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Época II - Año XIV Edición Nº 4189
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 sábado, 01 de noviembre de 2014 ESPAÑA
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Cartas al Director
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Hugo Alberto de Pedro (Buenos Aires)
U NA bomba de humo maloliente copó el escenario de la información nacional entre dos fechas particulares y muy especiales de la vida argentina, la del 10 de diciembre y la del 20 de diciembre. La primera marca los veinte años de una ininterrumpida democracia representativa en los cuales ocho años gobernó el radicalismo y los restantes doce el peronismo, la segunda señala la pueblada que hizo volar por los aires al gobierno de la Alianza con el presidente huyendo dentro de un helicóptero mientras decenas de personas eran asesinadas en las calles de la República.

Un radical arrepentido, quebrado, necesitado, apretado y/o corrupto llamado Mario Pontaquarto, con vasta experiencia en el Congreso Nacional y que fuera secretario parlamentario del Senado en el año 2000, ha sido llevado de la mano por Aníbal Ibarra -jefe de gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires- y por Alberto Fernández -jefe del gabinete de ministros de la Nación- para que recobrara la memoria de forma muy sospechosa y relatara primero al periodismo y posteriormente a la Justicia Federal parte de uno de los hechos de corrupción que hace poco más de tres años y medio se produjeron en el Senado de la Nación en oportunidad de votar la Ley de Reforma Laboral el 26 de abril del año 2000.

Estos dos funcionarios, además de ser abogados, deberían haber realizado la denuncia penal ni bien tomaron conocimiento del tema en lugar de hacer reuniones a puertas cerradas, en esas que todos sabemos que siempre se tratan los “asuntos de Estado.

Pontaquarto es un cínico y mentiroso que si la justicia actuaría como corresponde debería haber quedado detenido y no como se pretende ahora presentarlo como un arrepentido al cual hay que encima garantizarle su seguridad y la de su familia. Porque su accionar corrupto ha contribuido a que millones padezcan zozobras a límites inmorales e inhumanos.

LA CONSTITUCIÓN NACIONAL

AL Senado pueden llegar aquellos que tengan más de treinta años, posean seis años de ciudadanía y sean naturales de la provincia que los elija o por lo menos dos años de residencia en ella. Una vez que llegan se quedan durante seis años y pueden ser reelegidos indefinidamente en elecciones que cada dos años permiten que una tercera parte de ellos sean renovados. No pueden recibir empleo o comisión del Poder Ejecutivo excepto los empleos a escala y sus remuneraciones están a cargo del Tesoro de la Nación. Los senadores deben jurar que desempeñarán debidamente su cargo y que obrarán de conformidad a la Constitución Nacional. Son los que deliberan en representación del pueblo.

Para ser presidente y vicepresidente es necesario ser hijo de un ciudadano nativo o haber nacido en el territorio argentino, además de las “calidades” establecidas para poder ser senador. No podrán ejercer otro empleo ni recibir ningún otro emolumento de la Nación mientras duren sus cuatro años de mandato en cuyo transcurso la remuneración la paga el Tesoro. Deberán jurar que desempeñará con lealtad y patriotismo el cargo y que harán observar y observarán fielmente la Constitución. Podrán ser reelectos por otro período para seguir gobernando en nombre del pueblo.

La condición de idoneidad es la única que establece nuestra carta magna para ser admitido en los empleos ya que todos los habitantes “son iguales” ante la ley. Le deja reservado a Dios, ya que corresponde al Gobierno federal sostener el culto católico apostólico romano, aquellas acciones privadas que no ofendan al orden y a la moral pública, como tampoco perjudiquen a terceros. Si alguien incurriere en grave delito doloso contra el Estado que conlleve a su enriquecimiento se considerará que es un atentado contra el sistema democrático y debería quedar inhabilitado por un tiempo para ocupar cargos o empleos públicos.

No hace falta ahondar más para darnos cuenta de la mentira institucional en la que vivimos en la República Argentina.

COIMAS Y SOBORNOS O ACUERDOS POLÍTICOS

DE confirmarse en sede judicial los dichos del corrupto Mario Pontaquarto un atorrante inescrupuloso como lo son los senadores involucrados, el presidente y vicepresidente de entonces, sabremos el destino que han tenido por lo menos 6.000.000 millones de dólares provenientes de las arcas del Tesoro de la Nación, cifra ésta que hoy representa tres veces el Fondo de Asistencia a Empresas Recuperadas establecido por el Gobierno Nacional para atender las necesidades de unas 170 unidades económicas que han permitido recuperar más de 10.000 puestos de trabajo. Otra comparación que demuestra una vez más que hacen los políticos argentinos dentro y fuera de la Confederación Argentina es mencionar que esa suma representan hoy 120.000 subsidios a los desocupados o bien 80.000 jubilaciones mínimas.

Las coimas y sobornos existieron y ahora deberá ser determinado por la justicia argentina, ese enmadejamiento de jueces que actúan como legos al servicio de la politiquería. Son los mismos magistrados que desde que se efectuó la denuncia no han logrado esclarecer este mismo tema. No han querido hacerlo sin dudas.

Después de 38 meses desde que Carlos “Chacho” Álvarez renunció a la vicepresidencia, supuestamente por la corrupción reinante dentro del Senado de la Nación, y el comienzo de un proceso de investigación judicial que tiene 48 cuerpos, no hay ningún procesado, ningún preso y ninguna verdad esclarecida.

Ahora el ex funcionario arrepentido (¿?) entregará a cuenta gotas toda la información, papeles, itinerarios y demás datos que tiene y conoce, al ser parte indispensable para que se haya desarrollado el delito.

Debe conocerse la verdad y aplicarse la justicia con el mayor rigor, pero debemos advertir que este tema no debe convertirse en el montaje de un espectáculo de dimes y diretes a los que la partidocracia nos tiene acostumbrados, y que luego de ocupar varios días la atención, la distracción fundamental y principalmente, nada pasa.

El pueblo intuye que no ha sido la única vez que esto ha sucedido. El pueblo sabe que así funciona desgraciadamente la democracia representativa. El pueblo no se equivoca.

LEY DE REFORMA LABORAL

LA perversidad de este hecho tiene origen en la no menos grave perversa sanción de la ley de “flexibilización laboral” que permitió aumentar la precariedad del trabajo, su deterioro a extremos insoportables y atentó de forma indisimulable contra la seguridad del empleo. Por ella se elevaba el período de prueba en el cual los trabajadores no gozaban de indemnización ni preaviso ante el despido; alteración fuera de los parámetros legales de las horas extraordinarias, las vacaciones y la jornada laboral; posibilidad de rebajar los sueldos en caso de que no se negocien nuevos convenios colectivos; permitir la violación de las categorías con la polifuncionalidad del trabajador; violentar la representación gremial sindical a través de acuerdos con las comisiones internas; rebajar los aportes patronales; dejar sin piso a las nuevas negociaciones de salarios; etcétera.

En las calles la sanción de la flexibilización fue reforzada con la represión a los trabajadores que se movilizaban contra ella y la intención de las autoridades nacionales de hacer otro ejercicio de genuflexión ante las corporaciones empresarias y los Organismos Internacionales de Crédito. Como siempre sucede.

Desde el Poder Ejecutivo estas medidas fueron alentadas por el presidente Fernando de la Rúa, el vicepresidente Carlos Álvarez, el ministro de Trabajo Alberto Flamarique, el ministro de Economía José Luís Machinea y el ministro del Interior Federico Storani. Debe recordarse que había sido el vicepresidente quien apretaba a los legisladores del FREPASO para que votara la ley que violentaba al corazón de las promesas electorales por las cuales la Alianza se había hecho del poder. Y ahora tiene la desfachatez de presentarse como un cruzado en la defensa de los más elevados intereses de la Nación. Causa repugnancia.

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