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Época II - Año XIV Edición Nº 4189
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 jueves, 23 de octubre de 2014 ESPAÑA
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Wenceslao Pérez Gómez
E L próximo lunes entra en vigor la reforma de la ley de Tráfico y Seguridad Vial que cambia algunos aspectos en lo referente a sanciones, sistema de notificaciones de esas sanciones, con dos tipos de procedimientos y la supresión del Recurso de Alzada.
Con este motivo, la Dirección General de Tráfico ha puesto en marcha una campaña de publicidad en diversos medios informativos, cuyo lema es “Cambiamos para mejorar” y lo cierto es que no es así.

Se cambia para recaudar más y, si no, veamos algunas diferencias con esta Ley, antes de ser reformada: Se reduce de un año a seis meses la prescripción de las infracciones muy graves y aumenta de uno a cuatro años el plazo para ejecutar las sanciones firmes.

Se sustituye el sistema de publicaciones en los Boletines Oficiales de las sanciones por la publicación en el Tablón Edictal de Sanciones de Tráfico.

Se crean dos tipos de procedimientos diferentes: abreviado, para quienes paguen sus multas en 15 o 20 días naturales y ordinario, para quienes no se acojan al pronto pago, infracciones muy graves o por circular con inhibidores de radar, mientras que la presunción de inocencia se enerva por la resolución sancionadora que es inmediatamente ejecutiva.

Esta reforma hace que esta Ley sea singularmente recaudadora pues aquí de lo que se trata es de pagar. Sube el importe de las sanciones hasta 100 euros para infracciones leves, 200 euros para las graves, 600 euros para las muy graves y 6.000 euros para los inhibidores y, aunque pueda acogerse al pronto pago de las mismas, que tiene el descuento del 50 %, siempre se pagará más que antes de la reforma.

Por otro lado, si la sanción no la abona el conductor infractor, la pagará el propietario del vehículo. No se busca al culpable.

Sin embargo, la reforma de esta Ley no ha abordado de alguna manera, ninguno de los fallos que tiene el sistema del permiso por puntos, que en un principio era el motivo principal para modificar la Ley.

O sea que el legislador ha reformado la ley para una mayor recaudación, no para mejorar la seguridad vial o la circulación. Hace falta dinero en la Administración, y entre los conductores se pueden conseguir unos cuantos millones de euros con el fin de estabilizar las cuentas del Estado.
Por eso, la campaña de publicidad de la DGT debería decir: “Cambiamos para mejorar la recaudación”.
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