalistas de la Pepa de 1812 que consideraban a los españoles habitantes de un idílico paraíso democrático. No sólo lo ofrecen como panacea superadora de todos los males a que nazismo y fascismo (no el comunismo, por supuesto) nos condujeron. Lo impone la ONU sin disimulo, como supremo conductor hacia el Edén político de la “revolución democrática”.
Presenta la Declaración “como ideal común por el que todos los pueblos y naciones deben esforzarse, a fin de que tanto los individuos como las instituciones, inspirándose constantemente en ella, promuevan, mediante la enseñanza y la educación, el respeto a estos derechos y libertades, y aseguren, por medidas progresivas de carácter nacional e internacional su reconocimiento y aplicación universales y efectivos, tanto entre los pueblos de los Estados Miembros como entre los de los territorios colocados bajo su jurisdicción”. Una edulcorada retórica que apenas si logra esconder su verdadera naturaleza imperativa de uniformidad mundial.
Pero la verdadera intencionalidad y naturaleza de la Declaración se descubre con el simple cotejo de los derechos que proclama con la realidad de su aplicación, tanto por la Secretaría General de la ONU como en los países miembros. Y con superior evidencia en aquellos, como el nuestro, en que su presidente de gobierno , cuya ideología es imposible de definir, ha convertido al Estado en apasionada y radical mayordomía al servicio del secretario general de las Naciones Unidas. Desde la perspectiva de ese contraste entre presunto ideal y la realidad de su práctica, puede afirmarse que la Declaración es una suerte de pancarta tan verosímil como aquella electoral que enarboló Felipe González de “PSOE. Cien años de honradez”.
No entraré en un análisis prolijo, artículo por artículo, sobre las violaciones constantes y calculadas de unos derechos humanos que con harta y significativa reiteración se registran por doquier y en España con especial virulencia. Y que unas veces se convierten en deshumanizadores y otras en inhumanos.
¿Tenemos los españoles, y no sólo nosotros, garantizado el “derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad” (Art. 3), habida cuenta, por ejemplo, de que científicamente se es persona desde el mismo momento de la concepción o de que ese derecho inalienable es incompatible con la eutanasia? ¿Somos “todos iguales ante la ley? (Art. 7). ¿Todos tenemos realmente “derecho, en condiciones de plena igualdad, a ser oídos públicamente y con justicia por un tribunal independiente e imparcial?” (Art. 10). ¿Puede darse por cierto que “nadie será objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia, ni de ataques a su honra o reputación”? (Art. 12). ¿Es válido en la práctica política y de gobierno que “la familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y tiene derecho a la protección de la sociedad y del Estado”? (Art. 16.3) ¿Y acaso no se conculca día tras día, especialmente en lo relativo a los católicos y a su Iglesia, el “derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión” respecto de “la libertad de manifestar su religión o su creencia individual y colectivamente , tanto en público como en privado, por la enseñanza, la práctica, el culto y la observancia” (Art. 18). ¿Puede admitirse en el actual estadio de totalitarismo partitocrático que “la voluntad del pueblo es la base del poder político” y que “esta voluntad se expresará mediante elecciones auténticas” (Art. 21.3). ¿Es cierto en la práctica educativa que “los padres tendrán derecho preferente a escoger el tipo de educación que habrá de darse a sus hijos”? (Art. 26.3).
NOS ENCAMINAN HACIA LA TIRANÍA DE UN GOBIERNO MUNDIAL
TRAS la pancarta anestesiadora a que en realidad se reduce la Declaración Universal de Derechos Humanos, insisto, anida un proyecto perverso de uniformidad sobre la que asentar una tiranía mundial. No son exageraciones mías ni producto de una instintiva y descabellada reacción personal.
Acaba de llegarme una extensa entrevista al profesor ruso Panarín bajo el sugestivo título “El años 2009 marca el inicio de lo que serán los cuatro años más dramáticos de la historia humana”. Lo razona con sólidos argumentos. Y atribuye a Barack Obama la misión de descomposición de los Estados-Nación y de provocar la traca final. Merece la pena reproducir el final de la entrevista como cierre de este artículo. Y no por lo que explica el profesor Panarín, sino por la fuente en que se apoya:
“Dentro de este marco (el establecimiento del Gobierno Mundial), cobra especial relevancia un artículo publicado el pasado 8 de diciembre en uno de los más importantes e influyentes voceros del Nuevo Orden Mundial, el matutino londinense The Financial Times, cuyo título lo dice todo: "Ahora vamos por el gobierno mundial" (en el original en inglés, "And now for World Government"), que pretende exponer la necesidad de que exista cooperación entre las naciones para abordar determinados problemas mundiales, y que ello debe hacerse a través de instituciones con características similares a las de un Estado planetario, avalado por un cuerpo de leyes también mundiales. Se toma como antecedente principal y cercano a la Union Europea que hoy reúne a 27 Estados nacionales bajo un conjunto de instituciones en común: moneda, leyes, reglamentaciones, fuerzas armadas, corte suprema, y otras”
¿Y no es eso, precisamente, para lo que nació la Organización de las Naciones Unidas y sirve de engañosa cobertura la declaración universal de Derechos Humanos?
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