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| Firmas Invitadas - Edición Nº 66 Semana del 06/06/2003 |
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| Peligrosa era la Argentina | |||
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I tuvieron que pasar 27 años para que Horacio Pietragalla Corti recobrara su identidad, su familia y su historia, además de haber obtenido el derecho inclaudicable de saber quienes fueron sus padres, es una señal determinante de que nuestra democracia, nuestra legalidad, nuestra justicia y nuestros políticos han estado demasiado alejados de todos nosotros. O sea, de los ciudadanos comunes no de esos otros que tienen las “tarjetas” que el poder otorga desde hace veinte años a cualquier descerebrado, desmemoriado y desalmado con la única finalidad de hacer daño y ayudar a que nuestro país vaya camino a dejar de ser una República libre, justa y soberana donde los Derechos Humanos puedan ser respetados y cumplidos.
La lucha y el tesón de las Abuelas de Plaza de Mayo una vez más, como en anteriores 74 casos nos han dado el ejemplo que hay una parte importantísima de nuestra historia que está empañada por la negrura de nuestras instituciones que la misma democracia establece para regir el destino de la patria. El padre de Horacio, Horacio Pietragalla era militante montonero que en 1975 perdió la vida a manos de la organización peronista Triple A (Alianza Anticomunista Argentina) autorizada por Juan Domingo Perón y organizada por José López Rega quien fuera su secretario privado en España durante su exilio, también en Argentina a su regreso y luego ministro de Bienestar Social. La madre de Horacio, Liliana Corti también montonera y que perdiera la vida en Vicente López -a muy pocas cuadras de donde vivía el autor de esta columna- el 5 de agosto de 1976 cuando su hijo tenía menos de cinco meses de vida. Prácticamente el tiempo transcurrido desde la toma del poder por el autodenominado Proceso de Reorganización Nacional, la más miserable de las dictaduras genocidas militares de que tengamos memoria. Ambos, desde algún lugar estarán rindiendo su homenaje a la memoria, la justicia y la militancia de los Organismos de Derechos Humanos que jamás se dieron ni se darán por vencidos. Una vez más, como en tantos otros pasajes de nuestra historia, un gobierno constitucional y un gobierno de facto han sido las manos ejecutoras de la mentira, los contubernios, la barbarie y los crímenes de lesa humanidad. Han quebrado los anhelos de toda una generación que con su militancia y desprendimiento nos señalaban que un camino de terror y avasallamiento de nuestras libertades y vidas estaba en juego, para que la fiesta capitalista seguida de liberalismo, neoliberalismo y globalización signaran nuestro futuro. Pretender simplificar que únicamente los miembros del Ejército, Armada y Aeronáutica Nacional fueron los únicos responsables sería un terrible error, ya que sería desconocer el comportamiento cobarde y cómplice asumido por los medios de comunicación, iglesia, fuerzas de seguridad, sindicatos, partidos políticos, banca y empresariado. Aunque desde lo más profundo de nuestras conciencias sabemos que han sido sus manos ensangrentadas las ejecutoras durante muchos años de muerte, desaparición, exilio y miedo, que en lo más mínimo reduce la responsabilidad institucional de los posteriores gobiernos que hemos elegido los argentinos. La democracia dio el puntapié inicial para bloquear los procesos judiciales que se venían produciendo para conocer la verdad y aplicar la justicia, de no haber sido así demasiados sufrimientos de miles y miles se podrían haber evitado, aunque jamás reparado el daño realizado. Luego los mismos militares genocidas, que ya no podían torturar y desaparecer, decidieron “pintarse la cara” y tomar las armas de la Nación para lograr detener lo que una sociedad entera reclamaba: “Verdad y Justicia. Castigo a todos los Culpables”. La impronta del gobierno radical de Raúl Ricardo Alfonsín la podemos sintetizar en estos hechos y fechas: 13/12/83 Dec. 157/83 - Ordena juzgar a las cúpulas de las Organizaciones Guerrilleras. 13/12/83 Dec. 158/83 - Ordena el procesamiento a las Juntas Militares ante el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas. 15/12/83 Dec. 187/83 - Crea la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (CONADEP). 22/12/83 Ley 23.040 - Anula la Ley de facto de Autoamnistía 22.924. 09/02/84 Ley 23.049 - Impone el fuero militar excluyendo a los jueces naturales de la Constitución Nacional. 20/09/84 Informe de la CONADEP - 8.960 casos de desapariciones, la existencia de 340 centros clandestinos de detención, y el nombre de unos 1.500 militares y policías involucrados en el genocidio. 25/09/84 Informe del Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas - “... resulta de los estudios realizados hasta el presente, los decretos, directivas, órdenes de operaciones, etcétera, que concretaron el accionar militar contra la subversión terrorista son, en cuanto a contenido y forma, inobjetables...” 23/12/86 Ley 23.492 - Punto Final (1º Ley del Olvido). 05/06/87 Ley 23.521 - Obediencia Debida (2ª Ley del Olvido). La que le correspondió al gobierno justicialista de Carlos Saúl Menem fue: 07/10/90 Dec. 1002/1003/1004/1005 - Indultos. 30/12/90 Dec. 2741/2742/2743/2744/2745/2746 - Indultos. 27/11/91 Ley 23.043 - Indemnización a ex-presos políticos. 11/05/94 Ley 24.321 - Ausencia por desaparición forzada. 07/12/94 Ley 24.411 - Beneficio a los causahabientes de desaparecidos. El transitorio presidente Eduardo Alberto Duhalde continuaría reafirmando el olvido y el perdón: 22/05/03 Dec. 1228 - Indultos “Con tristeza, con dolor hemos cumplido la misión que nos encomendó en su momento el Presidente Constitucional de la República” fueron algunas de las frases que prologaron el Informe de la CONADEP en su testimonial “NUNCA MÁS”. La tarea desarrollada por esta comisión y los juicios a las Juntas Militares llevadas adelante por el fiscal Julio César Strassera con la sentencia que llevaría a la cárcel a solamente algunos de los ejecutores de la muerte, terminarían con las “felices pascuas”, las falsas promesas que “la casa estaba en orden” y el adjetivado de “héroes de Malvinas” mientras una Plaza de Mayo -y muchas otras del país- reclamaban terminar definitivamente con cualquier intento de golpe. No se actuó así y ello posibilitó nuevos intentos armados inconstituciones e ilegales en el futuro. El olvido y el perdón, junto con la paralización de todos los juicios cubrieron con un sucio manto una parte significativa de nuestra historia, la que desgraciadamente no solamente tenía como víctimas a los protagonistas sino a sus hijas e hijos, familiares y amigos. Esos hijos, que como Horacio, terminaron en las manos de represores de tamaña calaña como Hernán Tetzlaff (el gordo José), que los convirtieron en trofeos de una guerra por demás de sucia y perversa. Horacio había nacido el 11 de marzo de 1976 y para confirmar que la Verdad y la Justicia nunca darán respiro hasta conocer absolutamente todo, el 11 de marzo del 2003 -veintisiete años después- se enteró de que era hijo de ciudadanos desaparecidos. Los militares sin ninguna duda, y los políticos convertidos en esa triste continuación del silencio y la mentira han quebrado el corazón de miles de familias sin haber realizado la menor autocrítica. Son cientos los casos de las hijas e hijos nacidos en cautiverio o bien robados de sus hogares que siguen sin conocer su verdadera identidad. Sin embargo, los hijos de ellos son alumnos y cadetes en escuelas y liceos militares, diputados provinciales, corredores de autos, estudiantes en el exterior, empresarios, dueños de fastuosas propiedades, amantes de artistas internacionales, funcionarios, etc. Esa es la igualdad de oportunidades pregonada en sus vacíos e hipócritas discursos. Solamente recordar que conocen la existencia del documento emitido por el ministerio del Interior de la dictadura militar en abril de 1977 denominado “Instrucciones sobre procedimientos a seguir con menores de edad hijos de dirigentes políticos o gremiales cuando sus progenitores se encuentren detenidos o desaparecidos” los convierten sin dudas |
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