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Época II - Año XIV
Edición Nº 4189
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  Firmas Invitadas - Edición Nº 441
Semana del 12/08/2010
Cuando es legítimo rebelarse contra la tiranía
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Ismael Medina
I GNACIO SÁNCHEZ CAMACHO, catedrático de Filosofía del Derecho, publicó un esclarecedor artículo sobre el tema candente de la legitimidad (“Concordia y legitimidad”, ABC, 05.08.2010). Lo que tiene de novedad este artículo no reside en su confirmación del encadenamiento de ilegitimidades que acumuló la izquierda, en particular el partido socialista, sino en una denuncia a contrapelo de lo “políticamente correcto” para la generalidad de los partidos, columnistas y contertulios mediáticos y los agitadores de la llamada “memoria histórica” rodriguezca.

Abordé el tema en algunas de mis crónicas. Me sirvieron de apoyo historiadores solventes, las memorias de políticos de aquel tiempo, incluso de filiación izquierdista, los escritos de intelectuales que tanto contribuyeron al la caída de la monarquía y a la instauración de la II Republica, así como los periódicos de entonces.
La izquierda española, ratifica Sánchez Camacho, encadenó sólidos factores de ilegitimidad a lomos del caballo desbocado de la revolución como medio para apoderarse del poder del Estado, en similares términos de violencia y subversión a como sucedió en Rusia.

UNA IZQUIERDA REVOLUCIONARIA AHÍTA DE ILEGITIMIDAD

ES de sobra conocido que la II República advino mediante un golpe revolucionario, ya que en el conjunto nacional ganaron las candidaturas monárquicas. Se remedió el principio de ilegitimidad mediante la convocatoria de elecciones constituyentes, de las que resultó la promulgación de la Constitución de 1931, muy influida por las directrices que marcó el Gran Oriente de España: radicalismo laicista, erradicación de la Iglesia católica, inserción de los secesionismos y otros excesos de inequívoco arraigo revolucionario.

El revés de las elecciones de 1933, ganadas por la CEDA, excitaron aún más el ansia de asunción del poder mediante la violencia, la cual se consumó con la fallida revolución de octubre de 1934. La revancha de la derrota le llegó en las elecciones de febrero de 1936, precedida por virulentas huelgas y multitud de asesinatos, tantos de ellos cometidos por las milicias de las Juventudes Socialistas Unificadas, las cuales Santiago Carrillo llevaría a la disciplina del PCE, la primera de sus múltiples traiciones. El Frente Popular ganó unas elecciones fraudulentas durante las cuales muchas actas se falsearon a punta de pistola o se falsificaron a posteriori sin la presencia de los interventores de los restantes partidos. Un nuevo golpe de Estado revolucionario que acabó definitivamente con cualquier asomo de legitimidad de la II República. Y aunque a efectos oficiales, sobre todo de cara al exterior, perviviera la II República en los membretes de los papeles oficiales y de la titulación del gobierno, era lo cierto que había nacido la III República o República Popular.

No es lo más sustancioso del artículo del catedrático Sánchez Camacho el recordatorio de lo acaecido hasta 1936. Le sirve de apoyatura para afirmar que la izquierda, y en particular el partido socialista, nunca renunció a su vocación revolucionaria de asalto al poder y su utilización totalitaria. Y para sugerir que, sobre todo bajo los gobiernos de Rodríguez, se han encadenado factores inequívocos de ilegitimidad.

Sánchez Camacho tropieza, sin embargo, con el problema de ilegitimidad manifiesta del actual sistema de democracia partitocrática que ya otro catedrático de Filosofía del Derecho, y muy eminente, Galán y Gutiérrez, denunciara con muy sólidos artículos en “El Alcázar” cuando sucesivas vulneraciones de legitimidad se registraban en el tránsito desde el Estado Nacional a la monarquía parlamentaria de partidos. Elude Sánchez Camacho, por ejemplo, que, como es preceptivo en Derecho Constitucional y en Derecho Político, la Constitución de 1978 no fue redactada ni promulgada por unas Cortes Generales elegidas con carácter constituyente. Lo que, además de otros enjuagues previos que desvirtuaban la Ley de Reforma Política, aprobada en referéndum, aquejaban al sistema y a la Constitución de ilegitimidad de origen.

TAMBIÉN HA SIDO VIOLADA LA CONCORDIA COMO POSIBLE SUSTENTO DE LEGITIMIDAD

BUSCA Sánchez Camacho una coartada para salvar los escollos de una inequívoca ilegitimidad de origen. Atribuye la legitimidad del sistema a la concordia que prevaleció entre los nuevos partidos para superar los rescoldos y resentimientos de la guerra civil, así como los generados por el franquismo.

Me he esforzado por encontrar un antecedente que justifique la apelación a la concordia como fundamento de legitimidad. Lo hallé en Mills, defensor de la necesidad del consenso, del que extraigo una advertencia relacionada con la ilegitimidad. Sostenía Mills que si un gobierno no es o se siente responsable ante sus gobernados de los actos que les afectan cae en la más absoluta inmoralidad. Confieso mi escasa dotación en la materia frente a un catedrático de Filosofía del Derecho. Y es posible que mis textos y sus autores estén desfasados. No me cabe duda en cualquier caso que la figura de la concordia esgrimida por Sánchez Cámara se corresponda con la anotada de Mills.

Pero resulta que si la ley de amnistía podía tomarse como una voluntad de concordia, aunque en realidad obedeciera a motivaciones menos claras, la Constitución de 1978 llevaba en sus entrañas la discordia territorial y política con la introducción espuria del término “nacionalidades”, tomado del constitucionalismo soviético y obra de Rodríguez y Herrero de Miñón, personaje siempre disolvente y ligado a la Trilateral y por ende al NOM. No habría prosperado tan disparatada y perturbadora iniciativa sin el consentimiento consciente de una parte decisoria de quienes en el sodalicio parlamentario y en mesas de restaurante pactaban textos del articulado con pruritos ideológicos, de partido o de secta, igual que si cambiaran estampitas. Me refiero obviamente a la filiación masónica de algunos muñidores constitucionales. El monarca callaba y consentía mientras tanto. Borboneaba, fiel a su estirpe.

El nefasto Titulo VIII de la Constitución respondió a la necesidad de justificar y enmascarar el reconocimiento previo de la pretendida singularidad histórica que la República había otorgado a los nacionalismos catalán y vascongado. Café para todos, se dijo entonces en seguimiento de Adolfo Suárez. Pero extra para los secesionismos y aguado e incluso de achicoria para otros. El Estado de las Autonomías, junto a al término “nacionalidades”, dejaba abiertos postigos para que pudiera llegarse un día al federalismo ansiado por el partidos socialista desde su origen o a una suerte difusa de confederalismo. La posterior ley electoral que privilegiaba a las minorías secesionistas y al PCE tampoco puede atribuirse a una falta de visión política de quienes la amasaron. Fue una lógica consecuencia de la envenenada estrategia dispersiva que prevaleció en el diseño del Título VIII y en las transitorias y adicionales relacionadas con el mismo. Quedaron sentadas las bases para la discordia territorial a la que ni Adolfo Suárez ni Felipe González fueron ajenos y que Rodríguez ha conducido a extremos inauditos y esquizofrénicos. Y sin que al monarca parezca haberle perturbado.

Resulta llamativo que el proceso anteriormente descrito se adelantara al anuncio por Rockefeller en 1996 de la estrategia del NOM para la destrucción de los Estados-Nación. Pero no encierra secreto alguno. Se trata de un objetivo perseguido por la Orden de los Iluminados desde su mismo origen y del que España se convirtió en víctima preferente. Aunque haya escrito en alguna ocasión sobre el tema, debo recordar que ya en el siglo XIX circuló un mapa sionista de Europa en que se anticipaban esos mismos secesionismos con Estados propios que durante el siglo XX han adquirido rudos perfiles reivindicativos y ya consumados en los Balcanes.

Ocurría en lo que respecta a España que el iluminismo había fracasado una y otra vez en sus intentos de destruir la cohesión nacional e
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Firmas
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Alberto Acereda
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Alfredo Amestoy
Álvaro Peña
Amilibia
Antonio Castro Villacañas
Antonio Martín Beaumont
Borja Álvarez
Carmen Planchuelo
Enrique de Aguinaga
Ernesto Ladrón de Guevara
Eulogio López
Félix Arbolí
Francisco Daunis
Gabriela Ardiles
Germán Lopezarias
Honorio Feito
Hugo Alberto de Pedro (Buenos Aires)
Ignacio San Miguel
Ismael Medina
Javier del Valle
Javier Neira
Jesús Ansebar
Jesús Pozo
Joan Pla
Joaquín Abad
José A. Baonza
José Luis Navas
José Manuel G. Torga
José Manuel G. Torga
José María Moncasi de Alvear
José Meléndez
Juan Pablo Mañueco
Juan Urrutia
Julen Urrutia
Luis Irazu
Manuel Salvador Morales
María del Mar García Aguiló
Marta Rivera de la Cruz
Matías J. Ros
Miguel Ángel García Brera
Miguel Ángel Loma
Miguel Martínez
Nieves Concostrina
Óscar Molina
Pancho Linde
Pascual de Bustares
Ramón Sánchez
Ricardo Navas-Ruiz
Vasco Lourinho (Portugal)
Víctor Corcoba
Wenceslao Pérez Gómez
Wifredo Espina
Yolanda Cruz
Yolanda Salanova
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