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AY tantos tribunales de justicia que el ignorante no sabe muy bien para qué sirve cada uno; los expertos, por supuesto, eligen muy acertadamente el que corresponde en cada caso. El 11 de marzo de este año de desgracia, - más disparates, más masacres, - se inauguró solemnemente uno nuevo, el Tribunal Penal Internacional [TPI], dependiente de la Organización de las Naciones Unidas. Fue, cómo no, en La Haya donde ya hay tantos. Esta concentración de tribunales en una sola ciudad seguramente facilitará el intercambio de jueces, si eso es posible, o por lo menos, hará que los policías puedan trasladar a los reos de un lugar a otro sin tanto malgasto de sirenas, si es que un reo viene a caer en más de una jurisdicción, que lo dudo.
El TPI fue creado por el tratado de Roma el 17 de julio de 1998. Su misión es juzgar a presuntos autores de ciertos delitos que se agrupan en cuatro categorías: genocidio, crímenes contra la humanidad, crímenes de guerra y crímenes de agresión. Cada uno de ellos está perfectamente descrito y delimitado, -digamos técnicamente tipificado -, en los diferentes artículos del tratado. El lector interesado en la materia y en los muchos intentos previos desde la Edad Media por civilizar de algún modo ciertas conductas humanas hará bien en leer el libro de Geoffrey Robertson, “Crimes against Humanity” [1999], del que ignoro si existe traducción española.
Las buenas cosas, como el buen vino, llevan tiempo en madurar. La idea de ese Tribunal recién inaugurado es vieja. Llevaba rondando más de cien años. Por eso sorprende un poco la rapidez con que ha pasado de ser constituido sobre papel en 1998 a ser ratificado por sesenta y seis naciones el 11 de abril del 2002. Desde entonces ha llegado a ochenta y nueve el número de países ratificantes, aunque otros han firmado ya la adhesión. En estos días se ha propuesto incluso un candidato a fiscal, el argentino Luis Moreno Ocampo, juez que intervino en los procesos a militares de la guerra de las Malvinas.
No todo habría de ser caminos de rosa para la novísima institución. Se han negado a reconocerla naciones importantes, naciones que podrían verse llevadas ante el mismo por hallarse envueltas en guerras de legalidad dudosa o matanzas que con no mucha imaginación cabría considerar genocidios. Se trata de Israel, Estados Unidos, Rusia y China. Alegan que exponer a sus nacionales a juicios foráneos y, mucho más, a ser encarcelados lejos de las fronteras patrias, es un atentado a su soberanía nacional. De todos ellos el más opuesto a su constitución y funcionamiento ha sido los Estados Unidos que ha dejado muy claro en diversas oportunidades que nadie toca a un soldado, mucho menos a un político, suyo.
Ha nacido el TPI, aunque un poco cojo por las ausencias, y debemos celebrarlo como un triunfo de la justicia. Ya no será necesario constituir tribunales especiales cada vez que se quiera juzgar delitos contra la Humanidad. El problema que siempre tuvimos muchos ciudadanos de a pie con tribunales “ad hoc,” – por ejemplo, los que se ocupan de Yugoslavia y Rwanda-, es que nos parecían cortados a su medida por el vencedor o “desfacedor de entuertos” de turno para condenar al vencido de cualquier modo, como si a su entrada estuviera escrito: “Vae victis.” El modelo de todos ha sido el tribunal de Nuremberg, al que sólo hoy se empieza a cuestionar tímidamente. Nadie duda de los crímenes nazis y nadie llora por su castigo. Pero hay dos cosas que perturban un tanto al que no vivió aquellos hechos y los ve con cierta distancia histórica. La primera es el cariz de venganza, más que de justicia, en que se envolvieron los procesos. La segunda, más inquietante, es que nunca fueron allí los responsables de la destrucción de Dresden y otras ciudades con su más de medio millón de víctimas. La guerra no justifica masacres. Y la justicia no debe distinguir entre vencidos y vencedores, sólo entre culpables y no culpables.
Algo parecido ocurrió con la solución del problema yugoslavo. Bien acusados y juzgados y condenados, si es el caso, sean los inspiradores y autores de represiones y matanzas de los que el más notorio ha sido el señor Milosevic. Pero, ¿dónde están los que bombardearon Belgrado, los que propiciaron masacres en Kosovo por su falta de previsión, los que hicieron sufrir a la población civil con sus misiles y sus aviones? ¿Era necesaria esa barbaridad? ¿Se habían agotado los medios diplomáticos para remediar la situación? ¿Quién ayudó a quién en el conflicto de pueblos y razas? El tribunal que juzga a Milosovic siempre parecerá una creación arbitraria de vencedores mientras no sean llamados a juicio los que autorizaron el ataque bélico o, al menos, mientras ciertas cuestiones poco claras no sean discutidas y esclarecidas. La justicia, para serlo, debe ser transparente
El recién estrenado TPI, para ser creíble, deberá ser objetivo, no doblegarse a los vencedores, no juzgar sólo a los vencidos o a los desgraciados que no tienen quien los represente con un ejército poderoso detrás. Algo así pedía como programa abierto Koffi Annan el día de la inauguración a sus componentes: actuar sin miedo ni favor, demostrar irrefutable integridad e imparcialidad. No lo tendrá fácil. La primera prueba crítica está a la vuelta de la esquina. Por estas tierras se comienza a hablar de criminales de guerra en relación con el ataque de los Estados Unidos a Iraq. Por supuesto los tales criminales son, - por estas tierras -, Saddam Hussein y su gobierno. El tema del juicio que se insinúa no es el actual conflicto, sino la masacre de kurdos en 1984. O sea, si vencen los Estados Unidos,- como vencerán si Alah no lo remedia- , se propondrá juzgar sólo al dictador iraquí y su gobierno por algo que ocurrió hace veinte años.
No es probable, por supuesto, que los Estados Unidos lleven el caso al TPI, un tribunal que no reconocen, dándole la oportunidad de examinar todos los recovecos y lados oscuros del asunto, por ejemplo, la connivencia del Gobierno norteamericano de entonces con el odiado dictador en el genocidio kurdo de 1984. Acudirán seguramente a su propio sistema o a otro tribunal “ad hoc”, si alguien sobrevive. Pero quizá otras voces, otros protagonistas, vayan al TPI. ¿No se habla en España de denunciar ante él a Aznar por haber metido al país en un conflicto no autorizado? Pues igual, cualquier día, surgirá quien lleve a él a Bush, a Blair , como responsables de una agresión, de una guerra ilegal, de la destrucción brutal de Iraq. De hecho, la ONU debería hacerlo ya, si quiere ser coherente consigo misma. Sé que la mera insinuación del hecho provoca la risa de muchos: ¡vamos, hombre, no sea idiota! Sé que quizá esa posibilidad nunca se realice. Pero supongamos por un solo momento que sí. ¿Se imaginan a Bush, Blair, Aznar, repondiendo ante los jueces como presuntos reos de agresión, masacre y posiblemente genocidio, porque sistemáticamente son árabes los muertos?
Estamos en el mero territorio de la utopía y la imaginación. Eso no va a ocurrir. Las circunstancias no lo propician. Pero quizás en el futuro ocurra. ¿Se atrevería entonces el TPI a tomar un caso semejante? ¿Se atrevería a juzgar a políticos y generales vencedores, aunque sea en ausencia, porque nunca por supuesto serían entregados por sus países? ¿Sentaría doctrina sobre la inmoralidad , - en términos jurídicos, ilegalidad -, de toda guerra ? ¿Incluiría en genocidio los daños colaterales, el asesinato de civiles desde el aire? Preguntas, preguntas, preguntas. Veremos, si al fin vale la pena ver algo. Pero, si ocurriera lo que apenas algunos empiezan a esperar tímidamente, si fueran juzgados por igual vencedores y vencidos, se cuidarían mucho los gobernantes poderosos,- no digamos los otros-, de comportarse como matones arrogantes e irresponsables, nos cuidaríamos todos de ir a la guerra. A nadie le hace gracia que le cuelguen el cartelito de “criminal de guerra o de genocidio”, aunque su país lo proteja de c
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