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E quejaba no hace muchas semanas el señor ministro de Educación de que ninguna de las universidades públicas españolas ocupa un puesto superior al doscientos en uno de esos rankings que periódicamente hacen no sé qué organizaciones. Digo no sé qué no porque ignore sus nombres, sino por desconocer quiénes están realmente detrás y cuáles son sus intenciones. Bien está que se queje el ministro si es para mejorar, pero no debía sorprenderse porque siempre ha sido así. Ni en sus tiempos dorados, por ejemplo, pudo Salamanca competir con sus supuestas hermanas de Oxford, Paris, Bolonia. Al ilustre gramático Antonio de Nebrija le negaron los estudiantes la cátedra con sus votos, fray Luis de León acabó en la cárcel inquisitorial.
Anda ahora metida la universidad pública española en una reforma más, digo una más porque se ha pasado la historia reformándose sin lograr hacerlo, aquejada del mismo mal que Larra , hace casi doscientos años, diagnosticaba para todo el país: hacer y deshacer para seguir lo mismo, cambiar de planes cada año para no cambiar nada. Se hallan aplicando el plan Bolonia, en consonancia con el resto de universidades del espacio educativo europeo. No sé la razón del nombre, pero por lo que me consta, el tal plan no es otra cosa que un intento de adaptación del sistema español al de Estados Unidos: en el plano administrativo, créditos, cuatro años de grado [bachelors’degree], master, doctorado; en el plano académico dar atención especial al estudiante, antes pasivo objeto del rollo profesoral. El estudiante pasa a ser sujeto activo, partícipe y no oyente, con el que se ha de mantener permanente contacto en prácticas, evaluaciones periódicas, control académico, dentro de clases pequeñas y manejables.
El aspecto organizativo ha sido más o menos fácil de implementar; el segundo y principal ha resultado un engaño propio de la picaresca nacional. La reforma, -ha decretado quien manda,- debe hacerse sin costo extra. Ahora bien, el cambio docente que se pide conlleva en Estados Unidos que cada clase tenga un profesor, un ayudante, un tutor, cada uno con su función: enseñar, corregir ejercicios, ayudar a los que lo necesitan, dar apoyo. En España se pretende que un solo profesor se encargue de todas las tareas. Quizá eso sea posible, siempre lo fue de hecho, en clases de pocos estudiantes; pero, ¿cómo se ha de implementar en clases de cuarenta, sesenta, cien o más estudiantes? Ni trampeando. Hace falta dinero para crear toda la infraestructura requerida.
A los administradores les preocupa únicamente que funcionen los cursos de la especialidad, que haya master y doctorados aunque tengan un solo estudiante contraviniendo reglamentaciones que requieren diez. Esos son, por supuesto, los cursos asignados de por vida a los catedráticos o a los miembros del clan dominante. Cierran, en cambio, los ojos, al triste espectáculo de cursos de primero o segundo año, superpoblados, con cien o más estudiantes, en los que pierden su vocación y su paciencia los profesores más jóvenes, los “esclavos,” los que no tienen padrino.
Esta discriminación sería incomprensible en una universidad americana. En primer lugar porque todo estudiante es considerado igualmente valioso y se cree necesario cultivar a los bisoños para que se identifiquen con su alma mater y sigan. Y segundo, porque en los departamentos o unidades docentes predomina una mentalidad democrática. Su estructura de rangos de profesorado no impide el reparto equitativo de cursos y cargas. Un catedrático debe dar primer año como un asistente. Un asociado puede proponer nuevos cursos como un catedrático. No voy a pretender que todo sea perfecto. Donde hay hombres y mujeres hay miserias, celos, zancadillas; pero se persigue con mecanismos adecuados lo que tanto abunda en España, es excepción allí lo que aquí es norma: el nepotismo, el mobbing, los privilegios de casta y antigüedad, el clanismo [neologismo necesario derivado de clan].
Por aquellas tierras, y también por otras de esta misma Europa, de las funciones de una universidad, la enseñanza se lleva la primacía. A mejor enseñanza, mejor universidad. Hasta en los rankings es la enseñanza un factor primordial de calificación. Eso obliga a una selección cuidadosa y abierta del profesorado, incluso entre las grandes instituciones a invertir mucho dinero para contratar a los más famosos docentes. Hay premios para los que destacan: en ninguna falta la elección anual de “mejor profesor del año” entre los estudiantes. Se respeta y se incentiva la movilidad de modo que se pueda pasar de una universidad a otra sin problema alguno o se fomenten intercambios por períodos variables de tiempo. La libertad del docente para elegir o crear cursos dentro de la necesidades departamentales es completa, con lo que se evita el fatal anquilosamiento en que vive la universidad pública española. Se ponen a su disposición todos los medios, biblioteca, laboratorios, ordenadores y, por supuesto, ayudas económicas para compras imprescindibles o asistencias a congresos, seminarios, conferencias.
Lo que, en contraste, no llega a entenderse muy bien son ciertas cosas del sistema del profesorado universitario español, que sin duda son responsables de sus problemas. Por ejemplo, uno creía que para ser profesor universitario y ejercer como tal bastaba haber obtenido un título de doctor, haber enseñado como ayudante, investigar, publicar. Y ganar, naturalmente, una plaza por uno de los sistemas usuales, concurso de méritos, oposición, invitación institucional a través de un decano o un jefe de departamento. No en España. Desde hace unos años, exactamente desde el 2002, uno tiene que ser acreditado además por ANECA, una superagencia que controla la calidad y la suficiencia de sus méritos. Su mera existencia supone la descalificación de las organizaciones que le han formado a uno como profesor, o la sospecha de que los aspirantes mienten o engañan sobre su currículo. Tal agencia, algo exclusivamente español, añade burocracia inútil e inquisitorial sin resolver nada.
En efecto, ANECA no ha logrado evitar ninguno de los males inveterados de la universidad pública española, poniéndola en el camino de la apertura y la transparencia. Las universidades siguen siendo más coto cerrado que nunca. Pasar de una a otra es empresa imposible, mucho mas si se trata de cambiar de autonomía. Cualquier movimiento se interpreta como un desafío. Los departamentos determinan a quién se va a contratar de acuerdo con las preferencias e intereses del clan dominante. Una coraza burocrática impenetrable que fomenta el enchufismo y el provincialismo atenaza a la universidad pública española, matando la libertad, la apertura, la competencia a nivel universal.
Para colmo de males flota en el aire más reciente una propuesta, no sé si también de ANECA, para separar el profesorado universitario español en dos categorías: investigadores y docentes. Las ilustres mentes que hayan pensado tal disparate no deben de haber practicado ni la investigación ni la docencia. Porque, a nivel universitario, son inseparables. A nivel superior, no puede concebirse una enseñanza de calidad si no va acompañada de una investigación seria. Enseñar no es repetir los manuales, soltar el rollo y hacer exámenes tediosos y memorísticos. Enseñar es explorar con el estudiante el estado de la cuestión, compartir críticamente una bibliografía rigurosa, presentar lo que el propio profesor ha averiguado al respecto, llevar a cabo conjuntamente un principio de investigación. Ello no conlleva necesariamente publicar, si bien las mejores publicaciones suelen provenir de lo que se enseña. En el pasado la conjunción de profesor e investigador resultó en magníficos frutos. Recuérdese a Ramón Menéndez Pidal, eximio investigador, insigne profesor, creador de escuela, mentor de extraordinarios alumnos.
La separación propuesta condenaría al calificado de docente a enseñar horas excesivas sin tiempo de prepar
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