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| Firmas Invitadas - Edición Nº 67 Semana del 13/06/2003 |
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| Justicia, juicio político o plebiscito y después... | |||
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L presidente de la Nación Néstor Carlos Kirchner nos ha propuesto el pasado 4 de junio utilizando la cadena nacional que asumamos la ”responsabilidad del conjunto” y nos invito a “construir como pueblo el ejercicio de nuestra soberanía” con “prácticas colectivas de cooperación que nos permitan avanzar hacia lo nuevo” y realizar “un cambio cultural y moral profundo” que permita “incrementar la calidad institucional”. El sueño colectivo de cambio institucional profundo” se logrará para el presidente con la “ayuda del conjunto”.
ESPERANZAS Y ANHELOS INDUDABLEMENTE que tomamos sus palabras y sus dichos a los cuales les daremos crédito a que ellas nacen de un verdadero espíritu democrático y participativo, que esperamos no tener que horrorizarnos si esta actitud se desvanece como en otros reiterados períodos o ciclos históricos de nuestra República. Es por eso que valoramos profundamente sus palabras en el marco de las declaraciones públicas del juez supremo Julio Nazareno. Hasta acá todo esta claro, no decimos bien o perfecto porque así lo estará cuando las soluciones se lleven a la realidad y dejen de ser retóricas políticas del momento. LOS LEGISLADORES ENJUICIADORES PENSAR que los actuales legisladores, salvo honrosas excepciones, podrían estar a la altura de las necesidades populares es un pensamiento vacío de contenido y repleto de historias trasnochadas dirigidas solamente a cumplir formalidades y necesidades bipartidistas para mantener el statu quo. Estos legisladores ya han demostrado ser incapaces de llevar adelante el juicio político a los miembros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) y son los mismos que en los últimos meses del año 2002 recibían, y cumplían, la orden del por entonces transitorio presidente Eduardo Alberto Duhalde para desestimar la votación de las acusaciones de la Comisión de Juicio Político. De las palabras del diputado nacional Humberto Roggero comprenderemos quienes son: “Nosotros enfrentamos los problemas y estamos dispuestos a pagar los precios políticos que correspondan”. También son los mismos supuestos representantes del pueblo que votaron a favor eliminar la ley de subversión económica y entregaron supremos poderes especiales a Domingo Felipe Cavallo. Los actuales legisladores no han tenido la valentía, desde ya tampoco la capacidad, de desprenderse de las lacras antidemocráticas sentadas en las bancas y que han vitoreado hacia los cuatro puntos cardinales las improntas gubernamentales sin ningún pudor y con demasiado cinismo. Ellos saben muy bien que no tienen el menor reconocimiento ni respeto popular, son insultados y deben trabajar y sesionar enrejados y protegidos por uniformados. En el año 2002 la Cámara de Diputados de 57 sesiones previstas no se realizaron 26, 20 fueron ordinarias, 6 especiales, 2 extraordinarias, 2 como Asamblea Legislativa y una preparatoria. Si queremos abundar en datos de las 26 que no se realizaron 11 fueron por falta de quórum. Los Senadores, un poco menos desprolijos, no sesionaron en 11 oportunidades de las 55 previstas. Durante el año 2002 se terminó de derrumbar el tan mentado modelo neoliberal dejando en su caída a millones en la pobreza y la indigencia que se fue agravando con el aumento del desempleo y la caída al vacío de la economía nacional. JUICIO POLÍTICO O PLEBISCITO DEJAR el Juicio Político a los “supremos” en manos de los legisladores es un verdadero error que encuentra sus fundamentos en su propia historia. Los diputados conforme al art. 53 de la Constitución Nacional (CN) deben ser los acusadores en las causas de responsabilidad de los miembros de la CSJN para que conforme al art. 59 de la CN sean los senadores los que tengan la responsabilidad de juzgarlos. El art. 40, también de la siempre olvidada CN establece “El Congreso, a iniciativa de la Cámara de Diputados, podrá someter a consulta popular un proyecto de ley. La ley de convocatoria no podrá ser vetada. El voto afirmativo del proyecto por el pueblo de la Nación lo convertirá en ley y su promulgación será automática. El Congreso o el presidente de la Nación, dentro de sus respectivas competencias, podrán convocar a consulta popular no vinculante. En este caso el voto no será obligatorio. El Congreso, con el voto de la mayoría absoluta de la totalidad de los miembros de cada Cámara, reglamentará las materias, procedimientos y oportunidad de la consulta popular”, es lo que llamamos plebiscito y que tiene sus orígenes en las propuestas que hacían los tribunos romanos para que la plebe, los sin privilegios, pudiera ejercer sus leyes por sobre las clases superiores de la República. La orden popular de terminar de una vez con todos los jueces de la CSJN daría por terminado un tema demasiado escabroso y lleno de acuerdos de trastienda que ha transformado el tema en un verdadero culebrón. NO DEBEMOS OLVIDAR LAS CORTES PROVINCIALES SABEMOS que no es solamente el alto tribunal nacional el que no nos merece confianza, pues tampoco nos garantizan justicia -que es lo mismo que decir que administran la injusticia- cada uno de los máximos tribunales provinciales que toman diferentes nombres según cada jurisdicción pero que tienen la misma responsabilidad. En todos ellos de diferentes modalidades para llegar al mismo fin la mano del poder ejecutivo provincial ha hecho de las suyas en las diferentes administraciones para que a través de sus fallos nos demuestren que también son adictas al poder de turno. Sería muy largo de señalar como se han modificado las constituciones provinciales para aumentar los miembros de las cortes y tribunales superiores dejándonos a todos presos de los designios y ordenes de los gobernadores. Por esto entendemos como imprescindible llegar a la consulta popular sobre todos los tribunales supremos sin excepciones, ya que sería la única forma de comenzar de nuevo y poder soñar con una justicia verdadera, justa e independiente del poder político de turno. LOS FUTUROS SUPREMOS SI bien le corresponde al presidente de la Nación nombrar a los futuros magistrados deberemos estar muy atentos del acuerdo que presten los senadores a los mismos en oportunidad de hacerlo por los dos tercios de los miembros presentes que establece la CN. Nuevamente si buscamos en los antecedentes han sido siempre los justicialistas los que han buscado sus cortes domesticadas comenzando por los juicios políticos de Juan Domingo Perón, las jubilaciones impuestas por Isabel Martínez, siguiendo con el aumento de los miembros de la CSJN de Carlos Saúl Menem y terminando con el último nombramiento del político y senador Juan Carlos Maqueda realizado por Eduardo Alberto Duhalde. Los otros cambios realizados fueron producto de sacar a los jueces colocados por las diferentes dictaduras desde 1955 hasta 1983 y los manejos realizados por los gobiernos constitucionales para aumentar los jueces supremos de 5 a 7 miembros y que fueron posteriormente anulados. Debemos en consecuencia exigir la mayor de las transparencias en las nuevas designaciones que deberían recaer inexorablemente sobre personas probas, capaces, catedráticos, intachables y sin ninguna participación política partidaria en su historial, ya que de lo contrario sería involucrarnos una vez más en una estafa a la ciudadanía. MEMORIA Y REALIDAD TENEMOS un gran desafío por delante. Será una vez más nuestra más activa participación la que no permita ningún nuevo abuso del Poder, ese que tanto saben utilizar nuestros políticos en nombre del bienestar general y que termina siempre en las historias de traiciones que todos conocemos. No tenemos motivos, más allá que el de conocer como se ha comportado Kirchner en Santa Cruz con respecto a los nombramientos y aumento del número de miembros en el Tribunal Superior de Justicia, para suponer que esta vez suceda otra vez lo mismo porque seguramente la sociedad no lo permitirá alegremente. Si nos inv |
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