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OMIENZA un nuevo año y los automovilistas y conductores profesionales se enfrentan a una serie de normas que van en contra de su libertad y de sus intereses económicos, lo que se puede entender como una forma de acoso y derribo o lo que podemos denominar como auto-fobia, fobia a los automóviles por parte de las autoridades.
Primero fue la estricta vigilancia a los límites de velocidad en carretera; después, la no menos severa atención a la ingesta de alcohol; más adelante, la prohibición de hablar por teléfono mientras se conduce; luego, la observación de la velocidad por tramos de carretera… Y, ahora, que ya está en vigor la Ley antitabaco, es seguro que la DGT anuncie próximamente la prohibición de fumar al volante, pues el titular de este Departamento ya se ha pronunciado sobre ello en varias ocasiones.
Por otro lado, a los conductores se les tipifica como auténticos delincuentes y se les aplican penas como si lo fueran, en casos como los de un exceso de velocidad o conducir sin permiso, con sentencias que van desde la prisión hasta el decomiso efectivo del vehículo. Parece como si desde la Administración se hubiera urdido una campaña solapada de acoso y derribo de los automovilistas, equiparándoles a enemigos públicos nº 1.
No estamos en contra de que se castigue a quienes deliberadamente y de forma insolidaria cometan infracciones que atenten contra los viandantes y usuarios de las carreteras, que seguro que los hay y sobre los que tiene que caer el peso de la Ley con todas sus consecuencias, pero de ahí a que todos aquellos que llevan un volante en sus manos, sean calificados poco menos de “asesinos en potencia”, hay una diferencia.
Así mismo, comparar a quien se ha excedido en la velocidad permitida, con un narcotraficante o contrabandista, privándole de su vehículo a perpetuidad, nos parece una medida desproporcionada.
Cuando esta norma que entró en vigor poco antes de la pasada Nochebuena, como una reforma del Código Penal, se debatió en las Cortes, ¿fue el legislador consciente de lo que este atentado a la propiedad privada podía suponer, como sanción por la falta cometida?. Seguro que no. Por eso, ahora los jueces deberán de tomar consciencia sobre la gravedad del “delito” cometido, para dictar el decomiso del vehículo.
Creemos que poco a poco, esas libertades “que nos hemos dado todos” se van cercenando con pretextos tan fútiles como que “hay que velar por el bienestar de los ciudadanos” y eso, en una democracia como la nuestra, no se puede consentir. Es de esperar que el sentido común se imponga por el bien de todos.