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Época II - Año XIII
Edición Nº 3901
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  Firmas Invitadas - Edición Nº 399
Semana del 21/10/2009
Ley del aborto: la legalización de un genocidio


José Meléndez
L A impresionante manifestación del pasado sábado 17 contra la reforma de la ley del aborto, con la mayor concurrencia de todas las que se han llevado a cabo en las tres décadas largas que tiene nuestra democracia, ha marcado un antes y un después en la larga –y falsa- polémica sobre la legalización del aborto y la decisión autoritaria y soberbia del gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero de ampliar los límites actuales hasta convertirlo prácticamente en un aborto libre hasta las catorce semanas de gestación y de facilitar al máximo esa libertad hasta las veintidós semanas, con el añadido aberrante de que las niñas de diez y ser a diez y ocho años puedan abortar sin necesidad de permiso paterno y que sin que los padres sean informados de una decisión tan trascendental..

Califico de falsa esa polémica porque la intención y el espíritu de todas las leyes sobre el aborto que existen en el mundo descansan en la necesidad de poner un coto legal a una práctica que durante siglos se ha realizado en la clandestinidad con un serio riesgo para las vidas de las mujeres que se someten a ellas y ha terminado por convertirse en un lucrativo negocio para las clínicas abortistas y los desaprensivos que se dedicaban a este sórdido menester sin un mínimo de garantías sanitarias.

Cuando Zapatero anunció por boca de su ministra de Igualdad, Bibiana Aido, su intención de reformar la actual ley del aborto hasta límites de benevolencia que ningún otro gobernante se hubiera atrevido a llevar a cabo, puso como excusa los derechos de la mujer para hacer con su cuerpo lo que le venga en gana y la necesidad de que ninguna de ellas pague con la cárcel su decisión de matar al ser que lleva en sus entrañas. Pero tanto él como sus ministras y ministros mienten, porque ignoran que a ese pretendido derecho se opone el derecho constitucional y social del nasciturus a una vida que se le quita con la aberrante excusa de que un feto de 14 semanas no es un ser humano y perpetra una agresión al concepto de familia al facultar a una niña, -que aún no tiene madurez para una decisión semejante,- quebrantar el debido respeto a sus padres y el derecho que estos tienen de velar y ayudar a sus hijas en los problemas que tengan.

Bibiana Aido, a la que Zapatero parece que ha puesto un ministerio de nuevo cuño con el mismo criterio que un ricacho le pone un piso a una querida, sentó cátedra de científica al negar la humanidad de un feto y trató de erigirse en adalid de las mujeres haciéndose valedora de sus derechos jurídicos para evitar que vayan a la cárcel por someterse a un aborto. Eso es demagogia pura y una gran mentira, porque desde 1.985 ninguna mujer ha ido a la cárcel por someterse a un aborto, a pesar de que el número de prácticas abortivas ha ido creciendo cada año hasta llegar a las 138.000 que se registraron el año pasado, con lo que la peregrina teoría jurídica de Bibiana queda desmontada, ratificándose sin embargo la catalogación de genocidio por la pérdida de 138.000 vidas, que serán muchas mas si el proyecto de reforma llega a tener vigencia legal.

Otra excusa que no se tiene en pie es la de la necesidad social de la reforma y el mayoritario apoyo popular a la misma. La contestación la han dado un millón doscientas mil personas en la calle. y un sentir general de repulsa a su contenido, recogido en diversas encuestas en las que un 63 por ciento de promedio está en contra de la reforma y un 80 por ciento rechaza que una menor pueda abortar sin permiso paterno. Pero Zapatero ha hecho oídos sordos al clamor popular, en un gesto de soberbia y prepotencia muy característico de su forma de gobernar y ha ordenado que el proyecto de reforma vaya al Parlamento sin quitar ni una coma, según anunció la número tres del PSOE, Leire Pajín. Y para reforzar esta decisión la cadena SER, que es la voz de su amo en las decisiones gubernamentales, se ha sacado de sus ondas una encuesta que afirma que un 83 por ciento de la gente está a favor de la reforma, lo que no se lo creen ni ellos. Algo así como los referendos del régimen franquista, en los que no votaba a favor el 101 por ciento de puro milagro. Pero la realidad es otra, como se demostró el sábado 17. Zapatero y sus ministras deben aceptar que su reforma que permite el aborto libre no cuenta con el respaldo social que desearían y que tratan de inventarse. Este no es un asunto zanjado, como han venido afirmando apoyándose en los criterios de unos “expertos” cuidadosamente elegidos, sino un tema muy serio que atenta contra el derecho a la vida y los valores éticos y sociales de las familias cuya importancia no puede envolverse en conceptos ideológicos. Como ha dicho José Bono, socialista que profesa la religión católica y la Asociación de Cristianos Socialistas, hay que librarlo de toda carga ideológica, por lo que su regulación requiere un consenso que Zapatero ha desdeñado.

La manifestación del día 17 no fue organizada por la Conferencia Episcopal Española –aunque los obispos tienen la obligación de recordar a sus fieles las leyes cristianas- ni por el Partido Popular, como maliciosamente apuntaron la vicepresidenta Fernández de la Vega y algunas ministras, sino por organizaciones independientes a favor del derecho a la vida que realizaron una excelente labor organizativa porque la manifestación transcurrió sin ninguna clase de incidencias. Y es de destacar la cantidad de jóvenes, niños y familias enteras que figuraban en ella, lo que sugiere la pregunta de qué clase de juventud es la que Zapatero quiere ayudar con su magnanimidad abortiva, porque lo que el proyecto sugiere es que las mas beneficiadas con el mismo son las clínicas abortivas. El negocio del aborto supone mas de 150 millones de euros al año y a raíz del escándalo promovido por las aberraciones que se realizaban en las clínicas del siniestro doctor Morín, existen voces que apuntan que este negocio está en manos de 43 empresarios que son los que han influido en la decisión del gobierno de ampliar la actual ley del aborto para no verse en el mismo trance que su indeseable compañero.

Hay varios jueces de la Audiencia Nacional enfrascados en sumarios abiertos por genocidio contra personajes e incluso gobiernos extranjeros. Está bien, porquen este tipo de prácticas hay que erradicarlas, pero ¿quién se va a atrever a actuar contra una ley que trata de tapar el genocidio de 1.38.000 almas inocentes con una cobertura legal?. En una sociedad en la que los valores fundamentales están sufriendo los ataques de un relativismo ideológico e insensato, este trascendental tema merece una profunda reflexión.
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