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ESULTA reconfortante saber que gran parte de los españoles se manifiestan muy críticos y exigentes hacia la pandilla, muy numerosa, por cierto de personajillos que, aprovechando su paso por la política, o por el mundillo de los negocios, hacen su agosto y el de sus amigotes, y presumen de ello, y se pavonean ufanos sobre sus habilidades contables para desviar comisiones y, en definitiva, hacer engordar sus patrimonios personales. En suma, que muchos son los españoles que critican a esta pandilla de chorizos.
Crecen los correos electrónicos en este sentido, dejando ver la necesidad de endurecer las leyes, castigar con fuerza a quien incurre en las malas prácticas, y, sobre todo, la exigencia de que, además de cumplir las penas en su totalidad, devuelvan lo que se han llevado.
Digo que es reconfortante ver este comportamiento porque considero una necesidad de primera que por el mundo entiendan que, a pesar de los muchos espabilados que tenemos en España, afortunadamente, no somos todos iguales.
De entre los muchos correos electrónicos que recibo sobre este asunto, me gustaría destacar dos. El primero, muestra las biografías, con ilustraciones y todo, de una nómina –sin, coña- de ex directores generales y altos ejecutivos de varias Cajas de Ahorro, y los sabrosos “pellizcos” que se han llevado, bien en indemnizaciones, bien en pensiones vitalicias. Voy a dejar claro que yo no juzgo si estas cantidades son legales o no. Según la información, las doce personas que recoge el correo electrónico, han cobrado por abandonar sus cargos cantidades que oscilan entre los 370.000 euros (caso, por ejemplo, de doña María Dolores Amorós, ex directora general de la CAM que, por cierto, hace unos días compareció en el juzgado entre abucheos e insultos, debo suponer, de muchos clientes de la Caja de Ahorros del Mediterráneo), y los casi veinte millones que aseguran que cobró don José Luis Méndez, ex director general de Caixa Galicia, o similar cantidad que se atribuye al ex director general de Caixa Penedés, don Manuel Troyano.
El segundo correo electrónico tiene que ver con los recortes, por el consabido problema de la crisis, y la mala gestión administrativa. Se trata del Centro de Investigación Príncipe Felipe, en Valencia, y el ERE que ha puesto en la calle a 108 trabajadores de los 258 que componen su plantilla. 79 de ellos son científicos, y el resto del personal que queda en el Centro tendrán una reducción de salario. Se han cerrado 14 líneas de investigación, algunas de ellas sobre el cáncer, el Parkinson y el Alzheimer. La noticia no despertaría, hasta aquí, más que un lógico lamento por la situación y la incidencia que tendrá sobre estas líneas de investigación para el futuro inmediato. El problema es que el correo electrónico tiene dos partes. La segunda asegura que los responsables del Centro de Investigación Príncipe Felipe han gastado tres millones de euros (sí, sí, tres millones de euros) en organizar un campeonato de golf de un fin de semana en Castellón; 15 millones (sí, sí, quince millones de euros) en unas torres del arquitecto Calatrava que al final, según parece, no se van a construir. Han comprado, por un precio simbólico, la empresa Valmor Sports, que al parecer se encarga de la organización de la Fórmula 1, pero se hace cargo de 30 millones de deuda.
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