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  Firmas Invitadas - Edición Nº 563
Semana del 30/11/2012
Atente a las consecuencias
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Miguel Ángel García Brera
N O quiero escribir demasiado sobre cómo le ha salido a Mas su “quimera”. Ya se lo advirtió el Rey, que de cadera anda flojo pero tiene buen olfato. La soberbia es mala consejera y, cuando el presidente de la Generalidad visitó a Rajoy, y éste se negó a aceptar la imposición de un estatuto fiscal, el catalán le espetó: “Atente a las consecuencias”. Ahora veremos cómo se atiene a ellas Don Artur, pero, si no dimite cuanto antes, va a quedar muy en ridículo ante los españoles catalanes y los españoles no catalanes. Ahora bien, dimita, o no, el gasto y el daño provocado por la convocatoria de unas elecciones, anticipadas sin la menor lógica ni necesidad, y en un momento de grave situación económica, ¿Queda saldado con el castigo popular de disminuir el número de parlamentarios de CIU? Me parece que no. Cataluña tiene derecho a llevar a ese político megalómano a su Santa Elena, que, para él, tendría que ser la de compensar económicamente, de su bolsillo –o de la herencia de su padre - a los catalanes.

Al pensar en daños causados por los gobernantes, compruebo que en Cataluña y en el resto de España se está legislando, muy al hilo de sucesos cotidianos y sin estudio suficiente de las normas que se promulgan. Porque, en una Democracia, el respeto a los derechos recogidos en la Constitución es fundamental, como también lo es la obligación del Estado de hacer posibles los constitucionalmente reconocidos. A todos los ciudadanos, sin menoscabo, a favor de unos, de los que tengan legítimamente otros. Resolver el problema de la vivienda, autorizando la ocupación de pisos de particulares, o el de los que no quieren perder un piso, que no pueden pagar, demorando el pago o rebajando el precio pactado, o consentir que no se paguen las rentas a los propietarios o que los copropietarios dejen de abonar los gastos de Comunidad, o que se ocupen las fincas o se desmantelen los supermercados, no son conductas que puedan ampararse en las leyes, ni en la tolerancia ni en la permisividad. La democracia y el Estado de Derecho exigen que todas esas necesidades del pueblo, a las que, legítima y constitucionalmente tiene derecho, se las resuelva la Administración Pública, no a costa de particulares, sino del Tesoro. Distinto es que el Tesoro ha de ser la suma del esfuerzo de todos, según la riqueza y posibilidades de cada uno. Pero una cosa es exigir los impuestos necesarios para cubrir las necesidades de quien no llega a satisfacerlas con su propio esfuerzo y otra legislar para que las atiendan directamente otros ciudadanos, a no ser por la vía de la caridad. Con este criterio, analizaré algunas situaciones actuales, indeseables, según mi modo de pensar.

Acaba de aprobarse una disposición, cuyo contenido aún no conozco en extenso, pero sí sé que, en términos generales, viene a mermar los derechos de los Bancos acreedores hipotecarios, y a mejorar la situación de sus deudores, pese a lo cual, por considerarla insuficiente, el PP ha contado con la oposición de todos los partidos exceptuando UPyD. En el origen de la medida, parece haber tenido bastante influencia el hecho de que algún deudor hipotecario no haya resistido el dolor de perder su casa y se haya quitado la vida. Tras la normativa, ahora vigente, queda la travesía del desierto para comprobar si, quienes pretendan el beneficio, reúnen las condiciones exigidas por la ley. En mi opinión, convendría más una disposición que permitiera al juez, antes de proceder a subastar el inmueble, examinar las escrituras de hipoteca con atribuciones para anular las condiciones leoninas que existieran –especialmente los intereses aplicados-, o los posibles engaños sobre tasación o amplitud de la deuda más allá de la garantía hipotecaria, y otros que a veces han exigido las entidades bancarias.

Siguiendo la “filosofía” imperante, ahora el Gobierno tendrá que legislar contra los propietarios de un piso que dejen de recibir la renta de su inquilino y pretenda desahuciarlo, porque también se han producido otros dos casos de suicidas, empujados a tan tremenda determinación por la pena de tener que dejar el inmueble ajeno.

Pero seguramente no acabará ahí la necesidad legislativa para evitar suicidios, pues habrá que proteger contra ellos a algunos propietarios de segundas viviendas humildes, adquiridas con un esfuerzo ahorrador indefinible, que alquilaron buscando una renta que creían iba a compensarles un poco el esfuerzo y la austeridad de su vida, llegada la vejez, pero que un inquilino deja de pagarles.

Y habrá que legislar para que no se quite la vida alguno de los pequeños ahorradores que adquirieron, a precio muy alto, acciones de esos Bancos que ven como desciende su cotización en Bolsa y su solvencia, a causa de la morosidad y a medida que pierden parte de sus derechos hipotecarios, pactados estando en vigor una Ley Hipotecaria ejemplar.

Probablemente haya que legislar también para ver cómo evitar el suicidio de algunos pensionistas, compradores de “preferentes”, que pensaban haber encontrado un buen sistema de ahorro y, de repente, echándole la culpa a Bruselas, o teniéndola realmente, se les hacen quitas que dejan temblando esos ahorros, tal vez obtenidos por un despido improcedente o ciñendo su vida diaria a una mínima pensión.

Y, si queremos alejar la tentación de matarse a algún perjudicado, habrá que legislar para que recupere sus bienes inmediatamente el que haya sido objeto de la ocupación de su casa, lo mismo que habrá que legislar para que ningún español carezca de vivienda y, en el peor de los casos, la obtenga de las instituciones estatales, sin que haya que quitar nada a nadie.

A mi entender, habrá que legislar, incluso, para que nadie gane más de siete veces el salario mínimo de su empresa u Organismo, como ocurre en el Japón. No vaya a ser que a algunos mileuristas – y a otros con menores sueldos- les lleve al suicidio pensar en emolumentos tan abultados como se permiten asignar, por si y ante sí, muchos alcaldes y otros cargos públicos, o directores y presidentes de Consejos. No sé si va por ahí el anuncio de que el Gobierno adelantará a Diciembre su proyecto impositivo sobre los blindajes de los ejecutivos a quienes exigirá pagar a Hacienda un 70% de sus exageradas indemnizaciones. Para este caso no será necesaria una legislación complementaria que evite el suicidio de algún afectado, pues se habla de que los que pudieran estarlo ya andan buscándole tres pies al gato fiscal, a ver si pueden evitar lo que se les viene encima.

El caso es que, escuchando a Ángel Gurría, Secretario General de la OECD, “recomendando“al Gobierno de España que siga subiendo los impuesto, incluido el IVA reducido, y que baje la indemnización por despido, entre otras lindezas, vamos a tener que reforzar mucho la legislación en todos los ámbitos para evitar que aumenten los casos de enajenación en los que algunos no encuentren otra salida que quitarse de en medio. Por cierto, me ha llamado la atención que Gurría, creo que asustado incluso por su proposición, la ha matizado asegurando que bajar las indemnizaciones por despido no era ir contra el trabajador, sino ampliar la posibilidades de crear empleo. No hay duda, Sr. Gurría: Para crear empleo hay una fórmula salvaje, propia de los comienzos de la era industrial: Suprimir las cotizaciones de la Seguridad Social, rebajar los salarios, contratar menores y mujeres a precios inferiores al salario mínimo y abrir el despido libre sin indemnización.

Cuando escucho a estos Poncios de las instituciones europeas o mundiales, opinar sobre el triste momento que pasamos varios países europeos, llego a pensar si no será, por lo que a España respecta, que una histórica envidia hacia nuestra Patria y su moradores, tan expansivos, alegres, generosos y heroicos – llegado el caso – motivan tan estrafalarias manifestaciones verbales. E igual me ocurre cuando voy enterándome de las condiciones que Europa – que somos nosotros mismos en una parte – nos impone para darnos a
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Criollo - ( 02/12/2012 0:14:42 )
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Alfonso Berroya
Alfredo Amestoy
Álvaro Peña
Amilibia
Antonio Castro Villacañas
Antonio Martín Beaumont
Borja Álvarez
Carmen Planchuelo
Enrique de Aguinaga
Ernesto Ladrón de Guevara
Eulogio López
Félix Arbolí
Francisco Daunis
Gabriela Ardiles
Germán Lopezarias
Honorio Feito
Hugo Alberto de Pedro (Buenos Aires)
Ignacio San Miguel
Ismael Medina
Javier del Valle
Javier Neira
Jesús Ansebar
Jesús Pozo
Joan Pla
Joaquín Abad
José A. Baonza
José Luis Navas
José Manuel G. Torga
José Manuel G. Torga
José María Moncasi de Alvear
José Meléndez
Juan Pablo Mañueco
Juan Urrutia
Julen Urrutia
Luis Irazu
Manuel Salvador Morales
María del Mar García Aguiló
Marta Rivera de la Cruz
Matías J. Ros
Miguel Ángel García Brera
Miguel Ángel Loma
Miguel Martínez
Nieves Concostrina
Óscar Molina
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Pascual de Bustares
Ramón Sánchez
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Víctor Corcoba
Wenceslao Pérez Gómez
Wifredo Espina
Yolanda Cruz
Yolanda Salanova
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